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Justo cuando se cumple una semana del plebiscito ideado para refrendar los acuerdos de paz alcanzados entre Gobierno y Farc en La Habana (Cuba), este domingo el expresidente Álvaro Uribe Vélez –uno de los principales promotores del ‘No’ que se impuso en las urnas– divulgó en detalle los puntos a los que se oponen y una serie de proposiciones para lograr avanzar en un acuerdo de paz final.
Señalando la urgencia, pero también la paciencia que se requiere para lograr un documento que recoja todas las voces y observaciones que formularon quienes se opusieron a lo acordado en La Habana, Uribe divulgó los principales puntos de discordia; sin embargo, reiteró que “siguen por la paz”.
El expresidente y ahora senador se refirió inicialmente a la ‘impunidad total’ que, dijo, tendrían los mayores responsables de delitos atroces, lo que supone no solo un “mal ejemplo”, sino que configuraría nuevas violencias y generaría incertidumbre jurídica.
“Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, entre 5 y 8 años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas agrícolas”, sostuvo Uribe, quien también advirtió que el narcotráfico “no debe ser calificado como delito político”.
En materia de participación política para miembros de las Farc, el líder del Centro Democrático insistió en que no deben ser elegibles los responsables de delitos atroces y expresó su preocupación por que los “premios a la violencia se traduzcan en más violencia”.
“Los privilegios al partido de las Farc y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8.000 y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los $140.00”, agregó.
Uribe se refirió a las observaciones formuladas al Tribunal Transicional y manifestó que entre sus “facultades exhorbitantes” tiene aquella de definir qué conductas son delitos. “Estamos de acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”, dijo.
El exmandatario indicó la urgencia que se requiere para no agregar motivos de violencia a la criminalidad “que gira sobre las 200 mil hectáreas de coca”, el Eln, disidentes de las Farc, bandas criminales, microtráfico, drogadicción e inseguridad urbana.
“Que a los integrantes de las Farc se dé protección efectiva a condición de la suspensión de todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos. La ley podría conceder una amnistía, sin desmovilización total inmediata, a guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Y para garantizar sus ingresos se podría contratar con ellos que empiecen la destrucción remunerada de la droga”, indicó Uribe.
Uribe pidió que se tramite en el Congreso una norma de “alivio judicial” para soldados y policías, recordando que el Centro Democrático ha presentado varios proyectos en ese sentido, en los cuales no son igualados con integrantes de la guerrilla.
“Contrario al ultimátum que aplazó las bombas para el primero de Noviembre, creemos que se necesita paciencia para discutir tantos motivos de preocupación. En la campaña nos referimos a las víctimas, a los niños y demás secuestrados, a la familia, al respeto a la mujer, a tantos otros temas sobre los cuales propusimos alternativas. (...) La pequeña diferencia del No tiene el mérito de haber sido contra una enorme desventaja. Reiteramos urgencia y paciencia para el inmediato futuro”, precisó Uribe.
Las propuestas
Elevando un llamado para que las discusiones sean públicas “para evitar tergiversaciones”, el mandatario divulgó cinco propuestas para intentar redireccionar los diálogos y alcanzar un acuerdo de paz que sea aceptado por todas las partes:
1. Se debe privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales.
2. Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente.
3. Los compromisos con las Farc deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
4. Los compromisos con las Farc no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos.
5. Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación.