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El pasado 30 de abril, cinco representantes de la oposición decidieron sesionar en el Congreso, y no de forma remota como se viene haciendo por cuenta del coronavirus, como un mensaje en desacuerdo a la virtualidad que, a su juicio, está impidiendo el verdadero control político al Gobierno.
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Ese mismo día, la plenaria aprobó una proposición que prohíbe, mientras dure la emergencia sanitaria, las sesiones presenciales, como bien las estaban defendiendo Katherine Mirando, Inti Asprilla y León Fredy Muñoz (Alianza Verde); María José Pizarro y David Racero (Lista de los Decentes) con su presencia en el Capitolio.
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Las polémicas, tanto por la asistencia presencial de dichos congresistas como de la proposición, escalaron al plano jurídico. Primero, el grupo de la oposición que quiere sesionar desde el Congreso y pide por el regreso de la corporación al Salón Elíptico interpusieron una tutela al Circuito de Bogotá al considerar que se les están vulnerando sus derechos fundamentales a la participación política, el ejercicio del control político y la libertad de expresión por medio de la proposición aprobada en plenaria, que exceptúa de esa disposición a la Mesa Directiva.
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Días después, el presidente de la Comisión de Ética y representante por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, anunció que se abrió investigación preliminar a los representantes que asistieron a la Cámara. Al grupo de investigados no se les sumó el presidente de la corporación, Carlos Cuenca, quien desde el día cero de las sesiones virtuales ha trabajado desde el Salón Elíptico junto a un grupo pequeño de personas. “Como presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes tengo el deber de atender de manera pronta y eficaz las quejas que se presentan contra los miembros de la corporación. Se han radicado algunas quejas en contra de varios congresistas presuntamente por incumplimiento de los deberes establecidos por el código de ética para todo congresista. Es por ello por lo que la Mesa Directiva ha determinado abrir acción ética disciplinaria en contra de estos congresistas”, dijo a Semana TV el representante Ballesteros.
“Las quejas” a las que se refiere Ballesteros es a la interpuesta por el abogado asociado a la firma De la Espriella Lawyers, Hollman Ibáñez, el mismo que pretendía posesionarse como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante una notaría. Así mismo, Ibáñez puso también queja por la asistencia de los congresistas al Capitolio ante Procuraduría y Fiscalía.
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En ese mismo orden, el dueño de De la Esperiella Lawyers, Abelardo de la Espriella, indicó en su página web donde publica columnas de opinión, Sin Censura, que las denuncias y quejas disciplinarias estaban en marcha y llamó a los cinco representantes de la oposición que sesionaron desde la Cámara “bandoleros”, eximiendo de ese apelativo al presidente de la corporación, quien es congresista por Cambio Radical.
Miranda, Asprilla, Muñoz, Pizarro y Racero dieron un paso más en contra de las denuncias y quejas en su contra y a través de su apoderado Miguel Ángel del Río adelantarán una serie de acciones jurídicas al considerar infundados los argumentos por parte de Ballesteros e Ibáñez y porque, a su juicio, se trata de una clara persecución política para impedir el control al Gobierno.
En primera instancia, recusarán al presidente de la Comisión de Ética, “bajo el entendido de que radicó una propuesta para declarar ilegal la presencia física de los representantes en el recinto” y porque, según Del Río, tiene unas intenciones partidistas y no actuaría bajo el principio de la imparcialidad. “No puede ser juez y parte”, insistió.
También, se recusarán a los representantes de la Comisión que hayan votado positivamente la proposición que prohíbe las sesiones presenciales durante la pandemia. Para el abogado y los representantes de la oposición, no hay coherencia en que dicha conducta prevalezca sobre el derecho y el deber de los congresistas de cumplir sus funciones a cabalidad y eso, para ellos, significa a través de la presencia física en el Capitolio y no la virtualidad.
Una vez se archiven las quejas en la Corte Suprema de Justicia y Procuraduría, tomarán acciones contra los abogados Ibáñez y De la Espriella por presentar elementos “pueriles sin sustento jurídico”, como bien dijo Del Río.
En primer lugar, contra De la Espriella por injuria al tachar a los cinco representantes que sesionaron presencialmente de “bandoleros”, haciendo referencia como si hubiesen entrado a la corporación de manera ilegal, aun cuando el presidente Cuenca lo veía haciendo desde hacía días.
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Y contra Ibáñez por falsas denuncias, buscando que se le abra un proceso en el Consejo Superior de la Judicatura. En resumidas cuentas, los representantes y Del Río interpretan estas acciones como una clara persecución política, las cuales contribuyen a “evitar el control político y disminuyen las facultades del Congreso”.
El representante León Fredy Muñoz recordó que durante este tiempo de Congreso virtual se han presentado dos propuestas preocupantes por parte de la bancada del uribismo. Una es la reducción del Congreso y la otra era a la clausura de este para que el Gobierno asumiera el rol legislativo a través del Estado de Excepción de Emergencia Económica, Social y Ecológica. “Esta es la segunda etapa”, dijo en relación con las supuestas estrategias por entorpecer la labor del parlamento.
Ante el reclamo de por qué no incluyeron en la queja a Cuenca, el abogado Ibáñez a través de un trino escribió: “indagaremos al respecto y procederemos de conformidad”.