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Son varios los cuestionamientos que han surgido en torno a la Ley 418, o ley de Orden Público, que radicó el Gobierno Duque siguiendo la línea de las administraciones pasadas que, recién comenzaron en el poder, pidieron la prórroga de esta norma que brinda las herramientas para adelantar una negociación o firmar un acuerdo de paz con grupos ilegales.
Para tener lista esa ley, el Gobierno radicó mensaje de urgencia, teniendo de por medio una posible reanudación de la negociación con el Eln. El martes se tenía previsto comenzar con la discusión entre las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, sin embargo, no hubo el quorum suficiente para sesionar y tampoco hubo presencia del Ejecutivo, de acuerdo con la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde.
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La cita se reprogramó para este miércoles, pero tampoco hubo un consenso entre los congresistas. Por el contrario, las secretarías de ambas cámaras recibieron en total 48 proposiciones para la ponencia en las que se recogen iniciativas para “eliminar todo lo que no sea exclusivamente la ley 418”, según Germán Varón, senador ponente de Cambio Radical. Otras solo piden la precisión en algunos términos o descartar algunos puntos que, consideran, les ponen trabas a las próximas negociaciones con grupos al margen de la ley.
“Todos los partidos son conscientes y están de acuerdo en prolongar el contenido de la 418, porque es el marco jurídico que le permite al presidente continuar el proceso de paz de las Farc e iniciar el del Eln, si así lo ve conveniente”, aseveró Varón.
Esta ley fue prorrogada, por el Gobierno pasado, hasta el 18 de diciembre de 2018. Por la importancia de la ley y lo que determina para eventuales procesos, teniendo congelado el del Eln, el presidente Iván Duque, en cabeza de la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, radicó la prórroga, añadiéndole unos artículos nuevos, siendo la primera vez que se presentan modificaciones de fondo a la normativa.
“El problema surge de cuatro artículos nuevos que establecen la posibilidad de que el Consejo Nacional de Seguridad establezca zonas para inversión donde debe haber, primero, recuperación de la seguridad y, luego, inversión; un empadronamiento de todas las armas; una implementación para que cualquier colombiano pueda comprar cualquier elemento o sistema que inhiba o bloquee llamadas (como los que se utilizan por parte del Inpec en las cárceles); y la financiación del fondo de paz”, explicó el senador ponente.
Para la representante Goebertus, esta ley, como está planteada, le quita potestades al presidente sobre con qué grupos negociar y se las transfiere al Consejo de Seguridad Nacional; además, propone unos precondicionamientos que deberían ser los resultados de la negociación.
La sesión en conjunto quedó, nuevamente, reprogramada para este jueves en las que se resolverán las 48 proposiciones. En palabras del senador Varón, la ley se aprobará en primer debate, quedando pendientes las discusiones de plenarias de ambas cámaras.