:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/HQggF8g6IpbGQghY69v8K5A46c4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WSBSP54JAFC27FM4LJOB3XDPSI.jpg)
La Comisión Primera del Senado aprobó en el primero de ocho debates de la llamada reforma al equilibrio de poderes la creación de un tribunal especial para los altos dignatarios del país, el ahora conocido Tribunal de Aforados tendrá ‘dientes’ para investigar, por primera vez en el país, a los magistrados de las altas cortes.
El tribunal será la instancia que reemplazará a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que históricamente ha tenido una precaria labor en el juzgamiento de los aforados constitucionales.
Este organismo será el encargado de “juzgar la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República y al Fiscal General de la Nación, aunque hubiesen cesado en el ejercicio de sus cargos”, según la proposición aprobada.
Los funcionarios podrán ser juzgados por su e responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Una de las condiciones para que el Tribunal de Aforados proceda será que el Senado de la República en pleno deberá autorizar proseguir con dicho juzgamiento
“El tribunal tendrá nueve miembros, elegidos por la plenaria del Senado de la República, de tres ternas enviadas por el Presidente, tres enviadas por la Cámara de Representantes y un terna enviada por la Corte Constitucional, otra por el Consejo de Estado y otra por la Corte Suprema de Justicia. El periodo de los miembros del Tribunal de Aforados será de ocho años y no podrán ser reelegidos”, asegura la proposición aprobada.
El Tribunal de Aforados solo tendrá competencia para conocer sobre hechos ocurridos “con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto legislativo”.