Objeciones a la estatutaria de la JEP inician “maratón” en el Congreso

Con un debate a la política de paz del Gobierno se inicia una semana decisiva para los reparos que el presidente Iván Duque le hizo a la normativa de la JEP. Cambio Radical es determinante, pero los impedimentos jugarán un papel también fundamental para determinar las mayorías necesarias.

Senado de la República
La Corte explicó que, sea cual sea la decisión del Congreso, la estatutaria deberá regresar al alto tribunal para su revisión constitucional. Archivo El Espectador

20 de junio. Esa es la fecha máxima que tiene el Congreso de la República para tomar una decisión sobre las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sea cual sea la decisión, explicó la Corte Constitucional, el articulado deberá regresar al alto tribunal para hacer el control constitucional automático.

Por eso mismo, desde este martes se inicia en el Legislativo el pulso entre negar y aceptar las objeciones presidenciales, y las comisiones accidentales de Cámara y Senado sesionarán para presentar un informe de ponencia a las respectivas plenarias, que deberán votar los reparos.

Además, el debate se inicia en medio de diferentes interpretaciones de lo dicho por la Corte. Por ejemplo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, señaló que no enviará el articulado a control constitucional, a menos que tenga modificaciones. Es decir, que si los reparos del presidente son aceptados y los artículos se archivan, anunció Macías, la estatutaria pasaría directamente a sanción presidencial. “Un poder no tiene por qué darle órdenes a otro”, dijo Macías la semana pasada en entrevista con Blu Radio.

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Desde la oposición, la representantes Juanita Goebertus señaló que lo que quiso decir la Corte es que el único caso en el que la estatutaria pasaría a sanción presidencial directa sería si son negadas por el Congreso, es decir, si se deja el texto tal cual como llegó a la Casa de Nariño para la sanción que el presidente no hizo.

Por los lados del Gobierno se dice que lo mejor, para el presidente, es que una cámara acepte y otra rechace, de tal forma que los seis artículos objetados se archiven y los 153 restantes pasen a sanción sin control constitucional.

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En el laberinto que le espera a la estatutaria en el Congreso también están presente los impedimentos que deberán presentar los congresistas para votar la norma. Este punto es fundamental porque el Gobierno no tiene las mayorías garantizadas y los impedimentos modificarán el quorum necesario para determinar las mayorías que se necesitan para aprobar.

Ya hay partidos políticos que están jugados, a favor o en contra, en el debate. Sin embargo, el caso de Cambio Radical, cuya bancada está dividida casi que 50-50, es el que más genera expectativa. Se espera que en los próximos días la colectividad de Germán Vargas Lleras tome una decisión al respecto y que, según lo anunciado, se haga en bancada.

Sin embargo, lo pasado el pasado viernes en la votación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuando el senador Luis Diazgranados votó favorablemente a pesar de que había la directriz de no apoyar la iniciativa gubernamental, abre el interrogante sobre si Vargas Lleras tiene el control total de su bancada.

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El pulso anunciado ahora es entre Vargas Lleras y el grupo Char, de Barranquilla, cuya primera medición será en la elección del próximo presidente de la Cámara de Representantes, que quedaría en manos de Cambio Radical.

Debate a la implementación del Acuerdo

Este martes también está programado un debate de control político, citado por el senador Iván Cepeda Castro, para que los funcionarios del Gobierno Nacional expliquen en qué sentido está dirigida la política de paz.

Fueron convocados a los ministros del Interior, Nancy PatriciaGutiérrez; Defensa, Guillermo Botero; Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo; Agricultura, Andrés Valencia, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos; y el consejero para el Posconflicto, doctor Emilio Archila. De igual manera, se le extendió invitación al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Cepeda pidió cuentas sobre los recursos para la financiación de la implementación, así como las políticas de protección de líderes sociales. El debate tendrá lugar en la Comisión Segunda del Senado de la República.