Con el decreto antitrámites los colombianos se han ahorrado $1.815 millones: Función Pública

El decreto Antitrámites trata de simplificar la función del Estado y elimina trámites en más de 21 sectores del Gobierno. /Pixabay

Hace poco más de seis meses entró en vigor el decreto 2106 de 2019, más conocido como el decreto ley Antitrámites. Como su nombre lo indica, la orden presidencial reducía considerablemente los trámites exigidos por las instituciones gubernamentales, para así hacer más fácil los procedimientos y ahorrarle tiempo y dinero a los ciudadanos. Aunque el decreto ha afectado la forma como los ciudadanos se relacionan con el Estado, su difusión no ha sido tan extensa.

Por esta razón, El Espectador habló con Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio Ciudadano en Función Pública, para entender las implicaciones del decreto y la importancia que este ha tomado en tiempos de coronavirus, cuando se ha dado como directriz mantener a los ciudadanos lo más protegidos posibles frente a posibles aglomeraciones y contacto con otras personas.

Se cumplen 6 meses de la firma del decreto antitrámites, ¿Cuál es el parte que le puede dar al país en este momento?

El parte es positivo porque el decreto estableció obligaciones desde el momento de su firma. Otras tenían un periodo de 6 meses y otras de 8 meses a un año. Las que empezaron a regir de manera inmediata, las entidades han tenido una reacción muy juiciosa en la implementación de esas acciones. Es algo muy importante porque es un decreto con fuerza de ley que tiene más de 155 artículos y que modifica trámites de más de 21 sectores del Estado. Hay mejoras transversales para todos los trámites. El balance es positivo porque ha sido conocido e implementado.

¿Cuáles son esos trámites que se han suspendido desde la aprobación del decreto?

El decreto da algunos lineamientos para establecer cómo ciertos trámites se adelantan. Hay trámites transversales que han tenido un impacto inmediato, como es todo el tema de certificados, carnés y otros documentos que hoy en días se pueden consultar en bases de datos que reposan en sistemas de información. Esto permite que el ciudadano no tenga que cargar con algunos documentos. Esto va desde las tarjetas profesionales, para que en una entidad pública no pidan la tarjeta, sino que validen las bases de datos para saber si está activa o no. Hay otros más puntuales como no tener que cargar con el certificado de la prueba tecnicomecánica, porque esa información está en los sistemas de información del Estado y un Policía no puede pedir que lleve este documento. Hay otros trámites que son procesales, que impactan a muchas entidades y es todo lo que tienen que ver con certificados y paz y salvos. La ley lo que dice es que estos documentos pueden ser consultados digitalmente o en las bases de datos.

Cuando entramos a sectores pues aún la cosa se pone mejor. En el sector de vigilancia y seguridad privada, se logró que a todas las empresas que tenían vigente su licencia de funcionamiento automáticamente se le amplió hasta 10 años. A todas las empresas que van a renovar las licencias antes les tocaba sacar licencias por 5 años y a veces el proceso era lo más demorado y se prestaba para actos de corrupción para agilizar la licencia. Entonces lo que hace el decreto es extender todas las licencias en 10 años y eso lo que permite es que no haya corrupción y que se pueda obtener en la legalidad. Hay otros trámites de transporte fluvial. Además, nosotros como Función Pública estamos liderando una iniciativa para que los que vayan a entrar al sector público no vayan a solicitar certificados que ya reposan en la hoja de vida del sistema de información de empleo público. Hemos tenido avances en temas que afectan a los empresarios, como es el sistema del impuesto al consumo, que va a empezar a consolidar la información de los pagos de los distribuidores e importadores de licor en el país a las gobernaciones. Tenemos 158 artículos y cada uno tiene un nivel de avance.

¿Cuál es la reforma antitrámite a futuro que va a ser importante para el ciudadano?

Una apuesta fuerte que tiene el decreto ley es la implementación de los servicios ciudadanos digitales. Esta es una apuesta nacional de llevar la tecnología a un nivel mayor en medida de la autenticación de los ciudadanos ante las entidades en materia de firmas, trámites e intercambio de información. Lo que se busca es que cuando se tenga montada la plataforma, que será dada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, solo se tenga que autenticar de una manera y no de distintas maneras ante cada entidad. Un ejemplo es que si uno tiene un trámite ante la Dian toca tener la firma digital con ellos, al igual que el código. Pero si uno va a entrar a la ventanilla única de comercio exterior, toca tener otro usuario, contraseña, mecanismo de autenticación y de firma. Ahora, con un solo mecanismo de autenticación, se podrá hacer contacto con las demás entidades. Esto facilita al ciudadano la interacción con las entidades y lo acerca a ellas. Va a permitir mayores calidades de identificación, que es lo que se está trabajando con la Registraduría.

