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Las elecciones regionales de octubre de 2019 ya van mostrando los rostros que aspiran a las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Pero la relativa cercanía de esta fecha también acrecenta la preocupación de los servidores públicos que se ven perjudicados por la ley de garantías, que determina las prohibiciones de vinculación a la planta de personal del Ejecutivo de orden nacional y territorial.
Por tal motivo, la Federación de Departamentos (FND) y la Federación Colombiana de Municipios (FCM) le pidieron al Gobierno Nacional enviar al Congreso un mensaje de urgencia al proyecto de ley número 193 de 2018 de Senado que busca modificar el artículo 38 de la ley 996 de 2005, o mejor conocida como ley de garantías.
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Específicamente, en este articulado, se dictan las prohibiciones a los funciones en tiempos para la contratación o convenios interadministrativos, participación en eventos de campaña o autorización de inmuebles públicos para la celebración de actividades proselitistas.
La modificación añade que los convenios interadministrativos no puedan celebrarse en el mismo nivel territorial, por lo que “los acuerdos de ejecución de recursos que celebren las entidades del orden nacional con las territoriales, como también el aporte de recursos de estas últimas a dichos acuerdos quedan exceptuadas”.
Con la aprobación oportuna de este proyecto de ley se “impediría la parálisis del Estado en la antesala del proceso electoral que se avecina”, explican la FND y la FCM. Según ellos, de no enviarse el mensaje de urgencia “se corre el riesgo de que los términos que necesita la Corte Constitucional para la revisión de la nueva ley, una vez aprobada en la legislación ordinaria, obliguen a que esta entre en vigencia para el período electoral de 2022”. Esta ley, que impide durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, se traduce a ocho de 24 meses paralizados.
“Con esa iniciativa legislativa se busca que, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, se puedan celebrar con las entidades del orden nacional y territorial convenios, restringiendo a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital para celebrar convenios interadministrativos con entidades del mismo nivel territorial”, explican.
Cabe resaltar que por más que el Gobierno atienda la petición y radique mensaje de urgencia a este proyecto de ley, la iniciativa quedará acumulada entre otras proposiciones que cuentan con dicho mensaje, como los proyectos anticorrupción, junto a actos legislativos que el Ejecutivo espera dejar listos antes de que finalice la agenda legislativa el próximo 16 de diciembre.