Más de 130 candidatos al Congreso, cuestionados por sus relaciones con ilegales

Los aspirantes cuestionados pertenecen a las listas de ocho partidos, siendo el Liberal, el Conservador y el de la U los más afectados.

En total, 131 aspirantes al Congreso estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales. / Archivo

Un total de 131 candidatos para las elecciones a Congreso del próximo 9 de marzo —83 a la Cámara de Representantes y 48 al Senado— estarían cuestionados por sus relaciones directas o indirectas con ilegales, clasificadas en dos categorías. La primera como herederos del escándalo de la parapolítica desde 2002, es decir, familiares, amigos cercanos y aliados políticos de quienes están investigados o fueron condenados por relaciones con grupos de autodefensas, y un segundo tipo de relación, caracterizada por presuntos apoyos de actores armados como las bandas criminales, narcotraficantes, guerrillas y contratistas cuestionados.

Según una investigación de la fundación Paz y Reconciliación, desarrollada durante tres meses en diez departamentos del país, el Partido Liberal es la fuerza política que registra el mayor número de candidatos cuestionados por esos nexos non sanctos —18 de ellos para la Cámara y otros 10 al Senado—, seguido del Partido de la U y el Conservador, los dos con 27; Cambio Radical con 19, Opción Ciudadana con 17 y ocho del Centro Democrático. Las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), la Fundación Ébano y el movimiento Cien por Ciento Colombia, que aspiran al Congreso a nombre de las minorías, también tienen candidatos dudosos.

La investigación se centró en los departamentos de Arauca, Casanare, Santander, Valle del Cauca, Sucre, Cesar, La Guajira, Bolívar, Magdalena y Córdoba. El departamento de Bolívar, con 16 políticos, agrupa la mayor cantidad de elegibles con posibles apoyos de ilegales. En segundo y tercer lugares se ubican Magdalena y Cesar. Si bien la investigación tuvo como eje principal diez departamentos, la Fundación identificó la existencia de este tipo de relaciones en otros trece departamentos del país.

El informe establece también niveles de riesgo y en lo que tiene que ver con los candidatos al Senado —hablando con nombres propios— califica como de “riesgo extremo” a quienes en su mayoría son herederos o familiares de excongresistas que en su momento fueron condenados o investigados por la Corte Suprema de Justicia por haber recibido apoyo de grupos paramilitares. En la lista figuran también nombres de algunos que buscan conservar la curul que han ostentado en los últimos cuatro años.

Es el caso, por ejemplo, de la senadora Olga Suárez Mira, hermana del exsenador condenado por parapolítica Óscar Suárez. Está también la senadora Astrid Sánchez Montes de Oca, quien según el informe, habría adquirido el capital político de su hermano, el exrepresentante Odín Sánchez Montes de Oca, condenado en 2011 a nueve años de prisión por formar parte del proyecto político del exjefe paramilitar alias El Alemán. La misma Astrid, durante el reconteo de votos de 2010, fue acusada de fraude electoral.

También quiere repetir la senadora Arleth Casado, esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado en 2008 por vínculos con paramilitares. En la lista están además Juan Sammy Merheg, hermano de Habib Merheg, quien se encuentra prófugo de la justicia y es investigado por vínculos con grupos de autodefensa. En Santander señalan a Mauricio Aguilar, hijo del exgobernador Hugo Aguilar, condenado por parapolítica.

Al Congreso también esperan llegar caras nuevas que tendrían el apoyo de familiares con problemas con la justicia. Es el caso de Luz Estella Cáceres, hija del expresidente del Congreso Javier Cáceres, otro condenado por apoyo de grupos ilegales. De igual forma está Andrés Felipe García, hijo de la exparlamentaria Piedad Zuccardi, investigada por la Corte Suprema. Y la hija del excongresista condenado por parapolítica Vicente Blel, Nadia Blel Scaff, será la llamada a recoger su respaldo electoral en el Partido de la U.

Y hay candidatos hoy investigados, como Manuel ||Guillermo Mora, también de la U, por posible conflicto de intereses, y Antonio José Correa, de Opción Ciudadana, por presunto lavado de activos. Incluso en la lista aparece Alfonso Mattos, aspirante del Partido Conservador, quien según la fundación Paz y Reconciliación, estuvo “preso sindicado del homicidio de un líder del barrio Kennedy en Bogotá por líos en la compra de un lote. Luego fue absuelto y estuvo señalado de enriquecimiento ilícito en 1999”.

Es claro que en términos jurídicos no existe lo que se llama “delitos de sangre”, que las responsabilidades son individuales y cada uno de los exparlamentarios condenados o investigados llevan su propio proceso ante la justicia. Pero lo cierto es que en Colombia, la política es un ejercicio en el que el arraigo familiar es el común denominador y cuando un parlamentario da un paso al costado y deja su curul en el Congreso, por lo general uno de sus familiares se lanza a la arena electoral para relevarlo. Y a juicio de la fundación Paz y Reconciliación, ese es un riesgo a tener en cuenta, pues más allá de los vínculos familiares está la duda sobre si se mantienen vigentes los respaldos de años atrás.

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