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A partir de las revelaciones hechas por El Espectador, específicamente, de los 24.000 audios que reposan en el expediente Santrich, que el exfiscal Néstor Humberto Martínez le ocultó a la JEP, pudimos documentar que él, mediante la Fiscalía, alteró pruebas, actuó a espaldas del entonces presidente Santos y lo engañó; permitió que agentes de la DEA entramparan a los exnegociadores de las Farc en el proceso de paz: Iván Márquez y Jesús Santrich; y quiso, además, enredar judicialmente al senador Cepeda, a los reconocidos facilitadores de procesos de paz Piedad Córdoba y Álvaro Leyva, a magistrados de la JEP y hasta al vicepresidente en ejercicio, general Óscar Naranjo. En resumen, una actuación pérfida y traidora contra el Acuerdo de Paz y el Estado de derecho.
¿En cuáles puntos precisos le cabe responsabilidad al fiscal Martínez Neira en esos hechos tan graves que usted enumera?
A nuestro juicio, Néstor Humberto Martínez es responsable directo de todos estos hechos: él, como jefe de la Fiscalía, y a partir de las interceptaciones a Marlon Marín (presunto miembro de las Farc y sobrino de Márquez), y de que la entidad a su cargo descubrió la conducta ilegal y el perfil de ese personaje, fue quien puso en marcha el entramado para atacar el Acuerdo de Paz mediante el entrampamiento a varios de sus protagonistas del más alto nivel. Acudió, entonces, a agentes de la DEA, violó los protocolos de cooperación judicial para atacar a la JEP y desconoció el principio de cooperación armónica entre los poderes públicos.
El exfiscal lo niega. En primer lugar, dice que él no era quien llevaba el caso y que, por eso, tampoco sabía de la existencia de los 24.000 audios. Solo admite que conocía los seguimientos a Marín por un presunto intento de este de robar dinero de la salud, motivo por el cual la Fiscalía habría descubierto, al azar, la supuesta conspiración para traficar cocaína, de “Santrich”. ¿Cómo prueban ustedes lo contrario?
Tratando de demostrar que sí le había informado al presidente, él mismo exhibió, durante el debate, una carta dirigida a Juan Manuel Santos en la que se refiere a irregularidades de miembros de las Farc. Entonces, entregó la prueba de que sí sabía lo que estaba pasando. Lo que no explica es por qué no le habló al jefe de Estado de la existencia de numerosos audios de Marlon Marín y de su colaboración con la DEA para extraditar a Santrich. Ahora, si el fiscal general no estaba enterado de semejante operación, cosa que descarto, ¿en cabeza de quién estaba el ente investigador? Pero, además, ¿quién le cree, conociéndolo como lo conoce el país?
Según sus deducciones, ¿cuál era el objetivo de Martínez cuando inició el operativo contra “Santrich”: tener argumentos para extraditarlo, darle un golpe a la JEP o matar el Acuerdo de una vez por todas?
El propósito era desbaratar el Acuerdo de Paz y afectar la JEP, el corazón del sistema de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición derivado de este. Afirmamos que hay una conspiración contra este tribunal por el papel que tiene, que está desarrollando en el conocimiento de la verdad del conflicto armado que comprometió a las Farc, a los agentes del Estado y a los terceros civiles. Y que el camino escogido fue entrampar a Santrich y Márquez para extraditarlos, así como enredar judicialmente a otros protagonistas del proceso de paz.
Pues si fue así, el exfiscal puede cantar victoria porque el Acuerdo sufrió un duro golpe en su credibilidad. Pero, además, “Santrich” y “Márquez” cayeron en la trampa y retomaron las armas. ¿Cree que el retiro del Acuerdo de este par de guerrilleros rearmados y su regreso a la clandestinidad es un triunfo de Martínez?
Por supuesto. Es un triunfo de Martínez Neira. Por fortuna, y a pesar de la trampa en que cayeron Santrich y Márquez, la mayoría de los exguerrilleros de las Farc y su partido mantienen su compromiso con el pacto. En cuanto a Martínez, logró un triunfo pero flaco y perecedero, porque reveló su perfidia, se involucró en un lío que puede tener consecuencias penales para él y aumentó su desprestigio nacional e internacional. Mire lo que está pasando con la presunta embajada que le ofrecieron.
La demostración de Petro sobre la edición que habría sufrido el video que se exhibió como prueba reina contra “Santrich”, que, según el relato del senador, no se entregó completo y se le sobreimpusieron voces para hacer sospechosa la conversación grabada, es uno de los puntos más graves tratados en el debate. ¿Esa pieza será una de las pruebas que usted y el senador Cepeda entregarán cuando denuncien al exfiscal tal como lo advirtieron?
Después de un debate similar que adelantamos con el senador Iván Cepeda, el 5 de junio del año pasado, en la Comisión Segunda del Senado, denunciamos penalmente a Martínez Neira por estos hechos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. También denunciamos en la propia Fiscalía a Brian Witek, agente de la DEA (quien está en el video editado), y a otros agentes por determinar que participaron en ese operativo. Ahora, ampliaremos la denuncia con los audios revelados por El Espectador, las contradictorias declaraciones del exfiscal, las declaraciones de Marlon Marín ante la justicia colombiana y norteamericana y todos los demás soportes que presentamos en el debate. Y como lo advertimos, acudiremos a instancias internacionales: al Congreso de Estados Unidos y a la Corte Penal Internacional.
