Por cuarta vez, propuesta de crear base de datos genéticos de violadores llega al Congreso

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La ley crearía un banco de perfiles de ADN que quedaría en manos de Medicina Legal y que sería un instrumento para judicializar a los responsables de delitos sexuales. Según la ponencia, ayudaría a disminuir los altos niveles de impunidad que hay en este tipo de crímenes.

Cuatro veces ha sido radicado ya el proyecto de ley estatutaria que busca crear un registro de perfiles genéticos de violadores y agresores sexuales. De aprobarse la propuesta, Medicina Legal estaría a cargo de crear un Banco de Datos Genéticos con las muestras de ADN de los agresores que sean extraídas de todas las víctimas de violencia sexual que acudan a denunciar cualquier tipo de abuso y estos datos podrían ser usados para judicializar a los victimarios. Tres veces se ha hundido ya este proyecto en el Congreso, pero tiene una nueva oportunidad en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde está de primero en la agenda para la sesión de este lunes.

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El de este lunes es apenas el primero de varios debates que se le vienen al proyecto, que, de ser aprobado por el Congreso, tendría que pasar directo a revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, es una iniciativa que se ha logrado pulir entre tantas veces que lo han archivado, ignorado, y hasta rajado en el Consejo Superior de Política Criminal. Según cuenta la ponencia que pretende defender el representante a la Cámara por el Partido de la U, John Jairo Hoyos, después de tanto rechazo, “se logró avanzar significativamente en un proyecto más robusto, el cual acogió la gran mayoría de las recomendaciones plasmadas en el concepto” de los expertos.

Puntualmente, la propuesta, de autoría de la representante Martha Patricia Villalba, también de la U, obligaría a Medicina Legal a almacenar y sistematizar el “Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la comisión de Delitos violentos de alto impacto”. Estos datos se obtendrían cada que un funcionario de la entidad atienda o le practique una autopsia “a víctimas de delitos violentos de alto impacto —violaciones, homicidios, entre otros—, donde a juicio del forense, pueda recuperarse evidencia biológica potencialmente vinculante de un posible agresor”.

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Es decir, el material biológico que se extrae de cada víctima (que puede venir de semen, cabello u otros fluidos y tejidos que haya dejado el agresor) tendría que ser analizado por Medicina Legal, luego de lo cual, crearían un perfil genético que se subiría a una plataforma de la entidad. Así, cuando la Fiscalía lleve la investigación del caso, podría cotejar si el ADN coincide con el del principal sospechoso, lo que haría que el rastro del victimario se vuelva la evidencia innegable del crimen. Pero también, cada vez que se suba nuevo perfil genético al sistema se verificaría, primero, si ya los datos de ADN fueron reportados, lo que ayudaría a identificar, por ejemplo, a violadores seriales.

Según recoge la ponencia que defenderá el congresista Hoyos en este primer debate, este sistema ya es usado en varios países del mundo. El representante a la Cámara analiza, en específico, la experiencia de la Unión Europea, que toma de base uno de los datos más escabrosos de la violencia sexual: los agresores suelen reincidir. Por ejemplo, en naciones como Francia y el Reino Unido más de 3 millones de personas han sido registradas en bases de datos genéticas similares, con un porcentaje de éxito considerable, pues en el país galo el 20% de los perfiles genéticos que le extraen a las víctimas coinciden con alguno de los que ya está registrado y, en Inglaterra, la cifra asciende al 40%.

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Esta iniciativa ya ha sido presentada al Congreso en tres ocasiones y en todas ha pasado algo. Apenas en la legislatura pasada, que acabó el 20 de junio de este año, la congresista Martha Villalba alcanzó a convocar incluso a un debate como el que está citado este lunes, pero con la presencia del director de la Interpol en Colombia, general Ricardo Londoño; la cabeza del CTI de la Fiscalía, general (r) Luis Alberto Pérez Albarán, y hasta a la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García Fino. Sin embargo, no le dieron tanta prioridad cuando llegó al segundo debate, y como las leyes estatutarias deben aprobarse en una sola legislatura, el proyecto se hundió y quedó allí.

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