Un nuevo capítulo de inestabilidad política se vive en el departamento de Sucre. Nuevamente tiene que ver con el gobernador Julio César Guerra Tulena, a quien esta vez la Contraloría General de la República le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento patrimonial en la compra de textos escolares con un sobrecosto, al parecer, de más de $800 millones.
Pero el escándalo no para allí. En la resolución 0001 de enero de 2014, la Contraloría solicita al presidente de la República la suspensión inmediata del gobernador Guerra Tulena “en virtud de la prerrogativa constitucional de la verdad sabida y buena fe guardada”. Asimismo, el organismo de control argumentó que la suspensión preventiva busca evitar que el mandatario departamental interfiera en el curso normal de la investigación que se lleva en su contra.
El documento del ente de control señala que, teniendo en cuenta el número de textos escolares adquiridos, se estableció la diferencia entre el valor por el cual se adquirieron y el valor cotizado por el agente comercial, lo que “arroja un valor imputable a detrimento patrimonial por la suma de setecientos veinticinco millones doscientos dos mil pesos, por concepto de sobrecostos en la adquisición de materiales de evaluación de competencias por parte del departamento de Sucre”.
La Contraloría también le imputa a Guerra Tulena la responsabilidad en la pérdida de 2.136 textos que figuran como adquiridos pero que no llegaron a su destino, y tasa este detrimento en poco más de $103 millones. La solicitud de suspensión al mandatario departamental ya está en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien en los próximos días debe tomar una decisión al respecto.
Según el exrepresentante a la Cámara Luis Felipe Villegas, quien instauró la denuncia, “la impresión de un libro de estos cuesta más o menos $7.500 y fueron adquiridos por la Gobernación de Sucre por $70.000 cada uno. Esa misma firma los vende a otros colegios públicos en un precio de entre $25.000 y $30.000”.
Por su parte, el gobernador Guerra Tulena envió un comunicado público en el que rechazó la apertura de la investigación formal en su contra y sostuvo que la solicitud de suspensión es inconstitucional. “El mandatario afirma que no ha incurrido en detrimento patrimonial e informa a la opinión pública que defenderá su derecho fundamental de elegir y ser elegido consagrado en la Constitución”, se lee en el comunicado de prensa.
En ese comunicado también refirió que la Contraloría General no le notificó directamente su decisión sino que lo hizo a través de los medios de comunicación, y agregó: “El proceso contempla que si el gobernador restituye la cifra antes mencionada al erario, el proceso queda finalizado, ya que es de carácter resarcitorio y no sancionatorio. El hecho de consignar el presunto daño fiscal no significa que se ha incurrido en el mismo. Tiene prioridad el derecho fundamental de haber sido elegido por el pueblo, como consecuencia de lo anterior seguiré en el ejercicio pleno de mis funciones como gobernador de todos los sucreños”.
Al mismo tiempo, el abogado defensor del mandatario departamental, Rubén Darío Henao, expresó al diario El Universal que “el gobernador ya consignó el daño patrimonial que está por alrededor de $829 millones en una cuenta que tuve que conseguir por otros medios diferentes a otros funcionarios que tenían la responsabilidad de dármela”.
Al margen de este episodio, vale la pena recordar que Guerra Tulena ha enfrentado duros señalamientos desde que se presentó como candidato al principal cargo del departamento. Estando en plena campaña, la Corporación Nuevo Arco Iris elaboró, por petición del gobierno nacional, una lista de candidatos sobre quienes recaía la sospecha de que estaban apoyados por el paramilitarismo o la delincuencia, y en esa lista, que desató un escándalo nacional, figuraba el nombre del hoy gobernador.
Hace unos meses se presentó otro grave episodio que involucra a la Gobernación. Se trata de la millonaria licitación de apuestas y juegos de azar para todo el territorio sucreño que le fue asignada a la empresa Aposucre, de la cual es socia la condenada Enilce López, alias La Gata. El gobierno nacional, mediante el secretario de Transparencia, Rafael Merchán, prendió las alarmas y la licitación fue revocada por decisión del gobernador Guerra Tulena.
Precisamente por este episodio de la licitación del chance, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Julio César Guerra Tulena y dos exfuncionarios públicos más y el juicio se adelantará el próximo 21 de enero. Por ahora, el tema del chance es sólo otro episodio incómodo para el gobernador que hoy está en la mira de la Contraloría y cuya suerte como mandatario departamental está en manos del presidente Santos, quien tiene en su despacho la solicitud de suspensión del polémico gobernador de Sucre.