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Por cuenta de la situación humanitaria y de orden público que azota al norte del Cauca, donde el pasado sábado fueron asesinados dos integrantes de la Guardia Indígena en una vía que une a los municipios de Toribío y Caloto, este miércoles 14 de agosto se tiene previsto que la Comisión de Paz del Congreso viaje hasta la región para escuchar a las comunidades y acordar soluciones.
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El encuentro, que arranca a las 10:00 de la mañana, se realizará en el municipio de Caloto y se prevé que haya un diálogo con las comunidades y autoridades indígenas para generar, entre otras, medidas concretas para proteger su vida,
Justo este martes, en desarrollo de una sesión de la Comisión, quedaron en evidencia las diferencias que hay entre los distintos congresistas sobre cómo abordar la situación, teniendo en cuenta la presencia constante de grupos guerrilleros y bandas criminales de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico que buscan controlar las rutas para sacar cocaína por el Pacífico.
En esa línea, algunos integrantes de la delegación hicieron un llamado a salir de los meros discursos y superar las diferencias ideológicas para poder ofrecerles soluciones a las comunidades indígenas, que han denunciado que, desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, han sido asesinados 159 indígenas; y desde el 1 de julio al 10 de agosto de este año han registrado seis asesinatos, 15 atentados y 30 amenazas.
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La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) anunció que no asistirá debido a que acudirá a las exequias del candidato a la Gobernación de Guainía Javier Zapata, quien fue hallado sin vida en las últimas horas, luego de que el domingo naufragó la embarcación en la que se movilizaba por el río Guaviare.
Sin embargo, la congresista defendió medidas como la erradicación forzosa de cultivos ilícitos e insistió en que las comunidades requieren mayor presencia de la Fuerza Pública, pese a la negativa de algunos sectores indígenas, que defienden su autonomía y soberanía territorial.
Previamente, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez –que acudió a la región ayer para atender la situación– alegó que, si bien el Estado ha orientado esfuerzos para brindar protección a las comunidades, la Guardia Indígena ha dificultado el actuar de la Fuerza Pública.
En el mismo sentido, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), reclamó que las autoridades indígenas restringen el control territorial a la Fuerza Pública, e incluso, declaró que “secuestran y golpean soldados”. Advirtió además que la situación se desprende también del acuerdo de paz.
Lo anterior, generó una discusión con el senador Iván Cepeda (Polo Democrático), quien no solo defendió la soberanía de las comunidades, sino que instó al Gobierno a concertar con los indígenas e implementar “de una manera adecuada, con generosidad y recursos, el acuerdo de paz”.
“Hay que concertar con las comunidades. La Constitución les otorga una autonomía y soberanía sobre sus territorios y hay que respetar ese principio y combinarlo con una presencia integral del Estado”, declaró.
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El congresista aseguró que la propuesta de mayor participación de la Fuerza Pública no puede ser la única fórmula de solución que ofrezca el Estado, por lo que apostó por organismos de justicia, educación y salud. “¿Solamente se tiene como fórmula el ingreso de la Fuerza Pública?, que además tiene gravísimos problemas de corrupción y escándalos que la ponen en tela de juicio”, remató.
Pese a las diferencias, lo ocurrido en Cauca deja en evidencia que se requieren medidas decididas para proteger a las comunidades indígenas y ofrecerles soluciones que permitan hacer frente a actores armados relacionados con el narcotráfico. El desafío no es de poca monta, de allí la importancia del diálogo y la concertación.