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La investigación que reveló detalles sobre el funcionamiento de una “bodeguita” uribista, integrada por personas afines al expresidente Álvaro Uribe, y que era liderada por funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, generó diferentes opiniones y cuestionamientos sobre este tipo de prácticas en el país. Abrió, además, el interrogante en torno a cuáles responsabilidades podrían recaer sobre los participantes.
(Conozca toda la investigación: En las entrañas de una ‘bodeguita’ uribista)
En principio, algunos expertos consultados para el artículo señalaron que las incógnitas se centran en la esfera ética. Sin embargo, como lo señaló Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, más allá de que personas de cierta tendencia política se reúnan en un escenario virtual para promover temas o contenidos de su interés, el problema radica en la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional.
“Que estén miembros del propio Gobierno para mí es el gran problema de ese chat. La actuación de candidatos o asesores de senadores está mal porque no es un juego limpio (…) El problema está en esos funcionarios de gobierno, en la diplomática (Bustamante), que tiene una naturaleza y una obligación diferente porque se parte del principio de que se gobierna para todos. Lo que se muestra es que hubo un apoyo a una orquestación y eso es gravísimo en términos democráticos”, manifiesta Botero. Ese detalle es clave: por ser funcionarios públicos la inquietud principal sobre su participación en el grupo de Whatsapp es si incurrieron o no en faltas disciplinarias.
(Lea: Duque, ¿un gobierno de eufemismos?)
Para José Luis Peñarredonda, investigador digital citado en la investigación, el caso de la “bodeguita” uribista no es un asunto menor, justamente porque considera que los empleados del Estado implicados en ella merecen una amonestación. Su argumento: “Un funcionario del Gobierno es un funcionario de todos los colombianos y el hecho de que no solamente está haciendo cosas que desnivelan, que manipulan a las audiencias de cierta manera, sino que también estén haciendo ataques tan directos y tan frontales a personas específicas de la oposición, me parece éticamente muy reprochable, me parece que debería tener consecuencias disciplinarias”.
¿Por qué se les podría cuestionar legalmente sus actitudes y actuaciones relacionadas a ese chat privado? Sergio Lizarazo, abogado y docente universitario, explica que primero se debe establecer qué personas hacían parte del Ejecutivo en el momento en que intervinieron en el grupo virtual. Luego, la Procuraduría o algún ente interno de control debe determinar bajo qué condiciones participaron. “Si fue a título personal, por fuera del marco de sus funciones, la conducta sería reprochable moralmente, pero no tendría una consecuencia disciplinaria ”, analiza Lizarazo y dice que, de comprobarse que interactuaron en el marco de sus funciones, sí habría un efecto negativo en el aspecto laboral.
Las pruebas destapadas por La Liga Contra el Silencio son bastante claras. Según esa investigación, el grupo de Whatsapp nombrado finalmente “Influenciadores” fue creado el 7 de septiembre de 2019, contó con 88 integrantes y fue cerrado el 18 de ese mismo mes.
Claudia Bustamante abrió el grupo, dio la bienvenida a los adeptos del uribismo y coordinó cómo sería la dinámica y quienes estarían encargados de dar línea sobre la estrategia que desde la aplicación móvil diseñaron para utilizar las redes sociales y las tendencias para irse en contra de medios de comunicación, periodistas y adversarios ideológicos. En ese preciso momento Bustamente ejercía como cónsul de Colombia en Orlando, Estados Unidos. A la fecha continúa en ese cargo.
Además de ser la principal administradora, Bustamante comunicó que Víctor Muñoz tendría en el chat el rol de segundo administrador y fue, según La Liga Contra el Silencio, el cerebro de las estrategias para sacar adelante el plan virtual uribista. Ordenó cómo promover la conversación sobre los temas que le interesaban al grupo y sugirió diferentes hashtags para lograrlo.
En ese preciso instante Muñoz fungía como consejero presidencial para la Innovación y Transformación Digital. Y cuatro meses después de salir del cargo, retornó al Gobierno donde es actualmente consejero para Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Juan Pablo Bieri fue otro de los participantes del grupo y a quien Bustamante designó como “moderador”: “Será el puente entre nosotros y quienes nos van a aportar la información requerida”, escribió la consul. Bieri es una figura polémica que ha estado en el foco de la opinión pública por censurar el programa Los Puros Criollos y por volver al Gobierno con millonarios contratos para asesorar a la Presidencia en temas de comunicaciones.
