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El caos en la justicia seguirá vigente. Ese es el resumen de la decisión que tomó la Corte Constitucional de mantener la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, protagonista de escándalos como carruseles de las pensiones y de nombramientos, pésima administración de los recursos, inoperancia y politización. Además, de un plumazo, quedó sin vigencia la comisión para el juzgamiento de altos funcionarios (magistrados y fiscal) que continuarán gozando de total impunidad.
El asunto es así: En la reforma de equilibrio de poderes se creó la Comisión de Aforados que sería la encargada de juzgar al Fiscal y a los Magistrados de las Altas Cortes, la finalidad era que no continuaran siendo juzgados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que con buen juicio ha sido calificada como la “comisión de absoluciones”, porque ninguna investigación contra altos funcionarios avanza en este tribunal legislativo.
Los miembros de la Comisión de Aforados eran escogidos por convocatoria pública que debía realizar el Consejo de Gobierno Judicial, creado para acabar con el desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura. El gran problema es que con la decisión de la Corte Constitucional de mantener la Sala Administrativa de la judicatura, no hay forma de elegir los magistrados de la Comisión de Aforados. Así las cosas, la impunidad en el juzgamiento de altos funcionarios se mantendrá rampante. (Lea: El poder del Consejo Superior de la Judicatura)
Pero además queda sobre el tapete la imposibilidad de reformar el funcionamiento de la justicia en el país, que cada vez está más desprestigiada. Por eso crecen las voces que piden una asamblea constituyente. El motivo es que las reformas que se tramitan para remediar los vicios de la rama deben ser revisadas por la Corte Constitucional y hasta ahí llegan las buenas intenciones. La Corte, como lo hizo el miércoles, no está dispuesta a permitir cambios de fondo.
La solicitud de reforma vía constituyente tiene argumentos claros. Son nueve los intentos de reforma estructural a la justicia que han fracasado, y en cada uno de estos intentos fallidos ha estado la presión de los magistrados para evitar los cambios. Por el contrario, según las encuestas, la imagen de la justicia va en caída libre.
El Espectador consultó en el gobierno sobre la decisión de la Corte Constitucional y aunque hay un claro respeto a las decisiones de la justicia, las discrepancias son claras. Guardando la reserva para evitar choques, plantean que la Corte desbordó su competencia y las consideraciones fueron de índole circunstancial y de conveniencia del sistema de gobierno que viene a reemplazar el nuevo órgano.
Además, haciendo referencia a la demanda, está no se refiere a la sustitución constitucional que son los temas sobre los cuales está la Corte Constitucional facultada para decidir. Incluso, en lo que se ha conocido de la decisión, los magistrados le darían una interpretación ajena a los planteamientos que hizo el demandante.
Pero el argumento más complejo es que la Corte pasa por alto la función del Congreso de reformar la Constitución y por el contrario prima el planteamiento de que el Consejo Superior de la Judicatura es una institución insustituible. Contradiciendo la Constitución que deja claro que el constituyente derivado es el Congreso.