El Gobierno Nacional criticó la idea de un grupo de congresistas de quitarle en primera instancia el juzgamiento de los senadores y representantes a la Cámara a la Corte Suprema de Justicia.
Frente a una iniciativa que surgió para que sea un tribunal especializado el que juzgue a aforados en primera instancia, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se mostró contrario a esa posibilidad.
El jefe de la cartera política habló de la necesidad de hacer ajustes a la ponencia que fue presentada en la Cámara de Representantes para cuarto debate.
La idea del Gobierno ahora es que la Cámara apruebe las iniciativas que el Senado había incluido en el trámite de aprobación de esa corporación.
De ser así, para el juzgamiento de los congresistas, la sala penal de la Corte Suprema sería la primera instancia, mientras la sala plena del mismo tribunal acogería la segunda instancia.
La gota que le falta a la copa
El pulso está planteado. Por un lado el Gobierno, que reafirma su postura de seguir adelante con el trámite de la reforma a la justicia en el Congreso, el escenario natural de debate. Por el otro las altas cortes, que ven en la actitud del Legislativo un ánimo revanchista por las investigaciones en procesos como la parapolítica. Una distancia que se termina de ahondar cuando ahora, sorpresivamente y con el aval del Ejecutivo, en la ponencia para cuarto debate de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes se plantea modificar el artículo 235 de la Constitución para evitar que sea la Corte Suprema de Justicia la encargada de juzgar en primera instancia a los congresistas.
Señala la proposición, en su parágrafo 3°, que “son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia conocer de la segunda instancia de los procesos adelantados por el Tribunal de Investigación y Juzgamiento de aforados constitucionales contra los servidores y funcionarios públicos enunciados en el artículo 186 de la Carta”. Y precisamente el artículo 186 es el que dice que “de los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención”.
En este sentido, la propuesta es que para el juzgamiento de congresistas “se creará un tribunal que tendrá una primera sala de tres magistrados dedicada a la investigación de los delitos de todos los aforados (…) y otra sala del mismo número de miembros que adelantará el juicio penal en primera instancia. La segunda instancia será conocida por la Corte Suprema de Justicia”. Los magistrados de este nuevo ‘supertribunal’ serán escogidos para períodos de ocho años, dos serán designados por el presidente de la República, dos por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura y dos por el Congreso.
Como quien dice, parlamentarios y magistrados terminarán escogiendo a sus propios investigadores. Los miembros del nuevo tribunal serían investigados, a su vez, por una sala de tres conjueces que sería elegida por el procurador, el contralor y el fiscal general. Una gota más para rebosar la copa de la discordia en que se ha convertido el trámite de la reforma a la justicia en el Congreso. De hecho, el mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo sobre la propuesta de juzgamiento a aforados: “Esta fórmula me gusta frente a casi todas las anteriores, aunque creo que sigue haciendo falta pulirla y mejorarla en los debates que vienen”.
Curiosamente, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, fue más crítico frente a las modificaciones que se están planteando en la Cámara y afirmó que “se cometieron errores al pasar tan rápidamente una serie de proposiciones en la aprobación en tercer debate. Si no se arreglan esos problemas y sigue como se desbarató en la Cámara la reforma, prefiero que se hunda. Los parlamentarios creyeron que eso era una fiesta y no, la Constitución debe ser tratada con el mayor cuidado, porque es la carta sagrada de todos los colombianos”, enfatizó.
Sin embargo, los representantes siguen defendiendo los cambios realizados en el texto del proyecto y que provocaron esta semana la ira de la Corte Suprema, que anunció su retiro de la discusión. Por ejemplo, Heriberto Sanabria, uno de los ponentes, aseguró que “el retiro de las cortes del debate no implica que se pierda consenso, no se puede dejar satisfecho a todo el mundo, nosotros simplemente estamos tratando de sacar una reforma que satisfaga los intereses de la justicia y de los colombianos”.
Contrario a este planteamiento se manifestó el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, quien dijo que la corporación “está en la obligación de enmendar el sinnúmero de proposiciones que se aprobaron en últimos minutos en la Comisión Primera”. A su vez, el representante Alfredo Bocanegra estuvo de acuerdo con que se tomaron decisiones sin tener en cuenta a los representantes de la justicia: “Creo que la decisión de la Corte Suprema es completamente entendible, las proposiciones que se incluyeron a altas horas de la madrugada no fueron transparentes y eso no le queda bien al Congreso. Nosotros debemos hacer el debate claro y de frente, como se hizo con el tema del fuero militar”.
Para el Gobierno, aun sin la presencia de las cortes en el debate, se continuará con el proyecto, tal como lo manifestó el ministro Esguerra, quien advirtió que no es cierto que se haya pensado en retirarlo. El minjusticia dijo estar “más convencido que nunca de las bondades del proyecto, de las enormes ventajas que significan para la organización y estructura de la administración de justicia, para caminar en la vía de la descongestión de los despachos judiciales”. Lo que los colombianos no entienden todavía es cómo los cambios en el juicio a los congresistas o en la elección del procurador y el contralor los beneficia directamente en cuanto a tener una justicia pronta, eficaz y oportuna.