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Aunque los abogados de Gustavo Petro han intentado que las sanciones fiscales no tengan efectos sobre sus derechos políticos, al menos ante la justicia colombiana van perdiendo esa pelea. Su apoderado, Dagoberto Quiroga Collazos, presentó el año pasado una demanda ante la Corte Constitucional contra la norma que establece como inhabilidad para desempeñar cargos públicos haber sido declarado responsable fiscalmente, argumentando que “el derecho de acceder a la función pública tiene el carácter fundamental y su restricción solo es posible mediante una sanción de tipo penal o disciplinaria”. Pero en octubre, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación 5-4, no accedió a las pretensiones del demandante y ratificó que los morosos del Estado, salvo que se pongan al día, no pueden asumir cargos públicos.
Ahora es el Consejo de Estado el que tumbó la medida cautelar que un magistrado del Tribunal de Cundinamarca le había concedido al hoy senador y líder del movimiento Colombia Humana, suspendiendo los efectos de una de las condenas fiscales en su contra por reducir y luego congelar las tarifas del pasaje de Transmilenio. La Contraloría lo declaró responsable de un detrimento a la ciudad, al considerar que ello configuraba un subsidio ilegal, le impuso una multa de $217.000 millones y embargó sus cuentas.
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Esa decisión, precisamente, fue demandada por Petro ante el Tribunal y aunque inicialmente sus efectos fueron suspendidos, el Consejo de Estado revivió el jueves pasado la sanción, planteando que ello tenía que haberlo asumido la Sala Plena y no un solo togado. Es decir, deberá volverse a estudiar si se le conceden o no esas medidas cautelares, que implican una especie de protección mientras se falla de fondo.
Múltiples preguntas surgen en el terreno de lo político. Como se sabe, fue al amparo de esa decisión que Petro pudo ser candidato presidencial, ir a segunda vuelta y obtener una curul en el Senado como segundo en votación, para convertirse en el líder de los contradictores del gobierno Duque, según lo estipulado en el recién estrenado Estatuto de la Oposición.
Lo que hay ahora es todo un galimatías jurídico en el que ya algunos advierten que Petro deberá dejar el Congreso pues, con la caída de la medida cautelar, la sanción fiscal quedó vigente y, por lo tanto, la inhabilidad para ocupar cargos públicos. Quiroga, sin embargo, considera que para que eso se dé se necesita una demanda de pérdida de investidura, que solo se tramita ante el Consejo de Estado. Pero, además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) también tiene velas en el entierro, ya que fue el que le dio la credencial de congresista. Con un ingrediente adicional: que al momento de asumir su curul e incluso inscribirse como candidato presidencial estaba vigente la protección de la medida cautelar.
Un tire y afloje que Gustavo Petro ya capitaliza políticamente. “Me pueden poner $1 billón en multas por no seguir el programa neoliberal de los Odebrecht-Sarmiento, si el pueblo me elige su presidente, las pagaremos antes de la posesión con ayuda de la sociedad y esos recursos los llevaremos a la universidad pública”, escribió en Twitter, donde viene haciendo un llamado a sus seguidores de Colombia Humana a movilizarse este miércoles 28 de noviembre, mismo día en que está programada una gran manifestación estudiantil en defensa de la educación pública.
“Cuando un movimiento como la Colombia Humana retó el poder y obtuvo ocho millones de votos, no podía dedicarse a esperar en casa las elecciones próximas. Todos los poderes van a intentar destruirnos y es nuestro deber luchar e impedirlo. Toda Colombia Humana debe salir a las calles”, fue otro de sus trinos.
Por supuesto, hay defensores y detractores. Y en ese pulso entran a jugar otros factores, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, responsable de las sanciones a Petro, esté hoy investigado dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht y sea miembro de Cambio Radical, el partido cuyo jefe natural es Germán Vargas Lleras, acérrimo contradictor del exalcalde bogotano. “Lo dejaron en libertad para que pudiera imponernos sanciones fiscales impagables por políticas públicas que se desarrollan en todas las ciudades modernas”, dijo Petro.
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Lo curioso es que incluso en Cambio Radical hay voces, como la del senador Rodrigo Lara, que tercian a su favor: “Si lo quieren sacar de la política, pues que lo derroten en las urnas; así funcionan las democracias. Sacarlo con dudosas decisiones administrativas es una arbitrariedad y un comportamiento contrario a los principios de una democracia”.
Humberto de la Calle, excandidato presidencial del Partido Liberal, cree también que inhabilitar a Petro a base de multas es un procedimiento injusto y un error: “Toca reflexionar sobre el ámbito del derecho a ser elegido frente al régimen de sanciones e inhabilidades”, indicó. Por su parte, Ángela María Robledo, representante a la Cámara y fórmula vicepresidencial de Colombia Humana, cuestionó de frente al contralor Granados: “Tiene casi un pie en la cárcel y es un peón de Cambio Radical”.
Y hay que recordar que la Procuraduría, en junio pasado, archivó la investigación por el tema de Transmilenio, al concluir que no se afectó a las finanzas públicas. Además, dijo que “la medida repercutió en el bien de la comunidad”, que la decisión estaba en el Plan de Desarrollo y que contaba con los estudios que la sustentaban.
En la otra orilla están los que creen que Petro se está burlando de una decisión tomada por un órgano de control y que debe hacerse a un lado mientras el Tribunal de Cundinamarca profiere un fallo en firme o, dado el caso, paga las multas que se le han impuesto. Y le recuerdan que no solo es el tema de Transmilenio sino también el de las basuras y el de Transportadora de Gas Internacional (TGI), por lo que ha sido sancionado fiscalmente. Ahora, la reciente providencia del Consejo de Estado no tiene efectos inmediatos y se tomará un tiempo mientras llega de nuevo al Tribunal de Cundinamarca, se surte la vacancia judicial y la misma defensa de Petro presenta sus recursos.
Incluso no se descarta el escenario internacional, donde ya ganó la batalla cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó como alcalde de Bogotá por la crisis de las basuras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó como medida cautelar que fuera restituido. Además, el Estatuto de Oposición, en sus artículos 3 y 5, le pueden dar un plus de protección adicional, en caso de ser avocado a la luz de la Convención Americana.
Lo claro es que está en juego la lucha electoral, no solo de 2019 sino también la de 2022. Y todos hacen sus cálculos y miden sus pasos y decisiones. Prueba de ello es que la senadora uribista Paloma Valencia, citada por la revista The Economist, reconoció que si se aprueba la propuesta del IVA a la canasta familiar, “la izquierda va a ganar todo (en las próximas elecciones regionales) y Duque no va a ser capaz de gobernar”. Mientras tanto, Petro se juega su futuro político en su lucha jurídica por tumbar las sanciones fiscales que le ha impuesto la Contraloría Distrital, que suman en total más de $1 billón, y en las mismas calles, llamando a la movilización e invitando a sus seguidores a no dejar que le cierren el camino a la Presidencia.
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