El 5 de febrero de 1991 se instaló en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional la Asamblea Nacional Constituyente, cónclave que reunió a las más variadas fuerzas políticas, sociales y regionales del país para deliberar durante cinco meses y construir una nueva Carta Política. Dos días después, con una votación secreta, tras más de 70 discursos y gracias a un acuerdo político, se eligió el triunvirato que presidiría sus deliberaciones: Horacio Serpa, del Partido Liberal; Antonio Navarro Wolff, de la Alianza Democrática M-19, y Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional.
En diálogo con El Espectador, el hoy gobernador de Santander, Horacio Serpa, cavila sobre aquel momento que partió en dos la historia contemporánea de Colombia, propone relanzar el criterio constitucional moderno que está consagrado en las cláusulas de la Carta del 91 que, según dice, siguen vigentes; habla de las modificaciones que se le han hecho, propone eliminar la reelección presidencial y reexaminar el tema de la participación ciudadana, y advierte que una nueva constituyente sólo se justifica si se garantiza la consecución de la paz definitiva para el país.
Veinte años después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es hoy su reflexión sobre el aporte de la Constitución de 1991 al país?
Le brindó a Colombia un nuevo ambiente democrático y la posibilidad de modernizar sus instituciones. No se logró, hasta el momento, la paz definitiva, pero el país ha pasado muchísimas dificultades y la pregunta es: ¿qué hubiese ocurrido en estos 20 años sin la Constitución del 91? Pongo ejemplos: ¿qué tal manejar todas esas situaciones en estado de sitio? ¿O juzgar a los civiles por las cortes marciales? ¿O manejar las finanzas del país sin una junta directiva independiente en el Banco de la República? ¿Qué hubiera sido de Colombia enfrentando la criminalidad con el sistema que teníamos antes sin la Fiscalía? ¿O qué hubiera pasado si no tuviéramos una Corte Constitucional? Ahí es cuando se ve que el país ganó muchísimo con las instituciones que creó la Constitución del 91. Si bien no fue una obra perfecta, fue un aporte necesario para la institucionalidad y para la modernización del país.
¿Qué recuerda hoy de todo ese proceso turbulento que vivió Colombia y que antecedió a la Constituyente?
Antes de la Constituyente hubo una etapa muy compleja. Cuatro candidatos presidenciales habían sido asesinados. Eso no más muestra la situación tan terrible que se vivía: narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, infiltración de todos ellos en la política. Eso dio lugar al proceso constituyente y no tengo la menor duda de que las nuevas instituciones, si bien no conjuraron inmediatamente la situación de crisis que se vivía, sí le dieron un respiro muy grande al país y ahora se están viendo los resultados porque no hay duda de que seguimos mejorando. Una Constitución no produce efectos al día siguiente, tiene que madurarse, desarrollarse, y eso es lo que ha venido haciendo.
Pero hoy vemos una Constitución remendada, a la que se le han hecho 29 reformas sustanciales y vienen otras en camino...
Ha habido un intento de desmontar la Constitución por la puerta de atrás, pero es que nadie pretendía hacerla para que no se modificara nunca. Es cierto, hubo necesidad de hacer reformas para actualizarla y mejorarla. Uno no se puede aferrar a la idea de que lo que yo hice no se puede cambiar. Sin embargo, creo que la filosofía de la Constitución del 91 se mantiene. Se han roto algunos diques, pero se mantiene, como el reconocimiento de la biodiversidad; hoy somos una sociedad mucho más incluyente donde caben los negros, los indígenas, los pobres, los costeños, los bogotanos, los católicos, los adventistas, todos. Otra cosa es el empoderamiento del ciudadano de sus derechos con la tutela. El criterio social y democrático se mantiene. Somos un país que avanza con firmeza por lo institucional y lo que debemos hacer en esta conmemoración es el relanzamiento de ese criterio constitucional moderno que está consagrado en las cláusulas de la Carta del 91.
Es claro que cuando se concibió la nueva Constitución se hizo pensando en un Estado en el que no cabía la reelección presidencial, ¿qué implicó para su espíritu la reelección presidencial?
Ese ha sido el desbarajuste más grande desde el punto de vista constitucional, porque la filosofía y los fundamentos esenciales de la Carta se hicieron sobre la base de que hubiera cada cuatro años elección de presidente y que hubiera alternancia. Al aprobarse la reelección, muchos de los factores que se creyeron convenientes para que hubiera más democracia, para que hubiera controles o pesos y contrapesos, se rompieron. Sigo pensando que hay que volver a la no reelección.
¿Debería tramitarse entonces una reforma para volverla a prohibir?
Sin duda. La reelección fue nociva para la democracia.
Uno de los grandes avances de la Constitución del 91 tuvo que ver con la justicia: se crearon la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Defensoría, el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, hoy se habla de crisis e inoperancia en ella, ¿en dónde estuvo el error?
