Derecho a la oposición: ¡Por fin!

El ministro Juan Fernando Cristo calificó el paso que dio el Congreso como una votación histórica. / Ministerio del Interior

Con 53 votos a favor y dos en contra, el Senado de la República le dio el último debate a la que, sin duda, era una asignatura pendiente desde hace más de dos décadas en Colombia: el Estatuto de la Oposición. No obstante, esta última sesión en la plenaria, escasa de debate, dejó un sabor amargo entre quienes, precisamente, están del lado opuesto al Gobierno de turno.

La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, cuestionó que en el texto aprobado, según dijo, no se les garantizó a las minorías hacer pare de las mesas directivas de las corporaciones públicas. “Aquí lo que se acaba de oficializar es la mermelada. De qué sirve tener un derecho de réplica si nos han dejado por fuera de las mesas directivas si son las que determinan el orden del día, y se ha institucionalizado el manejo corrupto del presupuesto. 26 años esperando para semejante robo”, dijo la congresista al término de la votación.

Y es que la historia registra que desde 1991, la Constitución Política planteó en su artículo 112 una serie de derechos mínimos para los partidos independientes y para quienes ejercieran la oposición e, incluso, se llegó a prometer allí mismo que, a través de una ley posterior, dichas garantías se harían extensivas. Todo, en aras de contrarrestar las fuerzas aplastantes de quienes estuvieran del lado del Gobierno de turno. Pero todo quedó en intentos frustrados.

Por eso, el debate que dio el Senado de la República puede catalogarse como histórico. No por haber cumplido con su deber, que es legislar, sino por haberle dado el último Sí al Estatuto de la Oposición que, finalmente, podrá ser aplicado en el marco de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. “Debemos sentirnos orgullosos y satisfechos de que demos este paso a una democracia mucho más madura, dinámica y respetuosa de los derechos de la oposición”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Y es que no se trata, ni mucho menos, de un proyecto menor. Por fin, esos derechos se hacen extensivos para quienes denuncian pocas garantías en el ejercicio político. Es cierto que, como muchos sectores plantean, tuvo que ocurrir la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla más grande de Colombia para que el Legislativo abriera el debate sobre esta materia. En pocas palabras, gracias a las Farc, hay Estatuto de la Oposición.

Pero más allá de eso, ¿qué contiene el articulado? Lo primero es que se eleva a categoría de derecho fundamental el derecho a la oposición. Esto significa que será obligatoria su declaratoria formal para poder acceder a los derechos que de allí se derivan. Para eso, los movimientos o partidos que se declaren en la orilla opuesta al Gobierno que se posesione en 2018, tendrán un mes para anunciarlo. Y ¿cuáles son esos derechos? Entre muchos otros, espacios adicionales en los medios de comunicación social del Estado, pero también privados, en radio y televisión.

Para el caso de las alocuciones presidenciales, las organizaciones políticas declaradas en oposición tendrán el mismo tiempo y horario que tuvo el presidente de turno para controvertir su posición. No obstante, dicho derecho podrá ejercerse sólo tres veces al año y durante las 48 horas siguientes a la transmisión de la alocución. “Después de 26 años, damos un mínimo de garantías en materia de acceso a los medios de comunicación, de financiación y de derecho de réplica. Muchas veces, a los partidos políticos que están en el Gobierno se les olvida que el ejercicio de la democracia no se hace nunca de manera permanente ni en el Gobierno ni de la oposición”, enfatizó el jefe de la cartera política, en diálogo con este diario.

Pero de cara a las elecciones del año entrante, que prometen repetir el mismo escenario de polarización política del plebiscito del 2 octubre, han surgido otros derechos que asegurarán que sus principales protagonistas no desaparezcan del mapa político. El perdedor de las elecciones presidenciales -que le siga en votos al que sea declarado como nuevo jefe de Estado- tendrá derecho a una curul en el Senado, y su fórmula vicepresidencial, en la Cámara. Si bien, esta reglamentación ya estaba incluida y vigente en la reforma al equilibrio de poderes, lo que hace el Estatuto de la Oposición es hacer extensivos sus derechos como oposición. Así, por ejemplo, si un candidato del uribismo o de los partidos de la Unidad Nacional resulta derrotado en el 2018, tendrán su cupo asegurado en el Capitolio sin necesidad de estar dentro de las listas para aspirar al Congreso. Lo mismo ocurrirá con las elecciones para las gobernaciones y alcaldías.

Sin embargo, el principal partido de oposición no quedó contento con el Estatuto. El uribismo calificó el texto como un “pequeño ratoncito”. En palabras del senador José Obdulio Gaviria, “si por eso estaban peleando, no estaban peleando por nada. Todas las medidas son cosméticas. Esos derechos se ganan con propuestas políticas y no con leyes, y el que quede en el gobierno debe tener un criterio de respetar a las minorías. Por ejemplo, Santos no las respeta”.

Lo cierto es que se viene la reforma política y electoral, y pese a todo, combatir la corrupción que se registra al interior del mismo ejercicio político será una de las principales tareas para garantizar que el derecho de la oposición sea realmente efectivo. “La oposición es la institución más importante para evitar que haya corrupción. Entre más fuerte es, entre más garantías tenga y entre más acceso a la información y a la financiación haya, menos riesgo hay de que se produzca corrupción porque la oposición vigila al poder para que no cometa abusos”, dijo el senador del partido Liberal, Juan Manuel Galán.

Luego de aprobado el Estatuto de la Oposición, viene el proceso de conciliación en el que se pondrán de acuerdo sobre el texto que se acogerá para que pase a revisión de la Corte Constitucional. La única diferencia con lo aprobado en Cámara, según el senador de la U, Roy Barreras, ponente del proyecto, tiene que ver con la procuraduría delegada que se encargaría de supervisar que se respeten los derechos de las minorías.