En poco más de 100 días, entre el 18 de julio y el domingo 27 de octubre –cuando los colombianos acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades regionales–, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, recibió un total de 8.229 quejas por delitos electorales. Lo anterior, indica que a lo largo de la contienda hubo, en promedio, cada día al menos 80 reportes de irregularidades.
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De acuerdo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aun cuando se cerraron las urnas, en la tarde de ayer se recibieron mediante la plataforma Uriel 363 quejas y a lo largo del domingo alrededor de 1.500, lo que permite inferir que solo el día de las elecciones se reportaron casi una (18 %) de cada cinco denuncias reportadas a lo largo del proceso electoral.
“Hubo una amplia participación ciudadana en la presentación de reclamaciones y quejas frente al proceso electoral”, destacó la funcionaria. “El Gobierno está satisfecho porque cumplimos a cabalidad con el proceso de fortalecer la democracia y de garantizar unas elecciones tranquilas”, agregó.
Cuando se contaban en 7.866 las quejas, las cifras indican que Antioquia (con 893), Cundinamarca (828) y Bogotá (con 540) estaban a la cabeza de los reportes por irregularidades. Las conductas más alertadas fueron intervención en política de los servidores públicos (13 %), corrupción al sufragante (11 %), vigilancia del proceso electoral (8 %), trashumancia electoral (7 %) y constreñimiento al sufragante (6 %).
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Frente a los hechos que alteraron la normalidad en algunas poblaciones durante el proceso electoral, Gutiérrez indicó que se trata de situaciones menores a las registradas en las elecciones de hace cuatro años. “En 2015 hubo un resultado de 44 concentraciones, en 2019, 25. Hace cuatro años hubo 25 disturbios y ahora ocho, los cuales fueron controlados por la Policía. El Plan Ágora cumplió con su función de garantizar la seguridad”, dijo.
La ministra atribuyó también los resultados a la coordinación del Gobierno en todo el proceso electoral y resaltó la labor de las autoridades de investigación y de control, específicamente del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Procuraduría y la Fiscalía.
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También, aprovechó su intervención para reiterar la necesidad de una reforma política en respuesta a la participación de candidatos en alto número por coaliciones y el nuevo mapa político. “El hecho de que de las 33 entidades territoriales a las que se les hizo un seguimiento también, solamente siete hayan quedado en manos de partidos individuales quiere decir que hay un cambio en el mapa político colombiano”, precisó.