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El Ministerio de Interior publicó el decreto 2124, con el que reglamenta “el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población”. Así, le da cumplimiento a uno de los puntos acordados en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
La función de este sistema, explica el decreto, es la prevención y la alerta temprana ante “los riesgos y amenazas a los derechos a la vida”, en particular, por culpa del accionar de organizaciones al margen de la ley, como paramilitares. Su intención es proteger a organizaciones y movimientos políticos, “en especial aquellos que se declaren de oposición”, a líderes sociales y a miembros de “organizaciones firmantes de acuerdos de paz”.
El sistema tendrá dos componentes: uno de alertas tempranas, que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo, y otro de “respuesta y reacción rápida en el Gobierno Nacional, con la participación de las entidades territoriales”, que será responsabilidad del Ministerio de Interior. Su primer objetivo será monitorear riesgos para prevenir las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal, además, buscará evitar violaciones e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De manera específica, el componente de alertas tempranas será un mecanismo para advertir de los riesgos que hay en los territorios. Tendrá, según el decreto, un enfoque “de género, territorial, diferencial, étnico y orientación sexual e identidad de género, con el fin de contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de prevención por parte de las autoridades, así como el desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección”.
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Por su parte, el sistema de respuesta y reacción rápida “se encargará de articular interinstitucionalmente a las entidades nacionales y autoridades territoriales, de manera rápida y oportuna para la respuesta y reacción a los riesgos identificados”. Precisa el decreto en este punto que las actuaciones “estarán sujetas a las consecuencias disciplinarias y penales a que haya lugar”.
Así las cosas, crea específicamente la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que estará integrada por el ministro de Interior (quien la presidirá), el ministro de Defensa, el director de la Unidad Nacional de Protección, el general de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. Además, tendrá como invitados a los altos consejeros presidenciales para el Posconflicto y para los Derechos Humanos, así como el defensor del Pueblo, el procurador general y el fiscal general.
La Ciprat tendrá el deber de “coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas”.