A equilibrar poderes

Luego de varias reuniones con los diferentes sectores políticos del oficialismo, independientes, de oposición y con representantes de las altas cortes, el Gobierno radicará hoy la que podría ser la reforma más ambiciosa del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos: la de reequilibrio de poderes, que tiene como fin ordenar el desbarajuste del Estado.

El asunto para el Gobierno no da más espera. Por cuenta de la reelección presidencial, el intercambio de favores entre los organismos de control, las funciones nominadoras de las cortes, el pobre compromiso de los partidos con la transparencia y los “excesivos” poderes de los órganos de control fiscal y disciplinario, el país semana a semana se encuentra con escándalos como carruseles de nombramientos, congresistas con líos judiciales y funcionarios de bolsillo del presidente de turno.

Aunque mejorar ese pálido panorama requiere medidas más allá de una reforma constitucional, desde ya se puede asegurar que el Gobierno ¬apoyado por la coalición —Partido Liberal, la U y Cambio Radical¬—afrontará tropiezos en el trámite de la iniciativa porque, a diferencia de hace cuatro años, la bancada de Unidad Nacional se ha reducido y ahora tendrá que conciliar el contenido con los partidos que se han declarado en independencia, como el Conservador y la Alianza Verde, sumado a la radical oposición del Centro Democrático y el Polo Democrático.

Por eso, la estrategia del Gobierno fue socializar su contenido antes de presentarlo al Congreso, y aunque se lograron acuerdos en temas específicos, también fueron cayendo algunos puntos. En esta ocasión la reforma va más allá de un “articulito” que elimine la reelección. El esfuerzo que tendrá que hacer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para lograr una conciliación a la altura de las necesidades del país y que no termine convertida en un “monstruo”, como calificó el mandatario la reforma a la justicia que se objetó en 2012, será grande.

En cuanto al contenido de la reforma que presentará el Gobierno, está claro que hay un acuerdo en eliminar la reelección del ordenamiento jurídico. No sólo será prohibida para el presidente de la República, también para altos funcionarios como contralor, procurador, fiscal, junta directiva del Banco de la República y auditor general (este cargo podría desaparecer).

En materia electoral, la idea es que para Senado todos los departamentos tengan representación (en la actualidad, 14 no tienen quién asuma su vocería en la Cámara Alta). Para este fin se crearían listas mixtas con parlamentarios nacionales 20 y 80% regional. Además, las listas al Congreso serán cerradas, es decir, el voto será para el partido y no por un candidato específico.

El Espectador conoció que para enfrentar el abstencionismo electoral la reforma contendrá entre sus artículos uno que hace prácticamente obligatorio el voto, porque deja claro que quienes no sufraguen no podrán aspirar a cargos públicos o contratar con el Estado.

A juicio del Gobierno, esto abaratará las campañas y se confeccionarán listas con personas idóneas, por encima de los caudillos electorales que en ocasiones resultan con problemas jurídicos o éticos. Las listas cerradas también facilitarán la financiación estatal de las campañas, porque el dinero será administrado por cada partido.
En lo que tiene que ver con la Rama Judicial, la decisión es desligarla de la política. El primer paso es retirar las funciones nominadoras de candidatos a la Procuraduría y la Contraloría que se convierten en un intercambio de favores entre Congreso, cortes y Gobierno, para finalmente nombrar al candidato que tiene el guiño del presidente de la República.

El denominado “yo te nombro y tú me nombras”, en el cual un magistrado cumplía su período y se postulaba para otra Corte, será cortado de tajo. A cambio el Gobierno se comprometió a que en el articulado será ampliado el período para magistrados y la edad de retiro forzoso pasa de 65 a 70 años.

Nuevamente se propone la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y crear un Consejo de Administración del Poder Judicial, con una sala de gobierno integrada por los presidentes de las altas cortes, el fiscal, representantes de las facultades de derecho y jueces. La sala administrativa estaría compuesta por expertos en gestión pública y contaría con un director (gerente). Y, para el disciplinamiento de los abogados, se crearía una colegiatura.

También el Ejecutivo plantea la creación de un supertribunal de aforados, donde serán juzgados los altos funcionarios, incluidos el presidente de la República, el vicepresidente, el fiscal, entre otros. La inoperante Comisión de Acusación se encargará sólo de delitos y faltas disciplinarias cometidas por el presidente de la República.

En el tema disciplinario (procurador) sólo se podrán sancionar hechos que no se constituyan en delitos tipificados penalmente. La idea es que un funcionario no tenga dos juicios por el mismo asunto. Se mantiene la potestad sancionatoria con limitaciones a los derechos políticos, es decir, una sanción como la impuesta al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no se podrá repetir.

En el tintero hay propuestas como permitir la reelección para congresistas sólo por dos ocasiones. No hay consenso sobre la posibilidad de ampliar los períodos de presidente, alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas a cinco años, porque dificultaría el debate y estarían en juego intereses de los parlamentarios. En últimas, aunque hoy será radicado el proyecto, lo esperan ocho debates en los que habrá mucha tela por cortar.