Cuando salió este decreto ley se tomó como la gran noticia que no se iba a exigir la fotocopia ampliada. La idea es que con el registro de la Registraduría las entidades puedan validar solo con el número de cédula que los datos que se están dando son los que corresponden a la persona. Esto va a permitir que cuando uno se conecte en línea la entidad valide la persona y va a evitar tener que acercarse a la entidad, llevar la fotocopia de la cédula y cosas por el estilo. También permite la seguridad de que no va a haber suplantación. Otro servicio es el de la carpeta ciudadana, este es un poco más robusto y busca que cuando se haga un trámite con una entidad o se introduzcan algunos documentos, estos quedan en las bases de datos de las entidades y se pueden construir carpetas con la información. Esto permite que el día de mañana, cuando se va a hacer un trámite con otra entidad, si esa información ya reposa en los sistemas de información, pues no se va a exigir de nuevo la información, sino que se toma del sistema. Cuando logremos establecer la carpeta ciudadana, las entidades se van a hablar entre sí y el ciudadano no tendrá que llevar información.

¿Qué implicación ha tenido para el bolsillo de los colombianos la reducción de trámites?

Hemos cuantificado cada mejora en los trámites para ver qué implicaciones ha tenido en la calidad de vida del ciudadano en materia de ahorros. Cada vez que uno quita un trámite en el que el ciudadano no tienen que pagar o desplazarse esto significa un ahorro al ciudadano. Desde que sancionamos el decreto ley antitrámites a la fecha, se han ahorrado más de $1.185 millones. Lo que hacemos es calcular las personas que han hecho el trámite desde que arrancó la medida y eso cómo se mejora frente a lo que antes había y lo que han ahorrado.

¿Cómo ha funcionado la estrategia antitrámites durante la pandemia?

Lo que se ha buscado es la atención digital y que los ciudadanos no se tengan que desplazar ante las oficinas. Con la pandemia se ha hecho que las entidades un poco más a la fuerza se vean obligadas a tecnificar y a interactuar por medios digitales con los ciudadanos. Esto lo hemos tenido que contemplar con otros decretos. En el marco de la pandemia se ha dicho que así no se tenga la infraestructura, se puede interactuar a través del correo electrónico con el ciudadano para evitar los desplazamientos. Se han ofrecido opciones alternas para que no se tengan que acercar a las oficinas. Esas mejoras han sido importantes en medida de que son temporales y que los ciudadanos han podido ejecutar tareas sin acercarse. Por ejemplo, en el sector educación, a los estudiantes que no hicieron la prueba Saber Pro en marzo se les quitó como requisito para entrar a la universidad. También en el marco de los decretos se permitió que el registro ante el Invima se redujera su valor para el registro sanitario. Al final son trámites que se tienen que adelantar así la actividad comercial disminuya. En el marco de la pandemia también se ha facilitado el registro de los reactivos y la tecnología para los respiradores de los servicios de atención médica.

La apuesta por la virtualidad se ha impulsado por la pandemia, pero ¿qué pasa con esas poblaciones o sectores que no pueden acceder a estos medios por razones geográficas o económicas?

En el decreto que se establece la cuarentena y garantizamos la prestación del servicio, le damos a la gente opciones complementarias para garantizar que la prestación del servicio no se afecte. Adicionalmente, le hemos dado lineamientos a las entidades para garantizar la calidad del servicio en la realización de trámites. Si bien no todos tienen acceso a internet, sí tienen celular -en Colombia hay más de un celular por persona- y pues por mensajería de texto se les hace llegar la información. Eso lo hace el Fondo Nacional del Ahorro, algunos hospitales y ciertas entidades. Notifican a los ciudadanos, no por correo electrónico, sino por mensaje de texto. Hay otras formas de entablar contacto con los ciudadanos: las llamadas y el correo postal. También se ha ampliado los plazos para que los ciudadanos hagan ciertos trámites que se necesitan de la presentación de las personas para validar.

Pero también con esta cuarentena hemos venido dando pasos para llegar a estas poblaciones a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Hay un compromiso de acercar a esas personas que no tienen conectividad y/o no tienen equipos de cómputo y dotarlas de mecanismos para conectarse y para tener acceso a tecnología. Esto no es un tema que no va a acabar ahora y aunque comencemos a abrirnos, esto es un tema que se demora. En ese sentido estamos trabajando de forma articulada: mientras una entidad activa el carné digital, el otro ministerio entrega el computador y otro garantiza la conectividad.