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Durante los últimos años, uno de los programas que más reparos y problemas ha tenido por parte de gobernaciones y alcaldías en todo el país ha sido el PAE (Programa de Alimentación Escolar). Se trata de una estrategia que llega a cerca de cinco millones de niños, reparte seis millones de raciones diarias y mueve $1,6 billones al año.
Anteriormente era manejado por el ICBF y el Ministerio de Educación, pero hace cuatro años, el Gobierno decidió entregarles el programa a los mandatarios locales y regionales, con el propósito de descentralizarlo y adaptarlo a las necesidades y realidades de cada zona, lo que ha dado para entramados de corrupción, hasta el punto de que hoy son varios los funcionarios en la cárcel, destituidos o con procesos en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Una de esas lupas está puesta en estos momentos sobre el departamento de Bolívar, donde el veedor ciudadano nacional, Pablo Bustos Sánchez, se le ha hecho un seguimiento al manejo del programa, desde el mes de agosto, que ha permitido constatar no solo que la calidad de la alimentación es la más mala de todo el país, sino que se presume de una “manguala” de algunos políticos para apropiarse de los recursos, investigación que ya fue puesta en conocimiento de todas las autoridades -fiscales, disciplinarias y de control-, y de la cual se esperan prontas decisiones. Bustos Sánchez habló así con El Espectador:
¿Qué está pasando con la contratación del PAE en Bolívar?
Hay una precaria transparencia en ese proceso de contratación.
¿Y esas presuntas irregularidades son de la pasada administración?
Es una manguala del gobernador saliente, Dumek Turbay y Vicente Blel, quien fue electo el pasado 27 de octubre. La Secretaría de Educación del departamento es manejada desde hace algunos años por el exsenador condenado por parapolítica William Montes, a través de Patricia Guerra, quien fue ratificada en el cargo por la administración entrante.
Son acusaciones muy delicadas, ¿exactamente, qué tipo de irregularidades constató la Veeduría?
La convocatoria la hacen el pasado 23 de diciembre, a las carreras, y la cierran el pasado 30 de diciembre, aprovechando todas las coyunturas de las fiestas de Navidad. Pero lo más grave es que dejan solo siete días para calificar: el 2 de enero hay que dar respuesta, o sea que el actual gobernador no tiene tiempo para mirar al detalle las respuestas y es ahí donde juega nuevamente la secretaria, Patricia Guerra, quien es la que adelanta el proceso y ya lo tiene negociado.
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¿Pero por qué dice que eso estaba pactado entre las dos administraciones, la saliente y la entrante?
Es lo que dejan entrever. De acuerdo a lo que está pasando es que hay una articulación entre las dos administraciones para quedarse con el negocio, que inicialmente era de $30 mil millones y que por los anuncios del Gobierno y otros pormenores, y aduciendo más mañas, lo rebajaron a $7 mil millones. Lo más preocupante es que la adjudicación se va a hacer el próximo lunes 13 de enero y eso es lo que no puede pasar. Lo que se está haciendo aquí es un negociazo. La premura de la firma del contrato es porque el Gobierno Nacional se apresta a tomar el control sobre estos proyectos en todo el territorio nacional.
¿Tiene la Veeduría alguna petición al respecto?
Estamos pidiendo la intervención de la Procuraduría General de la Nación, preventivamente, y que ella a su vez solicite inmediatamente la suspensión del proceso. Yo vengo trabajando desde hace algunos meses en este tema de Bolívar y he radicado algunos documentos para que se designe un procurador especial, quien debe asumir inmediatamente este proceso de contratación y suspenderlo.
¿Cuál ha sido la respuesta de la Procuraduría?
Han sido diligentes en muchas oportunidades y esta no será la excepción. Creo que nombraron procurador para este caso. Otra de las cosas preocupantes es que la Secretaria de Educación del departamento de Bolívar está tomada por el señor William Montes, quien fue condenado por parapolítica.
¿Usted cree que tendremos resultados, no solo de la Procuraduría sino también de la Contraloría y la Fiscalía?
Tenemos todo el convencimiento de que la Procuraduría está actuando, vamos a esperar de los demás entes. Es preocupante que el departamento de Bolívar sea uno de los que más falencias tienen en el tema de educación y que este ocupando los últimos lugares en calidad de la educación y la alimentación de nuestros niños, eso es lo que tenemos que atacar.