De acuerdo con un estudio de Planeación Nacional, de los 28,5 millones de toneladas de alimentos que se estima se consumen al año en Colombia, el 34%, es decir 9,76 millones, se pierden. Se trata de toneladas de frutas, verduras, raíces, tubérculos, cereales, productos cárnicos y pescado, granos, y lácteos.
A su vez, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) de 2010 concluyó que casi la mitad de la población del país (42%) vive en condiciones de inseguridad alimentaria. Este mismo estudio señala además que el 13,2% se encuentra desnutrida. Y hay que sumar los niños que anualmente mueren por desnutrición.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) ha dicho que cerca de 1.300 millones de toneladas de comida se desperdician anualmente en el mundo, en promedio, la tercera parte del alimento que se produce, lo que le cuesta a la economía mundial un billón de dólares.
Cifras contundentes que llevaron a los congresistas del Centro Democrático Orlando Castañeda, Honorio Henríquez y Santiago Valencia, acompañados de la senadora del Partido Conservador, Nidia Marcela Osorio, a presentar un proyecto de ley “antidesperdicios contra el hambre en Colombia”, que apunta básicamente a establecer un modelo de desarrollo sostenible en la reducción de las pérdidas o desperdicios de alimentos.
La iniciativa contempla prohibir la destrucción de alimentos aptos para el consumo humano en la etapa de poscosecha, en la industria, por parte de los supermercados, las plazas de mercado, los restaurantes, hoteles y los hogares. En este sentido, señala que los productos alimenticios “rescatados” sean entregados en donación a los bancos de alimentos, sociedades sin ánimo de lucro y demás entidades autorizadas, que a su vez lo destinarán a la población más vulnerable del país.
“No es un posible que un país que se dice democrático como Colombia, no solamente tenga problemas de desnutrición sino de niños muertos por mala alimentación. Aquí ponemos una serie de medidas que buscan, en toda la cadena alimenticia, desde la producción, la distribución, la venta y el consumo, la reducción de desperdicios, y el fortalecimiento de los bancos de alimentos”, explicó el representante a la Cámara Santiago Valencia.
Pero además, así como el proyecto fija incentivos para quienes ayuden a reducir el desperdicio, también contempla sanciones para quienes incumplan la norma y desperdicien o destruyan alimentos cuando estos aún están aptos para el consumo humano.
El articulado también establece que entidades de derecho público o mixto, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que tengan bajo su custodia alimentos aptos para el consumo humano decomisados o abandonados a favor de la Nación, los puedan adjudicar a los bancos de alimentos o a las sociedades sin ánimo de lucro.