¿Cómo se calcula el incremento en el salario de los congresistas?

El porcentaje de reajuste es ordenado por el contralor y se establece haciendo un promedio del aumento de los salarios de todos los funcionarios del Gobierno. /Gustavo Torrijos - El Espectador

No cesa la controversia e indignación alrededor del incremento al salario de los congresistas, efectuado justo en medio de la celebración de la Navidad y correspondiente al 5,12 %. Es decir, un aumento de $1′676.000, por lo que los parlamentarios recibirán, a partir de 2021, un salario mensual de $34′417.339. Si bien ya son varios los políticos que se han pronunciando sobre la polémica –e, incluso, el Gobierno dio su explicación de la situación–, alrededor de la discusión hay una pregunta que salta a la vista y, aunque de entrada parece simple, es transversal para entender la controversia: ¿cómo se fija ese incremento?

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Un primer dato a tener en cuenta es que lo que devengarán los legisladores a partir del próximo año equivale a casi 39 salarios mínimos de este año ($877.803). Precisamente, para comprender el asunto hay que diferenciar cómo se fija el salario de los congresistas y servidores públicos, y el de los 6,2 millones de hogares que tienen ingresos de un salario mínimo legal o menos.

En efecto, el cálculo del salario mínimo en el país –una discusión que se realiza tradicionalmente al final de cada año–, lo fija, por ley, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, un organismo creado por la Constitución para fomentar las buenas relaciones entre trabajadores y empleadores. Allí tienen asiento el Gobierno Nacional, los empleados y los trabajadores.

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Tanto empleados como trabajadores llegan a este escenario con una propuesta de incremento, que depende, entre otras, de la inflación y la meta fijada por el Banco de la República para el siguiente año; el crecimiento de la economía del año y lo que se proyecta para el siguiente, y la productividad al crecimiento de la economía. Ambos deben llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre y, en caso de que no, interviene el Gobierno, que tiene hasta el 30 de diciembre para fijar el aumento con base en los parámetros mencionados.

Justo eso fue lo que ocurrió este año y será el Ejecutivo el llamado a definir el incremento, pues mientras los empresarios proponían un aumento de apenas 2,7 %, las centrales sindicales buscaban que la remuneración mínima mensual quedara en $1 millón (un aumento de casi 14 %). Así las cosas, ¿por qué el aumento de los congresistas sí fue de 5,12 %?

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Según la propia Constitución, para el caso de los legisladores la asignación salarial se calcula anualmente al hacer un promedio de los cambios en el último año que haya tenido la remuneración de los empleados públicos. Para ello, hay que tener en cuenta la Ley 4 de 1992, que es con la que el Gobierno fija el régimen salarial de dichos servidores públicos, así como de congresistas y miembros de la Fuerza Pública.

A diferencia de la negociación del salario mínimo, para la fijación del salario de los empleados públicos el Gobierno Nacional tiene en cuenta, entre otros, los derechos adquiridos de los trabajadores, su carrera administrativa, la modernización de la administración pública, la competitividad, la política macroeconómica y fiscal, el nivel de los cargos, y la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad.

En esa línea, en 2019 los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos adelantaron una negociación con el Ejecutivo para fijar el aumento salarial. Se acordó que el incremento se realizaría con base en la inflación de 2019, que se ubicó en 3,80 %, más 1,32 % (porcentaje que se calculó con base en los parámetros anteriormente mencionados), lo que arrojó el 5,12 %.

De este modo y como establece la ley, el Ejecutivo modificó el sistema salarial de los empleados. La norma indica que tiene plazo para establecer dicho reajuste dentro de los primeros 10 días de enero de cada año, sin que ello implique desmejorar sus salarios y prestaciones sociales. La ley establece además que, surtido este trámite, a mitad de año y haciendo un promedio de esa remuneración, el Gobierno fija el reajuste en el salario de los congresistas.

Dicho reajuste fue pospuesto este año por cuenta de la pandemia y hasta el 24 de diciembre el presidente Iván Duque realizó la modificación, lo que levantó ampolla en una porción de la opinión pública.

Ante la controversia, el Ministerio de Hacienda defendió que el incremento del salario mínimo para 2020 fue de 6 %, mientras que el de los parlamentarios y funcionarios públicos fue del 5,1%. “Este incremento debía hacerse antes de que el año se acabara, cumpliendo lo establecido en la Ley y en la Constitución Política”, explicó la entidad.

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A su turno, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Diego Molano, insistió en que el Gobierno incrementó 6 % el salario mínimo, mientras que a los servidores públicos se les incrementó 5,12 % en abril. “A los Congresistas no se les había incrementado. Cumpliendo la ley se aplicó incremento de 5,12 % para 2020”.

Frente a las negociaciones para establecer el salario mínimo de 2021, el funcionario señaló que “la definición del incremento para 2021 aún no se ha dado y buscará mantener el sano equilibrio entre capacidad adquisitiva de trabajadores y generación de empleo para la reactivación”.

Adicionalmente, Víctor Muñoz, consejero Económico y de Transformación Digital, recordó que el incremento del salario de los congresistas ha sido menor que el aumento del salario mínimo: “En el Gobierno anterior incrementaban a los congresistas por encima del salario mínimo”, reclamó.

Los propios congresistas también opinaron sobre su incremento. El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático, afirmó que los 51 parlamentarios que tiene su colectividad estudian si rechazar el incremento o donarlo.

“Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o de destinarlo a una tarea social. El partido insistirá en la disminución del número de congresistas y en la propuesta del salario mínimo”, aseguró.

A su turno, desde la oposición, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), alegó que es injusto el aumento de un 2,5 % al salario mínimo que se plantea para 2021, frente al aumento de casi 6 % para el salario de los congresistas. “Tenemos el deber de bajar el salario de los congresistas. La brecha desproporcionada e irreal con el colombiano de a pie, que trabaja duro, no puede mantenerse”.

Incluso, Humberto de la Calle, excandidato presidencial y exjefe negociador en los diálogos del Acuerdo de Paz de La Habana, manifestó que esa decisión debería reversarse. “Pueden acudir a todo tipo de tecnicismos, pero es inaceptable reajustar un 5% el ingreso de congresistas y solo el 2% el salario mínimo. Congreso debe renunciar al reajuste”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

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El político liberal llamó a los colombianos a realizar una acción popular en internet para generar presión sobre los parlamentarios para que estos se rehúsen a recibir el incremento salarial. “Hagamos gran movilización virtual para que Congreso renuncie al reajuste. Y que nuestros juristas inicien un proceso de devolución de los gastos de representación por ausencia de causa”, fue la invitación que le hizo a sus seguidores en la red social.