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Los roces entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación, que parecen haber llegado a su punto más álgido con la inspección judicial que realizó el ente acusador la semana pasada y en el que se pidió copia del caso 001 a la jurisdicción de paz, decisión que después fue revocada, fue una de las razones que conllevaron a que la Comisión de Paz del Senado de la República tomara la decisión de mediar entre las ambas instancias.
Una reunión ayer con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y otra este jueves con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, terminó con la convocatoria a una reunión a las 8 de la mañana del próximo miércoles en la que participarán, además del fiscal y la presidenta de la JEP, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el alto consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila; la ministra de Justicia, Gloria Borrero; y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón.
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El objetivo de este primer encuentro explicó el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz, es el de establecer una agenda de trabajo para acordar cuáles deben ser los ajustes en materia legal o constitucional que permitan evitar las fricciones entre la jurisdicción ordinaria y la justicia transicional.
De hecho, ya hay temas gruesos que han sido predefinidos para la discusión, como la exclusión de los terceros de la JEP, que podría implicar un desgaste para la Fiscalía, si se tiene en cuenta que las personas que sean juzgadas por la justicia ordinaria podrían acudir a la JEP cuando estén a punto de ser condenados, o el limbo jurídico en el que están los campesinos cocaleros, que no tiene claridad sobre su legalidad en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
“También se necesitan unos elementos que definan que hay una diferencia enorme entre el comportamiento eventualmente ilegal de los contratistas que Néstor Raúl Correa contrató antes, incluso, de que llegaran los magistrados”, explicó el senador Barreras, subrayando que no tienen nada que ver esas actuaciones con la autonomía y la jerarquía de la JEP.
“No puede mancharse la institucionalidad de la JEP por cuenta de la operación judicial sobre unos contratistas subalternos”, agregó. Para la definición de la agenda conjunta de trabajo en la mesa interinstitucional se requerirán, sin duda, varias sesiones y se espera que a través de ellas se puedan empezar a limar las asperezas que han sido evidentes entre la Fiscalía y la JEP hasta el momento.