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Ha transcurrido casi un mes desde que el plebiscito perdió en las urnas y, salvo la agenda económica que activó el Gobierno hace unos días, el Congreso ha venido trabajando a media marcha. La semana pasada fue radicada la reforma tributaria y, aunque su discusión estará como para alquilar balcón, no podrá tomar más de siete semanas el debate que había reservado un cupo especial para debatir la avalancha de proyectos que se venían si el Acuerdo de Paz hubiera salido adelante. Pero la situación es otra y el Congreso, según dice su presidente, el senador Mauricio Lizcano, no puede actuar. “Seguimos dependiendo de las decisiones que se tomen entre los del Sí y los del No, pero lo cierto es que cualquier salida tendrá que pasar por el Congreso”.
El poder legislativo tuvo una disminución en su trabajo que se empezó a sentir desde la semana inmediatamente anterior al plebiscito y hasta la semana posterior a su fracaso, según sostiene el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolf. “No se congeló del todo”, aclara, pero admite que no tuvo la opción de hacer todo lo que se había planeado si hubiera ganado el Sí.
La postura contraria la defiende el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, quien considera que se perdió el tiempo desde antes de las votaciones cuando el Congreso le dedicó noches enteras al Acto Legislativo para la Paz, hoy suspendido por cuenta del limbo en el que entró el proceso de paz.
Galán asegura que más allá de los debates de control político y los que se han dado en la plenaria del Senado en torno a la supuesta campaña engañosa del plebiscito por parte de los del Sí y los del No, el Congreso debería dedicarse a sacar adelante algunas reformas que considera que pueden contribuir a acelerar la implementación de algunos de los puntos pactados con las Farc. “Por ejemplo, la reforma a la justicia o la reforma electoral, que puede que no estén mencionadas específicamente en el acuerdo pero permitirían avanzar en ese sentido”, y advierte que tanta espera para tramitar la reforma electoral corre el riesgo de que no tenga efecto en las elecciones del 2018.
La semana pasada, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el presupuesto general de la nación en medio de un tenso debate en el que, de hecho, sorprendieron votos negativos como el de la senadora de la U Maritza Martínez. Pero los efectos del triunfo del No permearon su discusión, al punto que el senador Roy Barreras, que ha sido negociador en el último tramo del proceso de paz, propuso aumentar el impuesto de guerra “previendo escenarios. El recrudecimiento de la violencia exigirá más recursos para la guerra”, dijo.
Así que, exceptuando la agenda económica que reactivó la labor legislativa, la sensación generalizada en los pasillos de ambas cámaras es la misma: el Congreso también entró en una especie de limbo “y debe seguir atento a la radicación del nuevo acuerdo para poder avanzar”, han dicho algunos congresistas a este diario, lo que debe ocurrir, según Barreras, en las próximas semanas. Por tanto, toda la agenda prevista tendría que activarse.
Mientras tanto, en un ambiente similar al que se dio en la discusión del presupuesto general de la nación, el Congreso se prepara para debatir la tributaria. Pero esta semana tiene toda la atención puesta en un asunto: la elección del nuevo procurador. Mañana, la plenaria del Senado escuchará en audiencia pública a los tres candidatos (Fernando Carrillo, María Mercedes López y Jorge Fernando Perdomo) y el jueves será la votación.
Sin duda se trata de una prueba de fuego para la Unidad Nacional, pues los intereses partidistas están en el centro de la decisión. El Partido Conservador, por ejemplo, ha salido a hacer campaña por su candidata, la exmagistrada López, y a defenderla de las “ovejas descarriadas” de algunos senadores que no le darán su voto, entre ellos, Eduardo Enríquez, Roberto Gerlein, Jorge Hernando Pedraza, Mauricio Delgado, Yamina Pestana y Juan Manuel Corzo.
De los liberales, solo uno de los 17 le dará su voto a Perdomo y el resto a Carrillo. Cambio Radical apoyará a la ternada por el presidente Juan Manuel Santos porque es la candidata del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y la U, también dividido, escogerá en una urna el nombre de su candidato que, en todo caso, será Carrillo. Los verdes, el Polo y el Centro Democrático aún no se definen.
El otro tema de esta semana, que está agendado para mañana, es el debate de control político al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, por el preocupante aumento de cultivos ilícitos. El debate gira en torno a la decisión –rechazada por el fiscal Néstor Humberto Martínez– de suspender la aspersión aérea con glifosato.
En definitiva, lo que se esperaba fuera la legislatura de la paz, en la que el Congreso trabajaría día y noche para implementar los acuerdos con las Farc, se ha convertido en un hervidero político en los pasillos del Capitolio, pero de una pobre labor legislativa. Por lo menos, esta semana la elección del procurador general salvará la papeleta del Senado, pues prometer ser una pelea voto a voto entre Carrillo y López.