No es así, falta es acentuar más los fundamentos de la Constitución. La gran reforma que se hizo en materia de justicia fue la independencia funcional y la autonomía administrativa y presupuestal. O sea que la justicia no fuera manejada por el Poder Ejecutivo o que su presupuesto no lo maneje el presidente de turno sino el Consejo de la Judicatura. Ese fue un gran avance y se mantiene. Hay algunos problemas internos y de pronto sí hay que modificar cosas como eso de que para elegir el contralor se haga una terna que tenga origen en las cortes, porque así se politiza la administración de justicia. Eso se puede modificar, pero lo esencial se mantiene. Un país con crisis en el Ejecutivo y en el Legislativo, el único poder que se mantiene erguido, con dificultades pero independiente y serio, es la Rama Judicial.
Pero si esa politización que tanto se quiso evitar es hoy evidente...
No lo veo así. Aquí hablan de politización por el nombramiento del fiscal, pero ese no es el sentido de la politización del órgano judicial. Lo sería si los candidatos para magistrados los mandara la Dirección Liberal o Conservadora, o los fallos se aplicaran según el color político del sindicado. Eso no ocurre. No creo que la justicia esté politizada. Ha habido choques entre las ramas Judicial y Ejecutiva, pero pienso que eso se da precisamente por esa independencia que existe entre los poderes. La politización partidista no existe.
Por cierto, ya sea invocando una reforma a la justicia o cualquier otro motivo, no faltan quienes anden proponiendo nuevas constituyentes…
Habría dos factores que justificarían una nueva constituyente: que el país definitivamente quiera seguir haciendo reformas y reformas, las cuales volverían la Constitución incoherente y harían necesaria una modificación de fondo. Pero una cosa que no hemos comprendido es que para hacer una Constitución, antes de hacer los artículos hay que tener una filosofía, un talante y un compromiso constitucional, y que es alrededor de lo que se señale en torno a ellos que se elaboran las cláusulas del cuerpo constitucional. Reformas por aquí y por allá, incoherentes, vuelven la Constitución una especie de Frankenstein, lo cual es pésimo para el país.
¿Una nueva constituyente sería un salto al vacío?
La Constitución de 1991 está vigente en sus criterios básicos, con algunas brechas que se han roto y que hay que cerrar. La Constitución sirve, es buena, tiene íntegra su filosofía de democracia, de rechazo a los conflictos, del reconocimiento a los derechos, de instrumentos para el reconocimiento de esos derechos, de independencia de las ramas del poder. Quizá lo único que justificaría una gran reforma sería alcanzar la paz definitiva, pero así como vamos creo que esta Constitución sirve para lograr la paz. Mi planteamiento sería: aprovechemos los 20 años para relanzar la Constitución de 1991. Que los ciudadanos se empoderen de sus fundamentos, de sus criterios para que hagamos desarrollos legislativos y reformas que redunden en beneficio de todos.
Llama la atención que 20 años después, todavía hay muchas cosas que se quedaron en el papel: el estatuto del trabajo, la ley de ordenamiento territorial son claros ejemplos, ¿qué puntos clave cree que faltan por desarrollar?
Que recuerde ahora, el estatuto de trabajo nunca se hizo. El Artículo 20, que dice que la paz es un derecho y un deber nunca se desarrolló. Tampoco tenemos estatuto de la oposición. Y en cuanto a las modificaciones, creo que una cosa que hay que hacer es reexaminar todo el tema de la participación, el cual está muy bien concebido constitucionalmente, pero su desarrollo bloqueó los quereres de participación del ciudadano colombiano. Por ejemplo, en estos 20 años sólo una sola ley se ha aprobado por iniciativa popular; con la revocatoria del mandato, no ha habido una sola a pesar de tantas picardías de los gobiernos.
Serpa y el recuerdo de Álvaro Gómez Hurtado
¿Qué recuerda hoy de Álvaro Gómez Hurtado?
Mucho. Todo el proceso preconstituyente, en el cual tuvimos la oportunidad de interactuar. Cuando se concibió la posibilidad de hacer una nueva Constitución, convocando una Asamblea Constituyente, yo era el ministro de Gobierno del presidente Barco. Participé en todo ese proceso y con el doctor Álvaro Gómez se hicieron consultas. Una vez elegida la Asamblea Constituyente, la etapa previa a la instalación, fue cuando concebimos que hubiera una presidencia colegiada con él y con Antonio Navarro. Fueron cinco meses de trabajo conjunto en donde no siempre estuvimos de acuerdo. Éramos tres corrientes diferentes, pero teníamos la responsabilidad de armonizar el trabajo de la Asamblea. Aun en medio de las concepciones políticas diferentes logramos crear un solo cuerpo pensando en el país. Fue un trabajo maravilloso del cual me siento muy orgulloso.
El legado del líder conservador
La Constitución de 1991 guarda entre muchas de sus líneas el legado de Álvaro Gómez Hurtado, quien con Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolff conformaron el triunvirato que presidió la Asamblea Nacional Constituyente.
Asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Gómez Hurtado participó activamente en las deliberaciones y ayudó a introducir en la nueva Constitución la acción de tutela, el derecho de petición, las acciones populares, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como la creación de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.