Sin embargo, a diferencia de Bustamante y Muñoz, Bieri en ese entonces no trabajaba para el Estado. Salió de la gerencia de RTVC a finales de enero, por los audios en los que quedaba en evidencia su decisión de censurar al programa Los Puros Criollos.
(Para contexto: El caso Juan Pablo Bieri y la libertad de expresión)
Con eso claro, los dos funcionarios del Ejecutivo que podrían ser cuestionados por los entes de control por irregularidades disciplinarias son Víctor Muñoz y Claudia Bustamante. Según el docente Lizarazo, es muy temprano para predecir si se extralimitaron o no en sus funciones.
“No lo llamaría así aún porque hay que mirar todo el acervo probatorio. Diría que posiblemente incurrieron en una falta disciplinaria. Pero podría inferir que en ambos casos no se trata simplemente de una conducta indecorosa, sino que efectivamente eran funcionarios y participaron en el chat. Muñoz podía ser ministro de Agricultura, no necesariamente un cargo de conocimiento tecnológico, pero igual su conducta se podría enmarcar en la violación a una conducta del código disciplinario”, mencionó.
Así mismo lo hizo una jurista que pidió no ser nombrada, pero quien ha trabajado en varios procesos de ese corte. La fuente explicó que los funcionarios públicos son responsables por la violación de las leyes, pero también por no observar sus funciones. Y si bien tienen el derecho constitucional (como cualquier otro mortal) de la libertad de expresión, no pueden ampararse en él para promover una causa política. “Los funcionarios públicos no pueden promover una causa política. En estos casos lo que pasa es que entran en conflicto esos dos derechos. Pero es claro que aunque un funcionario público puede decir lo que quiera siempre y cuando no viole la ley, no puede salir a hacer política”, aseveró.
(Conozca también: Álvaro García: de consejero presidencial a gerente de RTVC)
Y la ley es aún más explícita, pues en las funciones de cónsul de Claudia Bustamante y en las de consejero presidencial de Víctor Muñoz no dice, por ejemplo, que deban hacer parte de ese tipo de colectivos con un muy visible tinte político: “Muy seguramente no está dentro de sus funciones promover campañas públicas contra nadie, sea un expresidente o cualquier otra persona. Su defensa podría decir que era un chat privado, que era su teléfono celular y que era una actividad entre amigos...pero efectivamente hay una extralimitación de sus funciones”, considera el jurista.
Para comprobarlo estaría, por ejemplo, la evidencia de que crearon y promovieron el hashtag #LosTestaferrosDeSantos, a propósito de una columna que en esos días sacó la periodista Vicky Dávila llamada “La grabación oculta”. En ella, Dávila expone unos audios que darían cuenta del presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial de 2014 de Juan Manuel Santos.
“Muñoz ordenó a los participantes del chat: “Sin crecer a Vicky. Pero sí debemos mover el tema de esta grabación. Sugerencias: #LosTestaferrosDeSantos #LaGrabación #SanMiguelYMoreno”. Veinte minutos después dio otra orden: “Nos vamos con #LosTestaferrosDeSantos”. Y envió una foto de la columna diciendo: “acá están los insumos”. Uno de los participantes respondió: “Compañeros, sigamos la recomendación de Víctor, vamos fuertes con #LosTestaferrosdeSantos”, se lee en el artículo de la Liga Contra el Silencio.
Tan solo con ese mensaje sustraído de las conversaciones del chat “Influenciadores” sería suficiente para que la Procuraduría entré a investigar si en efecto los dos funcionarios erraron en su actuar por impulsar causas políticas.
El código disciplinario, en su artículo 53, dice que es una falta relacionada con la libertad y otros derechos fundamentales “realizar, promover, o instigar a otro servidor público a ejecutar actos de hostigamiento, acoso o persecución contra otra persona en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología política o filosófica”.
De manera que crear y promover el hashtag #LosTestaferrosDeSantos ya incurriría en una falta a sus funciones. Pero eso es algo que debe definir un ente investigador de control, como también la sanción que pudiera corresponder a los hechos.