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Mientras las Farc, desde La Habana, insisten en la necesidad de establecer una “comisión de esclarecimiento de la verdad y la no repetición”, en Colombia crecen las voces de rechazo por el pronunciamiento del grupo guerrillero del sábado pasado, cuando negó haber incumplido la decisión de no reclutar a menores de 17 años y aclaró que el compromiso nunca fue sacar de sus tropas a los ya reclutados.
“Así lo hemos hecho a partir del momento en que anunciamos la determinación (...) y en ningún caso se dijo que fuéramos a retirar de las filas a menores que ya habían ingresado”, dijo Antonio Lozada, uno de sus negociadores.
Para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, existen claras evidencias de que las Farc siguen incorporando menores a la fuerza. Y en este sentido, se refirió a una reciente operación militar contra el frente 15 en Caquetá: “La semana pasada, el Ejército recuperó varios niños armados con fusiles después de ser entrenados por las Farc y ellos manifestaron que fueron reclutados de manera forzosa (...) cada vez que hablan las Farc, da la impresión de que odian a los colombianos. El país quiere la paz pero no quiere a estos tipos y ya es hora de que dejen de engañar”, enfatizó.
El senador Ernesto Macías, del uribista Centro Democrático, aseguró que de ninguna manera se pueden hacer concesiones en este tema a la guerrilla y le pidió al Gobierno exigir la liberación inmediata de todos los menores que, en realidad, “están es secuestrados”, o de lo contrario “entrar a liberarlos”. A su vez, Armando Benedetti, senador de la U, señaló que la liberación de los niños en las filas subversivas sería un gesto que serviría para mostrar el compromiso con la paz y con el desescalamiento del conflicto, aunque lo más probable es que ello solo se dará “cuando venga la concentración de tropas y la entrega de armas”.
En cuanto a la propuesta de la comisión de esclarecimiento de la verdad y la no repetición, alias Jesús Santrich explicó que se trataría de un “mecanismo extrajudicial de investigación, esclarecimiento y sanción para conocer sobre las graves y masivas infracciones a los derechos humanos —incluidos derechos económicos, sociales y culturales—, los graves crímenes de guerra y los actos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto, así como identificar, de forma individual y colectiva, a sus responsables directos”. Y aclaró que la comisión “debe estar dotada de facultades para garantizar la comparecencia de personas o para acceder a los lugares donde reposan las evidencias de lo ocurrido”.