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El debate sobre la necesidad de una reforma a la Policía, que algunos consideraban una discusión pasajera, comenzó a decantarse y ya va en un proyecto de ley, en torno al cual comienzan a alinderarse las fuerzas políticas con todo tipo de argumentos. Desde quienes piensan en el asunto como una oportunidad para hacer que la institución sea más moderna y respetuosa de los derechos de la gente, hasta quienes adoptaron como punto de honor la opción de oponerse a los cambios en la entidad.
(Lea: “Lo de la silla vacía fue mala leche y propaganda sucia”: Rafael Guarín)
A pesar del apoyo irrestricto de la oficialidad, en la memoria del país han quedado grabadas imágenes de serios abusos de la fuerza por parte de uniformados en protestas sociales y múltiples testimonios de personas que afirman vivir un diario infierno en sus barrios debido a los ojos acusadores de los patrulleros de sus CAI. Muchos tendrán aún en su cabeza un episodio reciente: el de septiembre pasado, cuando el presidente Iván Duque vistió la chaqueta policial como símbolo del orgullo que siente por este ente, días después del asesinato de Javier Ordóñez y las posteriores 14 muertes con arma de fuego, en la movilización de rechazo a lo sucedido.
Esos y otros hechos (una larga lista de atropellos, pérdidas de ojos y violencia sexual) ponen en tela de juicio la formación en el interior de la institución y en evidencia una potenciada crisis sobre su relación con la ciudadanía, deteriorada en varios rincones del territorio, a pesar de que el mandato constitucional sobre este cuerpo de seguridad es mantener el ambiente social para el ejercicio de los derechos, las libertades públicas y la paz. Ante la situación, la oposición presentó un proyecto para que la Policía sea trasladada del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, esto con la intención de que se fortalezca su carácter civil y que no siga realizando actividades propias de las Fuerzas Militares.
La propuesta forma parte de un paquete legislativo con el que los sectores de centro e izquierda esperan abrir el debate sobre cómo debe ser reformada la Policía, una idea que no ha gustado en la derecha, pues desde esta ala consideran que esas transformaciones dañan y atacan la institución. Se da, además, de cara a las nuevas manifestaciones de este 21 de octubre y en las que de seguro se medirá el actuar de los uniformados. “Buscamos que la Policía pueda recobrar su legitimidad y la confianza de la ciudadanía, y que esté trabajando por y para ella, es su función. Es dignificar su labor”, comentó María José Pizarro, representante de los Decentes y firmante de la iniciativa.
En concreto, el proyecto reformaría la Ley 62 de 1993 (que rige la Policía) y la 1801 de 2016 (que recoge el Código de Policía), y tiene varios puntos claves. Primero, incluye conceptos que antes no aparecían en la normativa o que no estaban lo suficientemente definidos, dejando su aplicación a la interpretación de los funcionarios públicos. Por ejemplo, “dignidad”, “enfoque diferencial”, “vida” e “igualdad”, entre otros, y los pone como los límites de la actividad policial: “Deben ser reconocidos y respetados en todo tiempo, modo y lugar”, dicta el artículo 4 del documento. En este apartado se reconoce que se deben regular con más ahínco los procedimientos y las tácticas agresivas, y realizarse por medios no violentos.
En segundo lugar, la propuesta establece que la institución no podrá seguir realizando actividades propias de las Fuerzas Militares, como lo que hacen los grupos Jungla de la Policía, especializados en el combate de grupos de delincuencia de alto impacto. De prosperar en el Congreso, eso quedaría prohibido, porque la idea es sacar a ese cuerpo civil de la lógica y doctrina militar, que por cuenta del conflicto armado se ha regido bajo la idea de acabar al “enemigo interno”. Para Iván Cepeda, senador del Polo y coautor de la iniciativa, ese asunto es central, pues esa doctrina “desconoce un principio del derecho internacional humanitario que distingue entre personas combatientes y no combatientes. Muestra una formación que propicia la violación de los derechos humanos”, dijo.
Otro punto clave es que se crea una Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía. Este organismo tendría un lapso de acción de tres años y estaría presidida por la Procuraduría. Entre sus funciones estaría “determinar la idoneidad del servicio, indicar los expedientes de las personas sujetas de destitución, suspensión o inhabilidad, y crear una nueva doctrina específica para los policías, bajo el enfoque de seguridad humana y los principios internacionales de derechos humanos”, se lee en el proyecto. Con esto se busca una renovación administrativa profunda, pues según indicó la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Cepeda, hay uniformados no con una o dos investigaciones, sino hasta con siete, “que si bien no implica que sean culpables, genera desconfianza”, comunicó su UTL.
La iniciativa trae otras dos novedades: regula la requisa (o registro a personas) y prohíbe el traslado de individuos a los CAI, puntos que la Corte Constitucional calificó como inexequibles en el Código de Policía y que al menos en relación con el registro a personas, resulta violatorio de los derechos fundamentales a la intimidad. Y, finalmente, el proyecto habla sobre la necesidad de modificar el régimen de la carrera policial, que actualmente tiene más de 15 cargos y que impide el ascenso de quienes están en el nivel de patrullero. Una comisión estaría encargada de hacer esa reforma y de dotarlos de nuevos nombres: todavía los cargos en la Policía cuentan con nombres de corte militar, como coronel o general, mientras que en otros países se llaman intendentes o comisarios.
(Para contexto: Las deudas del Congreso con las reformas de fondo a la Policía)
Por ahora, el Gobierno le ha dado la espalda a la idea de pasar la Policía al Mininterior. El pasado 19 de septiembre, en entrevista con este diario, Rafael Guarín, consejero de seguridad, dijo que hacerlo era “abrir un espacio a que se interfiera por intereses partidistas”. Afirmación descalificada por Pizarro y Cepeda, coautores del proyecto, argumentando que la discusión no debería ser esa, sino la de fortalecer los entes de control para que, ni en ese ministerio ni en ningún otro, haya corrupción. “La afirmación del señor Guarín dice, básicamente, que el Mininterior es una especie de nido sucio de corrupción política”, arremetió Cepeda.
Con todo, aunque algunos analistas creen que al proyecto le falta un mayor alcance para los cambios de fondo que requiere la Policía, presentar esta y otras iniciativas complementarias es un camino acertado. La abogada Ana Bejarano celebró que la propuesta limite la figura de traslado por protección, “porque ha permitido los peores casos de abuso en la protesta, es un error legislativo y ha sido interpretado erróneamente por la Policía”, dijo, y añadió que la idea se debe ampliar y establecer cómo funciona la cadena de mando en las manifestaciones.
Mientras Andrés Nieto, experto en seguridad, agregó que la iniciativa se queda corta en términos de formación a los uniformados y uso de las armas. “No habla de dotación, clasificación y formación. En otros países llegan a un nivel de especialización que dotan a los cuerpos de diferentes armas, según su propósito, sea movilización, convivencia o lucha contra el crimen organizado. Esto no se toca”, expresó. Manifestó, además, que el proyecto necesita ampliarse para que se pueda aplicar a los municipios de cuarta, quinta y sexta categorías que, a diferencia de Bogotá y Medellín, no cuentan con infraestructura para aplicar los cambios que se quieren insertar. Estas recomendaciones sumarían a algo que intentan los autores del proyecto: entender que los casos mortales como el de Javier Ordóñez no se pueden repetir y que los ciudadanos, sea en protestas o en sus barrios, no encuentren contradicción en la Policía, en lo que dice el papel y pasa en las calles.