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El Gobierno Nacional, a través del decreto 232 de 2020, aceptó este martes la renuncia del Pablo Elías González Monguí a la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que había sido presentada el pasado 11 de febrero ante el Ministerio del Interior.
“Acéptese la renuncia presentada por el doctor Pablo Elías González Monguí”, señala el acto administrativo que fue firmado por la ministra del Interior, Alicia Arango.
En el encargo quedó el actual viceministro de Relaciones Políticas de esa cartera, Daniel Palacios Martínez, quien permanecerá en su cargo mientras se nombra a una nueva persona en la UNP.
En el momento en que se conoció la renuncia de González Monguí, sus asesores negaron que se hubiese presentado la carta y aseguraron que se trataba de información que divulgaba el jefe de prensa del senador Gustavo Petro, Andrés Hernández, como un ataque a la entidad. La oficina de prensa de Petro negó que eso fuera cierto, sin embargo, fuentes dentro del Miniterior confirmaron a El Espectador que la carta sí había sido presentada y que, en un primer momento, había sido rechazada.
Pablo Elías González asumió el cargo el 3 de septiembre de 2018, tras designación del presidente Iván Duque. Antes de su llegada al cargo, el país fue escenario de una gran polémica debido a que uno de los primeros nombres sonados para asumir el cargo fue Claudia Ortiz, cercana al uribismo y crítica del proceso de paz.
Desde que llegó a su cargo, González ha enfrentado grandes retos como lo es el involucramiento a la entidad de varios exguerrilleros reinsertados para que hicieran parte de los esquemas de seguridad de los exjefes de las Farc que abandonaron las armas. La entidad ha tenido un papel importante durante el posacuerdo, ya que ha sido la encargada de brindarle seguridad a un buen grupo de reinsertados.
Su nombramiento estuvo precedido por un escándalo mediático con el anuncio del nombramiento en la entidad de Claudia Ortíz, a quien le sacaron a relucir publicaciones en la red social Twitter en las que atacaba e insultaba a miembros de la oposición. Los reclamos tuvieron sustentos en que no había garantías si se trataba de la persona que tendría a su cargo la protección de la vida de miembros de la oposición y líderes sociales.