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Han pasado 12 días exactos desde que se registró la muerte de 6 campesinos en Tumaco (Nariño) y, pese a las versiones que ha entregado la propia comunidad, aún las autoridades no han logrado determinar la autoría de quienes serían los responsables de dicha masacre. Por un lado, los pobladores de la zona han explicado que fue la propia Fuerza Pública la que activó sus armas en contra de los campesinos en medio de un choque por la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y, por el otro, los altos mandos de la Policía adjudican dichas acciones a la disidencia de las Farc que quieren seguir con el negocio del narcotráfico.
(Lea: Tumaco, contra los males de la droga)
Por eso, para dar claridad sobre lo que realmente ocurrió, la Fiscalía –entre otras entidades del Estado- asumieron la investigación de los hechos y, esta misma semana, dicha institución se prepara para dar a conocer a la opinión pública los primeros resultados. “Estamos esperando los resultados de balística. Ya hemos hecho trabajos en relación con 90 de los 112 fusiles. Tenemos vainillas y tenemos ojivas y con base en eso, espero que en el curso de esta semana la Fiscalía pueda dar los primeros resultados”, anunció el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Entre tanto, la cabeza del ente acusador señaló que sería irresponsable caer en el escenario de las especulaciones, pese a que el informe de balística elaborado por un equipo especial del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y Medicina Legal indica que la mayoría de las balas encontradas y analizadas son propias de las armas que usa la Fuerza Pública. No obstante, de acuerdo con el reporte que han entregado las autoridades, dichas armas habrían sido hurtadas y accionadas por la disidencia de las Farc comandada por alias ‘Guacho’.
Lo cierto es que el enfrentamiento que ocurrió en Tumaco, el municipio más afectado por la siembra de cultivos ilícitos (según el último reporte del Ministerio de Justicia hay 16.960 hectáreas sembradas con coca), no fue un episodio casual ni, mucho menos, al azar. Las versiones de los pobladores indican que se habría conformado una especie de escudo humano para impedirles a los uniformados adelantar labores de erradicación forzosa. ¿La razón? Evidentemente, la desconfianza que ha suscitado para dichas comunidades la contraprestación o los beneficios que tendrán, derivados del Acuerdo de Paz, el someterse a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Algunos creen que el Estado no les va a cumplir.
Por eso, la práctica de bloquear a los Grupos Móviles de Erradicación y las Compañías Antinarcóticos de Seguridad usual, al punto que en 2015 se registraron 140 manifestaciones en el departamento de Nariño. Sólo hasta finalizar la semana, no obstante, se conocerán los resultados que, finalmente, determinarán la responsabilidad de la masacre en esta zona olvidada del país.