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Esta semana, justo el pasado jueves 9 de abril, a alcaldes y gobernadores se les cumplió una fecha que, si bien conlleva una amplia carga simbólica, no deja de ser considerada determinante para “medir el aceite” y comenzar a evaluar la gestión de cualquier mandatario: sus primeros cien días de administración. Sin embargo, toda la planificación que había alrededor de este periodo quedó relegada y una eventual evaluación no reflejaría lo que proyectaron en sus programas de gobierno, con los que se hicieron elegir y que recién estaban implementando. ¿La razón? La emergencia sanitaria que desató el coronavirus.
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Tal como ha sucedido en casi todos los ámbitos de la sociedad, esta medición terminó siendo eclipsada por una pandemia que, en el caso de los mandatarios regionales, vino a cambiar radicalmente la mayoría de sus metas, reformar una a una sus prioridades, reorganizar toda la actividad administrativa y ponerlos a prueba, con creces, en el manejo de crisis para garantizar derechos e implementar políticas públicas.
La dificultad no es de poca monta para las nuevas administraciones, dado que el comercio, la industria y el transporte están paralizados; es decir, la actividad económica es casi nula. Se redujeron las tarifas de los impuestos y se modificaron los plazos para los pagos, lo que les complica disponer de grandes recursos derivados precisamente de esas rentas. Además, los dineros que se tenían destinados para infraestructura o competitividad, por ejemplo, tuvieron que ser reorientados para otros sectores, como la salud y el bienestar social.
Todo esto con el agravante de que aún estaban en construcción los planes de desarrollo y recién comenzaban a darse las deliberaciones ciudadanas frente a la hoja de ruta de las poblaciones. No obstante, esos proyectos —que por ley deben estar listos en los cuatro primeros meses del año y aprobados a más tardar el 31 de mayo— hoy quedaron en el limbo y sujetos a lo que determine el curso de la crisis.
“Esta pandemia es la fractura total de cualquier agenda de gobierno e incluso está por fuera de los planes que inscribimos ante la Registraduría como mandato popular”. Quien retrata lo problemático de la situación es Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali —la segunda ciudad del país con mayor número de casos confirmados por coronavirus, después de Bogotá—.
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Su lectura no difiere de lo que piensan otros mandatarios frente a los desafíos y amenazas que supone para sus planes la pandemia. “Es titánica la tarea que realizan hoy cientos de gobernantes en medio de carencias y dificultades”, advierte a su turno el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, señala que “ningún departamento estaba preparado para esta situación, porque termina desbordando todas las capacidades”.
Mientras, desde la Gobernación de Antioquia —la tercera región más afectada en cuanto al número de contagiados— dicen que la crisis obligó a “una revisión de los indicadores con los que se monitoreará el plan, sumada a una reacomodación de la estructura presupuestal que soporta todo su componente programático”.
Más dificultades
Al reto en materia de gestión pública se suma un dolor de cabeza que, a pesar del coronavirus, no deja de estar enquistado en las administraciones: la corrupción. Aun en plena emergencia, la Procuraduría ya enfocó la lupa en casos insólitos de presunta malversación de recursos que hoy deberían estar al servicio de la atención de la pandemia.
En Cesar, por ejemplo, se investigan aparentes sobrecostos de hasta el 50 % en decenas de contratos para comprar mercados, por valor de $13.000 millones, y que ni siquiera figuran en la página de contratación pública. En Arauca se ha visto la compra de latas de atún a la cínica cifra de $19.000 y bolsas de leche a $13.000. Y en San Andrés se descubrió un contrato por $500 millones para elaborar piezas publicitarias en el marco de una campaña de prevención del virus, pero que escondería supuestas intenciones de hacer política con las ayudas.
Son hasta ahora diez procesos disciplinarios contra funcionarios de ocho departamentos por aparentes irregularidades en contratación frente a la emergencia sanitaria. “Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que hay los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, reprochó el procurador general, Fernando Carrillo.
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De acuerdo con Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, situaciones de este calibre evidencian la necesidad de que haya más vigilancia de los organismos de control, así como mayores actuaciones de los entes para ejercer supervisión política: “Por ello es importante el papel del Congreso, concejos y asambleas, para evitar una mala gestión y hechos de corrupción”.
En esa línea, Jorge Iván Cuervo, experto en formulación y evaluación de políticas públicas, sostiene que estos hechos evidencian también la necesidad de sacar adelante los planes de desarrollo, buscando que las prioridades queden definidas y haya una clara destinación de recursos, teniendo en cuenta que el coronavirus obliga a replantearse todo, y de manera urgente, para atender la crisis.
“Va a quedar mucho desempleado y mucha población vulnerable expuesta. Todo el diagnóstico con el que se hicieron los planes cambia. Hay que rehacerlos y reasignar recursos para la salud, porque este tema seguramente seguirá año y medio más”, explica.
Una oportunidad
Pese a las dificultades que implica el coronavirus y a los riesgos que trae consigo la pandemia, esta crisis no deja de ser una oportunidad para que los gobernantes salgan adelante en materia de desarrollo de políticas públicas. Si bien no se pueden desconocer los hechos de corrupción, tampoco es de poca monta que hoy muchos alcaldes y gobernadores estén mejor calificados que el presidente Iván Duque en el manejo de la crisis.
“El rol de muchos mandatarios en el manejo de la crisis ha sido sobresaliente. Para la muestra el caso de Claudia López en Bogotá. Ha sido tal el buen desempeño, que se piensa que las primeras reacciones al tema se dieron en el ámbito territorial y al Gobierno Nacional le tocó tomar nota y subirse a ese barco”, indica Jorge Iván Cuervo.
Para César Vallejo, profesor de la Universidad Externado y analista, esta situación deja al descubierto también la necesidad de que se fortalezcan sectores rezagados, como salud, educación y bienestar social. “Esta crisis serviría solo si replanteamos el rumbo y vamos todos como Estado, país y sociedad. Hay una buena excusa para agilizar trámites, pasar de la burocracia y salir mucho mejor de lo que estábamos”.
De hecho, hay mandatarios que, en medio de las dificultades, destacan aspectos positivos de la crisis, como una reducción en materia de homicidios, mejoría en el medio ambiente, la posibilidad de impulsar conectividad y nuevas tecnologías, e incluso que se hayan declarado de utilidad pública predios que otrora pertenecieron al narcotráfico.
“Desde cuando se inició la emergencia tengo a mi equipo dividido en dos: los que apagan incendios, reaccionan rápido, llevan mercados y reconectan servicios, y los que continúan construyendo el plan de desarrollo y trabajan en proyectos estratégicos (…) quiero que mi gente no sienta que la crisis nos comió. Sí, esto está duro, pero estamos sacando los proyectos adelante”, declara Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas.
Salta a la vista que el coronavirus es una circunstancia que se salió de cualquier cálculo y ya ha copado casi una tercera parte de los primeros cien días de gestión de alcaldes y gobernadores. El tema no queda ahí y, sin duda, marcará el derrotero de lo que se les viene en el cuatrienio. De ellos depende que sea una oportunidad o una crisis.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.