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Los medios regionales y nacionales han sido de los más afectados por la pandemia del COVID-19. Sus estados financieros han sido duramente golpeados debido a la reducción de la pauta publicitaria y otras razones relacionadas con la difícil situación económica que enfrenta todo el país. En este panorama, el senador Richard Aguilar y el representante César Lorduy radicaron un proyecto que busca sacar del aprieto a varias empresas periodísticas cuyos números están en rojo.
La iniciativa, conocida como “regulación para la estabilidad económica y la operación de los medios de la información en Colombia”, establece que es necesario reconocer a la información como un derecho fundamental y un bien esencial indispensable, por lo que se deben tomar medidas para garantizar el acceso a esta.
“Resulta indispensable conservar la actuación y operación de los medios de información del país, con el fin de garantizar la seriedad, veracidad e imparcialidad de la información y de este modo combatir las noticias falsas que frecuentemente circulan por los diferentes medios informales de difusión de información o por las redes sociales”, expresaron los proponentes del proyecto frente a la necesidad de este.
Bajo este objetivo, en la iniciativa se establece una serie de ayudas que buscan estabilizar a los medios entre 2021 y 2025. Aunque las ayudas irían para medios nacionales y regionales, se privilegiaría a estos últimos, “dado que son los que cubren sus plazas y suministran los servicios de información local en sus áreas de influencia”.
Entre las ayudas dispuestas por la iniciativa está dar ciertos estímulos para garantizar la contratación de periodistas entre el primero de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. Entre las ayudas pensadas está reducir durante tres años los aportes que paga la empresa al Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de compensación. En 2021 solo pagarían el 25% de los aportes normales, en 2022 sería el 50%, en 2023 sería el 75% y en 2024 se volvería al cobro regular.
También se plantea un “plan temporal de subvenciones” en los que, si durante el 2020 un medio nacional ha visto una perdida de sus ingresos por publicidad de más del 40% y un medio local del 20%, estos podrán aplicar a una ayuda de hasta el 20% del dinero no recibido. Asimismo, en este campo de la pauta, se pide que durante cuatro años no haya cobro de IVA sobre la pauta que vendan los medios de comunicación.
En una línea similar, se propone que, entre 2021 y 2025, las empresas puedan deducir de sus declaraciones de renta hasta un 75% de los gastos que inviertan en publicidad en medios impresos legalmente constituidos. También, de llegar a pasar este proyecto, podrán ser deducibles hasta en un 150% las donaciones que los contribuyentes hagan a medios de información.
Asimismo, el proyecto pretende otorgarles una exención de 20 años en la declaración de la renta a los medios, siempre y cuando sus excedentes sean reinvertidos en la empresa misma y no distribuidos entre sus accionistas. “En el caso de distribución de tales utilidades con anterioridad al vencimiento de tal término, en el año o años en que se lleve a cabo tal distribución total o parcial, la empresa de medios de información tendrá una renta líquida gravable por el valor de la distribución”, reza el articulado.
También se contemplan estímulos para que los públicos se suscriban a medios de comunicación. El articulado contempla que entre 2021 y 2025, los suscriptores a medios impresos o digitales pueda descontar el “valor de hasta una suscripción anual” de su renta.
Por otro lado, también se busca que a través de la pauta oficial entren recursos a los medios. La forma de hacerlo es estableciendo que el Estado “contratará prioritariamente con medios de información, según las circunstancias lo ameriten y justifiquen, los servicios de comunicación y/o publicidades relevantes y que fueren necesarios para el ejercicio de la función pública”.
En este punto se establece que dicha repartición de la pauta sería de manera equitativa y sin discriminar por su línea editorial. “Deberá tenerse como criterio de calificación que los medios seleccionados tengan un impacto real y verificable en los distintos públicos y sectores a los que se dirijan los contenidos”, establece el texto, que también señala que deberá identificarse la pauta oficial.
Entre las ayudas también se contempla que el Estado destinará un presupuesto para la compra de materia prima e insumos para los medios impresos. Estas ayudas podrán equivaler hasta el 30% del consumo antes de la crisis. En un sentido parecido, se deberá garantizar la distribución física de estos medios.
El proyecto responde a un llamado que han hecho varios medios regionales durante la pandemia. Sin embargo, a pesar de que tiene como plan entrar en vigor en enero de 2021, de ninguna manera los tiempos de discusión dan para ellos. Tendría que tener un mensaje de urgencia del presidente y aún así los tiempos estarían muy ajustados para tales propósitos.