En su exposición usted y el senador Cepeda aseguraron que uno de los delitos por los que denunciarán a Martínez en Colombia es el de traición a la patria. ¿Por qué cree que él incurrió en esa falta penal por la que no ha sido condenado nadie en Colombia?
Es evidente que Néstor Humberto Martínez, en su propósito de destrozar el Acuerdo de Paz y atentar contra la JEP, se alió o permitió la actuación de agentes extranjeros, violando la soberanía y la seguridad nacional. Esta traición a la patria está tipificada en el artículo 455 del Código Penal como “menoscabo de la integridad nacional” y en el artículo 457 como “traición diplomática” (ver parte superior de la pág.). Pretender involucrar penalmente al vicepresidente de la república en delitos de narcotráfico con el apoyo de una agencia extranjera es un atentado a la integridad del Estado que no se puede admitir en ninguna democracia.
¿Qué explicación le da usted al hecho, ciertamente delicado para la seguridad nacional, de involucrar falsamente al vicepresidente, un general de la Policía que, además de su prestigio interno, mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos?
Creo que se pretendía enlodar a un negociador del proceso de paz en La Habana, una de las personas que jugó un mayor papel de liderazgo durante esa negociación. Con ello también se lograba asestarle un duro golpe al Acuerdo y afectar gravemente la legitimidad del gobierno del presidente Santos.
También pretendieron involucrar a otros personajes colombianos, como usted señala. ¿Se podría tratar, entonces, más que de un complot contra el Acuerdo, de una conspiración contra el gobierno Santos?
No lo puedo afirmar tajantemente, pero sí quedan dudas al respecto. Lo paradójico es que Martínez Neira llega a ser fiscal general porque el propio presidente Santos lo incluyó en la terna. Mala jugada de póquer del mandatario porque además de la hostilidad de Martínez contra el Acuerdo y su encargo de hacerlo trizas, lo llevó a intentar llevarse de calle a otros protagonistas de ese proceso: Piedad Córdoba, Álvaro Leyva y altos funcionarios del Gobierno.
A propósito de Marlon Marín, hoy en Estados Unidos, ustedes coincidieron en mencionarlo como un hombre que trabajaba para la DEA. ¿Confirma esa apreciación? Realmente, ¿quién es ese extraño personaje?
Tengo la impresión de que Marlon Marín, una vez descubierto en sus andanzas ilegales por la Fiscalía de Martínez Neira, fue llevado a ser colaborador, informante o agente infiltrado de la Fiscalía y de la DEA a cambio de beneficios y protección. Su relación familiar con Iván Márquez y su involucramiento en asuntos relacionados con la reintegración civil de las Farc facilitaban la misión de entrampamiento que se le encomendó. Petro demostró en el debate que Armando Gómez España, otro personaje de esa trama de la Fiscalía y la DEA, exmiembro del cartel de Cali, trabajaba, desde antes, con agentes de Estados Unidos. De Fabio Simón Younes, el tercer personaje, solo sabemos que pretendió acceder a la garantía de no extradición ante la JEP, prevista en el Acuerdo de Paz; petición que le fue negada por no haber sido miembro de las Farc.
En su discurso de defensa, el exfiscal Martínez dijo que ustedes habían hecho “un libreto mal elaborado” y aunque admitió que sí dijo que “hubo una operación de entrega controlada” por parte de la Fiscalía, agregó que nunca señaló que esa entrega fuera de cocaína. ¿Qué comenta al respecto, un punto álgido en el caso, puesto que hay una frontera legal que él pudo haber traspasado?
Las explicaciones de Martínez son un manojo de contradicciones. Unas veces dice que recibieron una solicitud de cooperación judicial internacional para una entrega controlada de cocaína; pero su directora de Asuntos Internacionales reconoció, ante la JEP, que nunca hubo y que tampoco era necesaria una solicitud de la DEA para que agentes suyos actuaran en Colombia. Después, Martínez dijo que no era una entrega controlada de la Fiscalía, sino que el ente acusador asistió a la misma en calidad de “veedor”. Y así, sucesivamente. A todas luces, para nosotros está demostrada la violación del artículo 243 del Código de Procedimiento Penal, que limita la actuación de los agentes encubiertos y prohíbe el entrampamiento (ver parte superior de la pág.). En el debate demostró que los famosos cinco kilos de cocaína que se habrían entregado en esa operación, fueron dados y recibidos por personas que colaboraban o trabajaban con la Fiscalía y la DEA y que, extrañamente, no dejaron ningún registro en video o audio de dicha entrega, como se suele hacer en esos casos, para tener pruebas de que la operación era controlada.
¿Por qué cree que no les interesaba, a quienes participaban en el operativo, que quedara registro visual de la entrega de la cocaína?
