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La consulta anticorrupción pasaba en la tarde de este martes una de las pruebas más duras. Luego de la recolección de más de cuatro millones de firmas, y la dilación de la revisión de las cuentas de campaña en el Consejo Nacional Electoral (CNE), le quedaba un último paso que dependía, pura y duramente, de la voluntad política de los senadores, quienes tendrían en sus manos la suerte de una de las iniciativas más sonadas del Congreso 2014-2018.
En la plenaria del Senado de esta tarde, la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, y una de las promotoras de la consulta, defendía ante la plenaria del Senado la intención de hacer modificaciones en la normativa del Estado para evitar la corrupción. Algunas muy vendedoras, como la reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos, o la limitación de permanencia en las corporaciones de elección popular por máximo tres períodos.
Pero también otras más estructurales como la obligación de los congresistas de rendir cuentas, la eliminación del beneficio de casa por cárcel a quienes resulten condenados por corrupción, la participación obligatoria de la ciudadanía en las audiencias para asignación de recursos y la utilización de pliegos "tipo" para evitar al máximo la contratación a dedo.
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Esta iniciativa tiene varias particularidades. La primera es que era la última opción para lograr este tipo de modificaciones. De alguna manera, por todas las formas posibles ya se había intentado hacer cambios para evitar la corrupción o lograr mayor participación ciudadana en asuntos como la asignación del presupuesto, por eso la consulta anticorrupción se había convertido en el plan B. Es decir, ante la imposibilidad de que los proyectos tuvieran un final feliz en el Legislativo, fueron los ciudadanos quienes salieron a las calles, con planilla y bolígrafos, a recoger los apoyos necesarios para obligar a que el presidente de la República convocara a las urnas y fueran los mismos colombianos quienes decidieran si impulsaban los mandatos que, de lograr los votos necesarios en las elecciones, serían de obligatorio cumplimiento.
No hay plan C. Además, la consulta tampoco la tiene tan fácil en caso de que fuese convocada, pues, por ley, debe lograr la participación de por lo menos 11 millones de colombianos (el 33 % del censo electoral). Hasta el momento, las bancadas que le apostaban sin reparos a la consulta eran las de Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, el Partido Liberal y algunos senadores de la U o Cambio Radical. Incluso, aunque se pensaba que habría oposición desde el Centro Demcrático, desde el uribismo también surgieron algunas iniciativas que hoy están contempladas dentro de los siete mandatos que propone la consulta.
En el interior del partido de la U no hay unanimidad de criterios sobre la iniciativa. Uno de los que ha apoyado de frente el proyecto es Armando Benedetti, sin embargo, voces dentro del partido del presidente han señalado su preocupación, específicamente, alrededor de los mandatos que conllevan a modificaciones constitucionales. Además, su deseo ha sido también que se evacúen los impedimentos que han señalado varios de los senadores. Por eso la senadora Claudia López, afirmó que la votación de la conveniencia no daba lugar a ningún conflicto de intereses porque, grosso modo, no se estaba legislando sobre nada. “De hecho, no se puede legislar porque fueron los ciudadanos los que, con sus firmas, decidieron que quieren ir a votar a las urnas”, dijo la parlamentaria y hoy fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.
Inquietudes similares las hay en Cambio Radical,. Hay quienes ven con buenos ojos la iniciativa, pero han querido decidir su votación en bancada para escuchar las opiniones de sus compañeros sobre los asuntos que, como la reducción del salario de los congresistas, también son de orden constitucional. En ese sentido, algunas voces conocedoras del tema, como el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, han expresado que el Senado no puede ser un "simple convidado de piedra" para declarar la conveniencia de la consulta, sino que debe tener la facultad de sugerir cambios en la redacción de los mandatos y que estas modificaciones sean convenidas, por supuesto, con los autores y promotores.
Una de las peticiones en la plenaria, que llegó de boca de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue que la realización de la consulta no fuese definida en fechas previas a las elecciones presidenciales para que el tema no permeara la campaña presidencial, en concordancia con opinión en el interior de la U, que señalaban que la iniciativa podía ser utilizada políticamente por la aspiración presidencial de Sergio Fajardo y Claudia López . "Que la discusión se haga próximo 5 de junio. El compromiso de la bancada es que votará afirmativamente todos los puntos de la consulta, hará campaña en las calles por el sí", dijo Valencia, con la condición de que la votación se aplazara.
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, anunció su apoyo a la consulta, no solo para destacar los intentos que se han hecho desde el Ejecutivo para luchar contra ese flagelo, sino en aras del respeto de lo que consideró como uno de los logros más importantes de la Constitución de 1991: el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. “Si el Senado aprueba la consulta anticorrupción, el Gobierno Nacional garantizará su realización”, dijo Guillermo Rivera, ministro del Interior.
El camino a seguir es claro, en caso de que se le dé el visto bueno a la iniciativa en la plenaria del Senado. El presidente Juan Manuel Santos tendrá ocho días para convocar a las urnas y la Registraduría Nacional deberá disponer de los recursos para su realización, que serían alrededor de $280.000 millones, y la fecha de votación deberá ser definida un día antes o uno después , según estimaciones de los promotores, de la segunda vuelta presidencial.