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Esta semana, la Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció a Nixon José Torres Cárcamo como vocero de la “Iniciativa legislativa y normativa de Ley de Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”, reconocimiento que abre la puerta a que un grupo de cuatro ciudadanos, liderados por Torres Cárcamo, recoja las firmas suficientes para que el Congreso tramite un proyecto de ley que promueva la convocatoria de una Constituyente, según lo determina la Ley 1757 de 2015.
En total, son tres millones de firmas que deben ser presentadas, en los próximos seis meses, ante la Registraduría para que la iniciativa de ley llegue al Congreso. Torres Cárcamo aseguró a El Espectador que trabajarán para superar el requisito con el propósito de legitimar este mecanismo de participación ciudadana.
“Lo que buscamos es que se sustituya el actual orden jurídico del país (…) porque consideramos que el Gobierno y los partidos políticos que conforman las mayorías en el parlamento no han escuchado las voces de reclamo para disminuir el impacto de las políticas públicas y las leyes que nos afectan a nosotros. Un claro ejemplo es la reforma tributaria, que le quita responsabilidad tributaria a las grandes empresas cuando estas deberían de contribuir más al desarrollo del país”, explicó el abogado.
Bajo esta situación, a los ojos de Torres Cárcamo, Germán Adolfo Reyes, Pedro Giovanni Estupiñán y Álex Guardiola (integrantes del comité de la iniciativa), la única salida para que haya un orden institucional, legal y jurídico en el país es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. “Hay que cambiar la política nefasta en contra la sociedad”, comentó.
La Registraduría certificó que la solicitud se hizo conforme a la norma en cuanto presentó, además de la justificación de la iniciativa, el proyecto de ley que debe de tramitar el Congreso de conseguirse los tres millones de firmas.
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El proyecto contiene cuatro artículos en los que proponen cómo sería el mecanismo de la elección de los constituyentes, el número que los conformaría y las funciones de esta. “Los candidatos no serán presentados por los partidos políticos”, se adelantó a decir el vocero.
Las condiciones para presentarse como candidato constituyente son ser mayor de edad, no estar condenado y tampoco presentar una inhabilidad para postularse. En ese caso, los aspirantes llegan a representar al sector al que pertenecen. Es decir, si son sindicalistas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, comunidad LGBTI, gremios empresariales, industriales y del transporte, y colectividades legalmente constituidas.
“Con esto pretendemos garantizar que la participación se vea reflejada por todos los sectores, que represente a la sociedad y evitar que sean las mismas personas de siempre las que nos gobiernan bajo sus intereses”, clarificó el abogado.
En total, serán 199 delegatarios para esta tarea de reformar el orden jurídico constitucional. Por ejemplo, el sector poblacional (afros, indígenas, LGBTI, etc.) tendrá 60 integrantes, educación (10), organizaciones políticas (43), organizaciones económicas y gremiales (33), campesinos (20), sindicatos (33). Los elegidos tendrán un plazo de hasta nueve meses para culminar las funciones por las cuales fueron elegidos. El pago a estos funcionarios no puede ascender de los siete salarios mínimos.
Para conocedores en derecho, la Constitución del 91 no tiene por qué cambiarse, sin embargo, para este grupo de ciudadanos, que precisan no pertenecer a ninguna asociación gremial, comunista o comité del paro, la carta política no es la misma que se promulgó. “Esta cuenta con 52 reformas que se han hecho para apalancar y afianzar el poder económico de quienes manejan el país”, aseguró el vocero de la iniciativa.