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El país político que se inició el pasado 20 de julio, con la instalación del Congreso, no solo traía la novedad de que albergaría a los exmiembros de las antiguas Farc luego de que dejaron las armas para dedicarse a la política. Ese día, al margen del Acuerdo de Paz, también entró en vigencia el Estatuto de la Oposición, que se estructuró como una promesa para dar mayores garantías a quienes no acompañaran al Gobierno que tomaría posesión el 7 de agosto. El primer paso, que se hizo efectivo dentro del mes siguiente a la toma del poder por parte de Iván Duque Márquez, fue la declaración política, en la que los partidos y movimientos con asiento en el Legislativo debían declarar su relación con el Ejecutivo.
Cada uno debía manifestar, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), si sería partido de Gobierno, independiente o de oposición. Los últimos, de acuerdo con el estatuto, tendrían varios beneficios, como la financiación adicional del 5 % del monto de los recursos que se destinan al funcionamiento del partido, el derecho a réplica, acceso a los medios de comunicación del Estado y participación en las mesas directivas de las plenarias, entre otras. Sin embargo, la transición hacia esas nuevas condiciones que plantea esa ley parece ser lenta y, a juicio de varios miembros de las colectividades que se declararon en oposición al Gobierno Duque, no se está cumpliendo en su integridad. Un asunto que, sin duda, ha empezado a truncar los planes de la oposición para hacer el ejercicio democrático frente al Gobierno y su intención de poner en marcha el modelo de país que considera más conveniente.
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El pasado 28 de septiembre, el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, envió sendas cartas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y al presidente del CNE, Heriberto Sanabria, en las que solicitó información sobre las partidas presupuestales que tendrán cargo al presupuesto general de la Nación para financiar lo contenido en el Estatuto de la Oposición. “La primera obligación es que en el presupuesto tiene que haber una partida diferenciada y, antes de debatirse, se tiene la obligación legal de hacer una sesión especial con la oposición para discutir este asunto. Son dos cosas que tiene que hacer el ministro Carrasquilla y que no ha hecho”, comentó Asprilla.
En efecto, el artículo 11 del Estatuto, que contiene la lista de derechos a los que se hacen acreedores los partidos de oposición, se determina “la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto”. Esa información, hasta el momento, según dijo el representante, no ha sido enviada a la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes, de la que es titular.
Al respecto, el senador Iván Marulanda, vocero de la Alianza Verde, precisa que el Estado, en general, ha sido muy lento para acomodarse a esa nueva legislación. “De hecho, hay un Gobierno que se está acoplando muy lentamente a sus propias responsabilidades. Es una transición a una realidad sobre la que no hay consolidación”, anotó Marulanda. En parte, señala, son las consecuencias de un establecimiento político “excluyente y muy poco atento a reconocer los espacios democráticos y a avanzar hacia el pluralismo”, aunque no se atreve a sostener que haya una intencionalidad por parte del Ejecutivo. “Lo que hay es una enorme incapacidad tanto para reconocer los derechos de la oposición como para gobernar”.
De otro lado, la representante María José Pizarro, quien hace parte de la Lista de la Decencia, concluye que el Estatuto de la Oposición no se ha cumplido. “No hemos tenido el derecho a réplica, por ejemplo, no hubo espacio para la oposición en el discurso de posesión de Duque y no nos han respondido los derechos de petición que hemos presentado para garantizar esos derechos. Independiente de los recursos económicos, Pizarro reclama espacios televisivos y medios del Estado por parte de los partidos que no están con el Gobierno. “Se lo dije personalmente a la ministra del Interior en la audiencia sobre el asesinato de líderes sociales. No hemos tenido la oportunidad de reunirnos para poder materializar los derechos que contempla el Estatuto y establecer una ruta conjunta entre el Gobierno y las bancadas opositoras”, finaliza.
En la práctica, la falta de recursos, por ejemplo, ha impedido que se instale una de las propuestas que se plantearon desde antes del 20 de julio, como fue la creación de un “gabinete alterno”, que estaría integrado por un número de personas igual al número de ministerios, expertos y técnicos en los asuntos que maneja cada cartera, para que el control pueda ser efectivo y que la actividad de oposición pueda ser propositiva. “Tenemos pensado construir un sistema de oposición con la constitución de un equipo de técnicos y asistentes que se encargarán de las tareas de la bancada desde los temas que tiene asignados cada ministerio, pero mientras no tengamos los recursos no podremos implementarlo. Eso permitirá hacer una oposición eficiente y constructiva para la democracia”, explicó Marulanda.
Desde el Gobierno aún no hay una respuesta oficial sobre la implementación que ha tenido el Estatuto de la Oposición y en el Congreso, para muchos, es inadmisible, más allá de la entrega de recursos adicionales, que a quienes no están con Duque, por ejemplo, les pongan trabas para echar a andar la moción de censura que se promueve en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sobre todo, cuando la presidencia del Senado está en cabeza de Ernesto Macías, miembro del Centro Democrático, partido del presidente.
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