MOE: “Reforma política de Duque va en el camino correcto, pero se queda corta con el CNE”

Para la MOE, uno de los puntos principales de una Reforma Política debe ser la conformación del Consejo Electoral como un organismo independiente. / Archivo-El Espectador

Conocida la propuesta de Reforma Política presentada por el gobierno del presidente Iván Duque, la Misión de Observación Electoral (MOE) calificó como acertado y oportuno que el nuevo gobierno busque impulsar en el Congreso reformas tendientes a democratizar el sistema de partidos y fortalecer la lucha contra la corrupción. Sin embargo, advirtió que se hace importante incluir una nueva reforma que toque de fondo la arquitectura electoral, sobre todo en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el análisis, la MOE señala que la Reforma Política que entrega el gobierno del presidente Duque al Legislativo sugiere modificaciones a cuatro artículos de la Constitución. En la primera propuesta, radicada como Acto Legislativo 09 de 2018, se plantea cerrar las listas de las corporaciones públicas, al tiempo que establece que su composición debe ser paritaria; define las primarias como el mecanismo democrático y obligatorio para la selección de candidatos; impone la fusión como requisito para que las coaliciones adquieran personería jurídica; y finalmente, le otorga autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal al CNE.

“La eliminación del voto preferente desestimula el clientelismo y el uso desbordado de recursos en las campañas electorales. Para pasar de listas abiertas a cerradas se requiere de mecanismos democráticos que eviten los autoritarismos al interior de los partidos. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto establece las consultas primarias como mecanismo obligatorio para la conformación de las listas y selección de candidatos”, señala la MOE.

Frente a las primarias partidistas, la organización no gubernamental recomienda que no sea este el único mecanismo para la selección de candidatos y conformación de las listas aceptado en la Constitución. “Actualmente, los estatutos de los partidos contemplan una diversidad de mecanismos, también democráticos, como las convenciones, por lo cual, en la Constitución, más que privilegiarse una sola de estas opciones, debería más bien consignarse el principio de la obligatoriedad de la democracia interna”, agrega. En este mismo sentido, también se apoya el compromiso en torno a la igualdad de género en la representación política, y que se manifiesta a través de la integración de “listas paritarias”.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “si ya se están haciendo modificaciones al artículo 107 de la Constitución, es oportuno entonces incluir dentro de los temas de responsabilidad política de los partidos, que estos sean también sancionados por avalar candidatos condenados por delitos contra la administración pública. Hoy en Colombia la corrupción no genera castigo a los partidos políticos”.

Barrios indicó además que se requiere “pasar de un régimen de responsabilidad meramente enunciativo a uno realmente eficaz, en el que las organizaciones políticas sean llamadas a responder por los hechos cometidos por sus candidatos avalados en ejercicio del cargo, sin importar el tiempo en el cual quede en firme la condena”. Actualmente, agregó, el régimen de responsabilidad política de los partidos contemplado en el artículo 107 de la Constitución es un “canto a la bandera, pura ficción, pues no hay la más mínima posibilidad que un congresista tenga una condena en firme durante el periodo en el que fue elegido”.

En cuanto a las coaliciones, para la MOE, la propuesta presentada por el gobierno Duque entiende esa medida como un paso previo a la fusión entre partidos.  Sin embargo, concluye, este no es el espíritu original con el que se le dio vida a esta figura, que era la de garantizar la existencia de partidos minoritarios. “Al fusionar estas organizaciones se deja a un lado temas de necesaria reglamentación para los partidos coaligados tales como la responsabilidad política, la financiación para el funcionamiento y el régimen de bancadas, entre otros. Por ello, antes de proceder a aceptar la propuesta presentada por el Ministerio del Interior, es necesario abrir el debate sobre el alcance de las coaliciones para cargos a corporaciones públicas”.

Por otra parte, la MOE cree que es fundamental que, al paquete de reformas presentados, el Gobierno Nacional adicione uno que haga referencia a la conformación y funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Se pueden aprobar todas las reformas al sistema de partidos que el Gobierno presentó al Congreso, pero si no se modifica el origen y carácter de la autoridad electoral, es decir, si no se hace una reforma de fondo a la arquitectura electoral, persistirán y se profundizarán las actuales debilidades de nuestro sistema electoral”, enfatizó Barrios.

En su concepto, se requiere de una autoridad electoral independiente de los partidos políticos para que de esta manera se pueda brindar garantías a todos por igual; con presencia territorial, capacidad real de gobierno de las elecciones; así como la fortaleza técnica para investigar y la probidad necesaria para administrar justicia.

Frente a la segunda propuesta de Reforma Política, el Acto legislativo 074 de 2018, el cual busca limitar a tres periodos la reelección a los cuerpos colegiados, la MOE conceptuó que ello “no solo garantiza la renovación de los liderazgos políticos, sino que también genera obstáculos a la creación y mantenimiento en el tiempo de las estructuras clientelistas del orden nacional y local”. Y en cuanto a los proyectos anticorrupción, el concepto es que el Gobierno del presidente Duque “da un paso importante para cerrarle el camino a la relación perversa entre política, dinero y contratos”.

“Para la Misión de Observación Electoral resulta fundamental acabar el circulo vicioso entre elecciones, políticos y contratistas; por eso aplaude el hecho que se hayan presentado los proyectos que tienen por objetivo crear los pliegos tipo en toda licitación pública y eliminar el carácter de información reservada a la declaración de renta de los servidores públicos. Frente al tercer proyecto, hacer imprescriptible los delitos contra la administración pública, la MOE recomienda que esta medida se analice e implemente a la luz de la jurisprudencia actual de las cortes”, reseña el análisis.

“La corrupción en la política es uno de los principales problemas del país; hace una década los nexos entre actores ilegales y políticos eran la principal preocupación que teníamos, hoy, 10 años después, el problema es otro, las redes corruptas conformadas por políticos y contratistas han logrado construir empresas criminales que han tenido como objetivo ganar elecciones, robar recursos públicos y lograr reducir su exposición penal comprando impunidad. Es urgente acabar con este fenómeno” concluyó la MOE, que además cree que el paquete legislativo presentado por el gobierno Duque no riñe con la consulta anticorrupción, a realizarse el próximo 26 de agosto.