No lo sé, pero el solo hecho de que no haya quedado registro fílmico de esa entrega ya es muy sospechoso. Además, como se hizo notar en el debate, la cifra de cinco kilos tampoco parece puesta al azar: Petro hizo caer en cuenta que es a partir de la cifra cinco que se hace viable la solicitud de extradición de quien trafique, para la justicia norteamericana. Es decir, si son cuatro kilos no es posible la extradición. Por esto es todavía más extraña la falta del registro visual.
En su respuesta a ustedes, Martínez lanzó ataques personales contra todos. Fue despectivo al referirse a usted. ¿Cómo califica esta parte de la intervención del exfiscal?
Cuanto más intenta Martínez Neira explicar su conducta, más se revela que su actuación fue oscura. Sus temeridades no le alcanzarán para evadir sus responsabilidades. A mí me tiene sin cuidado su soberbia y su irrespeto con quienes tenemos la calidad de senadores. No voy a ocuparme en contestarle cuando el debate se trata de él y de que responda por sus actos que, insisto, pueden tener consecuencias penales y políticas en su contra.
La parte más sonora de la defensa de Martínez fue cuando dijo que ustedes “se están inventando una trama en defensa de narcotraficantes”, frase que repitió, en su esencia, el presidente Duque el viernes pasado. ¿Estas afirmaciones pueden tener repercusiones contra ustedes en EE. UU.?
Se trata de afirmaciones reiteradas con que los enemigos del Acuerdo de Paz tratan de señalar a quienes lo defendemos. Claro que Santrich, Márquez y compañía traicionaron el Acuerdo del Teatro Colón cuando volvieron a las armas y, por ello, deben asumir las consecuencias. Pero eso no soslaya el hecho de que el exfiscal contribuyó de manera grave a que ello ocurriera por su perfidia. Contrario a lo que pretende Néstor Humberto Martínez con esa infamia en contra nuestra, él tendrá que darles explicaciones a las autoridades judiciales de Estados Unidos, porque, al parecer, también fueron engañadas por él. Mientras el exfiscal nos acusa, él no ha podido presentar prueba de la entrega de un solo gramo de cocaína por parte de Santrich o Márquez en este episodio. Al presidente Duque no le queda bien hacer de defensor de oficio de Néstor Humberto Martínez.
¿A este enredo que involucró un asunto vital para Colombia, es decir, el Acuerdo de Paz, no debería seguir otro debate sobre la cooperación judicial internacional y sobre el equilibrio entre lo que damos y los que nos dan?
Sin duda. Es es un debate inaplazable. Colombia, así lo quieran en sectores de las élites y del Gobierno, no es el patio trasero de ningún otro país. La globalización de la justicia no elimina la soberanía nacional y sí obliga a relaciones de mutuo respeto y cooperación.
“Ataque a la prensa poco democrático”
Un tema que no fue central en el debate pero que es relevante: Martínez Neira, en su intervención, atacó de nuevo, pues parece que tiene la costumbre de hacerlo, a los periodistas y medios que trataron este asunto. Lo hizo poniendo un manto de duda sobre la tarea de El Espectador, del reportero de este periódico Édinson Bolaños que escribió el artículo en que se revela la existencia de los 24 mil audios, y sobre la columnista Duzán. En la ampliación de denuncia que usted y el senador Cepeda harán contra el exfiscal ¿mencionarán este punto?
Sí. El ataque a la prensa de Néstor Humberto Martínez revela su talante poco democrático. Sus frases, en el debate, contra El Espectador, su reportero y María Jimena Duzán es una afrenta inaceptable sobre la que deben pronunciarse los gremios periodísticos. Nosotros, desde el Congreso, seguiremos defendiendo el ejercicio libre e independiente del periodismo y le insistiremos al Gobierno que garantice estas condiciones. Sin lo revelado por El Espectador no hubiera sido posible el debate que, con detalles, desnudó el tipo de fiscal general que tuvimos. Una persona como Néstor Humberto Martínez no es digna de representarnos ni antes ni ahora, en España o en cualquier país del mundo.
Delitos de traición a la patria y de actos de agente extranjero
Los delitos de traición a la patria que habría cometido el exfiscal Martínez por permitir la extralimitación de actos de agentes de la DEA, según la denuncia que contra él presentarán los senadores Cepeda y Sanguino son: “Menoscabo de la integridad nacional (art. 455 del Código Penal) ... el que realice actos que tiendan a... someter (a Colombia) en todo o en parte a dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano... incurrirá en prisión de 160 a 360 meses”. Y “Traición diplomática (art. 457). El que, encargado por el Gobierno colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero... actúe en perjuicio de los intereses de la República, incurrirá en prisión de 80 a 270 meses”. Al exfiscal también se le acusa de haber permitido que los agentes extranjeros actuaran en contra de lo establecido en la ley. La figura de agente encubierto está regulada en el Código de Procedimiento Penal y le permite a este actuar coparticipando en conductas punibles cuando se sospecha de la comisión de un delito. Pero está prohibido que sea determinador del delito, es decir, que instigue a otra persona a cometerlo. Esto habría sido, precisamente, lo que hicieron los miembros de la DEA en el caso Santrich, según los cuatro senadores.