Salvavidas para La Guajira

Falencias en el manejo de los cerca de $785.000 millones que el Gobierno destina anualmente para financiar la provisión de los servicios de agua, salud y educación, contrataciones sin el lleno de los requisitos legales y violación de los topes autorizados para gastos administrativos en más del 100 %. Desde hace varios años la corrupción tiene a La Guajira en una crisis social, económica y humanitaria que reclama una intervención urgente por parte del Estado.

Y como lo dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas: ante una situación insostenible, una decisión extraordinaria. Por eso el Gobierno Nacional tomó ayer, en una reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la determinación de asumir por un período de tres años —o menor, si se logran las metas del Plan de Desempeño de manera anticipada— el manejo de los recursos que la Nación transfiere al departamento en tres sectores claves: salud, educación y agua potable.

“Somos defensores de la descentralización, pero cuando identificamos fallas protuberantes en la prestación de servicios que son esenciales para los colombianos, tenemos que aplicar medidas extraordinarias. El Conpes acaba de conceptuar favorablemente sobre la decisión del Gobierno Nacional de intervenir directamente la prestación de servicios de educación, salud y agua potable”, explicó este martes el ministro Cárdenas en una rueda de prensa.

Se trata de $513.000 millones destinados a la educación, $56.000 millones al agua y $216.000 millones a la salud, que en adelante serán administrados por tres personas designadas por el Ministerio de Hacienda a través de resoluciones y que trabajarán en el departamento junto con las autoridades locales para implementar mecanismos de contratación competitivos, mejorar la calidad de los servicios y acelerar las inversiones en curso.

En materia de educación, por ejemplo, el Ministerio asumirá las competencias, particularmente en cuatro secretarías de Educación: la departamental, la de Riohacha, la de Uribia y la de Maicao. “Hay tres temas que han alertado y nos han puesto en la necesidad de asumir temporalmente las competencias: que al día de hoy, 15.000 niños de La Guajira no están matriculados, que hemos encontrado inconsistencias en el informe financiero y que además tenemos gastos administrativos por encima de lo que ha sido autorizado”, manifestó la ministra de Educación, Yaneth Giha.

A su vez, el jefe de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que desde hace algún tiempo —con la división de apoyo fiscal— el Ministerio había identificado problemas en la administración de los recursos del sistema general de participaciones y que, por ejemplo, el gasto administrativo estaba desbordado e incluso por encima del doble de lo que debería ser.

“Esta medida es una excepción a la descentralización. Tenemos que no girar los recursos y administrarlos directamente por el Ministerio de Salud. Los recursos que vamos a administrar son los que se giran para la salud pública y lo que se conoce como oferta. Queremos que con este manejo logremos tener en poco tiempo un documento de red, un plan financiero consolidado, hacer el saneamiento financiero, pagar las deudas y ejecutar oportunamente los recursos de salud pública. A eso estaremos dedicados”, declaró Gaviria.

En cuanto a la situación de agua potable, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, dijo que el objetivo es acelerar el ritmo de ejecución de las obras para ampliar la cobertura de agua y alcantarillado, aumentar la inversión y avanzar en los esquemas diferenciales, que ayudarán a mejorar la cobertura en zonas de dispersión.

En últimas, de acuerdo con Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia, se trata de una medida necesaria para aliviar la difícil situación política, humanitaria y social que vive el departamento: “El Gobierno ha invertido más de un cuarto de billón de pesos desde 2015 en el departamento, ocho veces los ingresos promedios del departamento. Sin embargo, la crisis institucional continúa en La Guajira. Lamentablemente ha tenido cinco gobernadores en los últimos seis años, y de ellos cuatro actualmente se encuentran detenidos”.