¿En qué quedó la consulta anticorrupción?

Aunque la votación del pasado 26 de agosto no tuvo carácter vinculante, la masiva participación de los colombianos en las urnas fue asumida como un mandato en ese momento. Sin embargo, el resultado para materializarlo en normas es prácticamente nulo.

La votación de la consulta anticorrupción se realizó el pasado domingo 26 de agosto. / Archivo El Espectador

Cuando quedan menos de dos semanas para que terminen las sesiones ordinarias en el primer semestre legislativo 2018-2019, llega el momento del corte de cuentas. Balance que, tras la efervescencia que desató la consulta anticorrupción, obliga a revisar el estado de los proyectos que traducían la voluntad popular que se expresó el 26 de agosto, cuando más de 11’600.000 colombianos acudieron a las urnas para lanzar un mensaje político contra la corrupción.

La fotografía del actual momento no puede ser más triste. Según la exsenadora Claudia López, promotora de la consulta, tan solo dos preguntas y media han tenido algún tipo de avance, y al final del año solo media habrá logrado convertirse en ley. La exsenadora se refiere a la primera parte de la pregunta dos de la consulta, la cual prohíbe el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Dicha prohibición fue integrada al proyecto de ley del fiscal Néstor Humberto Martínez, el cual está a un debate de salir airoso de las turbulentas aguas del Congreso.

El resto muestra o muy pocos avances o nulas posibilidades de convertirse en ley. Y es que el ambiente político de las iniciativas no ha sido el mejor en el Capitolio, las mesas directivas de Cámara y Senado no le han dado prioridad en el orden del día, como tampoco se ha visto el apoyo decidido del Gobierno para sacarlas adelante. Incluso se le ha criticado al Ejecutivo el que no haya radicado el mensaje de urgencia a tiempo, tal y como lo propuso el propio presidente Duque. En síntesis, el Congreso de la República, en su primer semestre, se rajó en la lucha contra la corrupción.

1. Reducir salario de congresistas

La primera pregunta buscaba reducir los salarios de los congresistas en un 45 % y establecer un tope máximo a los sueldos de los altos funcionarios del Estado. El primero era un acto legislativo y el otro, un proyecto de ley ordinaria. La reforma constitucional ya se hundió por tiempos, dado que solo llegó a su primer debate y requería ser tramitada en una primera vuelta (cuatro debates) antes del 16 de diciembre. El panorama del proyecto de ley no es menos oscuro. A pesar de que la propuesta fue radicada el 18 de septiembre, no se ha presentado ponencia para primer debate.

2. Cárcel a corruptos

Fue la pregunta que mayor apoyo ciudadano recibió en la consulta popular anticorrupción. Se presentaron dos proyectos de ley, uno para que los corruptos paguen sus condenas en la cárcel y otro para la terminación unilateral de los contratos por parte del Estado con las empresas involucradas en actos de corrupción. Lo primero es lo único que se va a cumplir en este primer semestre y se logró salvar incluyéndolo en una iniciativa de la Fiscalía, que ya se encuentra para cuarto y último debate. La otra mitad de la pregunta, que involucra a las empresas, no ha avanzado un milímetro.

3. Pliegos tipo

En otras palabras, este punto le apunta a la contratación transparente. El proyecto, que fue radicado primero por el Gobierno y se acumuló con uno presentado por la Mesa Técnica, se aprobó en primer debate en la Comisión Primera del Senado y está pendiente del informe de ponencia para plenaria. Lo que busca esta iniciativa es evitar un único proponente para las adjudicaciones de contratos del Estado y garantizar, de este modo, la pluralidad de licitantes y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía

Este punto es uno de los más quietos en su trámite en el Congreso. Además, es el único proyecto al que no se le radicó mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque, como sí lo hizo con las iniciativas de probidad administrativa, rendición de cuentas, publicación de declaración de bienes y conflicto de intereses. Esta propuesta pretende que la ciudadanía, en audiencia pública con los corporados, apruebe el desglose del presupuesto de inversión de carácter nacional, regional y local. Se le asignó como ponente al senador uribista Carlos Manuel Meisel, sin embargo, este no ha rendido ponencia en la Comisión Cuarta de la Cámara Alta.

5. Rendición de cuentas

Fue radicado el 18 de septiembre y tiene mensaje de urgencia. El ponente es el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, quien presentó la ponencia el 13 de nviembre, pero aún no ha iniciado el debate. Lo que se buscaba con esta iniciativa, que también ya está hundida por tiempos, era obligar a los congresistas y demás miembros de corporaciones públicas a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, pero, también, sobre las iniciativas legislativas presentadas, sus votaciones, los debates de control político convocados y un balance sobre su gestión a la hora de buscar inversiones públicas. Igualmente, si sugirió al Estado candidatos para cargos públicos.

6. Declaración de renta

Aunque fue aprobado en comisiones primeras conjuntas y tuvo como defensora a la senadora Angélica Lozano, aún le faltan dos debates para que se convierta en ley de la República. No es una reforma a la Constitución, sino una norma ordinaria. La principal observación que hacen los defensores de la consulta es que tanto este como el punto 5 fueron desnaturalizados pues, afirman, quedó establecido que solo los órganos de control pueden pedir esa información: declaración de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés.

7. Solo tres períodos

Este proyecto de acto legislativo se hundió en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, encontró una segunda oportunidad cuando fue introducido como un artículo más en el debate de la reforma política, a la que le falta la cuarta y última discusión de su primera ronda legislativa (requiere ocho). Cuando el proyecto pasó de la Comisión Primera suscitó polémica, pues se introdujo la posibilidad de la no consecutividad del límite. Es decir, un congresista podría cumplir con el tope, descansar y regresar de nuevo.