Reclaman presencia de procurador y contralor en debate sobre reforma política

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Este martes continuó la discusión sobre la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con una petición directa por parte de varios congresistas al procurador Fernando Carrillo y al contralor Edgardo Maya Villazón: que asistan a los debates sobre el proyecto de acto legislativo.

El representante de la U, Jaime Buenahora, fue uno de los que les llamó la atención a las cabezas de los entes de control debido a que han centrado sus reparos en los artículos 1° y 14 de la propuesta de reforma y, a pesar de que enviaron un documento de 12 páginas explicando sus posiciones, no ha hecho presencia a pesar de estar invitados. (Lea: Los reparos de la Procuraduría y la Contraloría al proyecto de reforma política)

Buenahora trajo a colación un titular de El Colombiano en el que el procurador señalaba que la aprobación de la reforma política sería un “premio a los corruptos”. “Si se aprueba la reforma política tal y como está hoy se habrá premiado a los corruptos en nombre de la paz, y se les habrá dado un puntillazo a los órganos de control”, fue lo dicho por Carrillo en declaraciones reseñadas por el diario regional.

“No les interesa la financiación ni el tema de las listas cerradas. Los argumentos de esos doce folios me convencen, pero da pena el manejo que le han dado al tema”, reclamó Buenahora. (Lea también: Jalón de orejas a ponencia de la reforma política)

Por su parte, el viceprocurador Juan Carlos Cortés, que estuvo en el debate, defendió a la entidad y se refirió al primer artículo de la reforma — que obligaría elevar las sanciones impuestas tanto por Contraloría y Procuraduría al grado de consulta jurisdiccional—.  “Podría cercenar la efectividad de las sanciones de inhabilidad impuestas por la Procuraduría (…) La entidad aportará las reflexiones que estén bajo su competencia”, explicó Cortes.

A su turno, Guillermo Rivera, ministro del Interior, señaló que era previsible la dificultad al discutir la reforma, pero aclaro que con esta no se pretenden ni perjudicar ni beneficiar a ningún espectro político en particular y que lo propuesto estaba en consonancia con los tratados internacionales.

Lo que se ha visto en la discusión es que cada una de las partes intenta defender los poderes y las competencias que establece actualmente la Constitución y no están dispuesto a ceder: ni el Congreso quiere perder la facultad de poder elegir magistrados en lo que sería el Consejo Electoral Colombiano (CEC) ni los entes de control quieren perder la posibilidad de sancionar servidores públicos elegidos popularmente y dictar inhabilidades que se hagan efectivas sin necesidad de que tengan que llegar al Consejo de Estado, como lo propone la reforma.