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En una de sus más recientes decisiones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió rechazar la acción de protección de los derechos de oposición que habían radicado congresistas declarados en esta orilla política. En la determinación, consideró que no tenía la competencia para hacer efectiva la solicitud del derecho de réplica que habían hecho, entre otros, los legisladores Gustavo Bolívar, Aída Avella, Alexander López y Antonio Sanguino, al término del debate de control político que se le adelantó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por el escándalo de corrupción que protagoniza la multinacional brasileña Odebrecht, en el que participó como invitado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
“El derecho de réplica de los congresistas en los debates políticos en los que no hay pronunciamientos de autoridades de Gobierno no son asuntos de su vigilancia y control”, fue el argumento que expresó el CNE frente a uno de los debates, tal vez, con mayores connotaciones en el ámbito político y judicial en Colombia. Una petición que, en todo caso, se había hecho en desarrollo del recién estrenado Estatuto de la Oposición, que estaba pendiente desde la Constitución de 1991 y que solo vino a materializarse con la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón.
Han pasado casi cinco meses desde que entró en vigencia el Estatuto y sus principales protagonistas, los opositores al actual gobierno Duque, hacen un balance agridulce frente a su debida implementación. Pues a la decisión que adoptó ayer el CNE con respecto a lo ocurrido con el debate de Odebrecht se suma el silencio que mantiene el organismo sobre otra petición a la que, en teoría, también tienen derecho: controvertir las alocuciones presidenciales en los mismos medios, con igual tiempo y horario, dentro de las 48 horas siguientes a las palabras que, en su intervención, haya expresado el jefe de Estado.
“Lastimosamente, es un Estatuto nuevo, todavía muy pequeño, y el desconocimiento del texto por parte de las mesas directivas es evidente”, dijo la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, tras recordar que su colectividad, junto a voceros de otros partidos, solicitaron controvertir la intervención del presidente Iván Duque sobre el balance que entregó tras sus primeros cien días de mandato. “Está tratando (Duque) de hacer ver que todo está bien, que está cumpliendo con el paquete anticorrupción, lo cual no es cierto, y está tratando de tapar con esto la mayor crisis institucional que ha habido en el país en los últimos tiempos con el caos del fiscal”, agregó, por su parte, el también representante Inti Asprilla.
Otro elemento que, según miembros de la oposición, quedó en el aire fue el relacionado con el financiamiento al que tenían derecho para sostener su ejercicio político. Lo que quedó expresado en el Estatuto de Oposición es que habría una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al 5 % del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos, destinado a las organizaciones declaradas en oposición al Gobierno Nacional. Marcos Calarcá, representante a la Cámara por el hoy partido FARC, confirmó que dicho monto aún no llega y se mostró preocupado por el hecho de que el CNE tampoco ha cumplido con su mandato de reglamentar el Estatuto, a pesar de que ha pasado un buen tiempo desde que fue avalado por el Congreso y por la Corte Constitucional.
Sin embargo, ante la realidad de que ni siquiera el Acuerdo de Paz ha podido materializarse conforme a los compromisos que se asumieron en La Habana (Cuba) y que hay asuntos más urgentes que otros que se deben priorizar a la hora de su implementación, las mismas voces de oposición reconocen que no se puede hablar “en blanco y negro”. Por ejemplo, reconocen que ha habido avances a favor, como el mismo hecho que obligó a las mesas directivas de las comisiones de Senado y Cámara, y a las plenarias, a incluir a congresistas de colectividades de oposición e independientes. En el caso de la plenaria del Senado, la congresista verde Angélica Lozano ocupa la Segunda Vicepresidencia. En la Cámara fue elegido Inti Asprilla, de la misma colectividad.
“No podemos decir que es una ley de papel. No puedo ser tan pesimista. Logramos, entre otras cosas, haber tenido la sesión exclusiva con el ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla) en la que discutimos el Presupuesto General de la Nación. También adelantamos el debate al Gobierno sobre el escándalo de Odebrecht, a pesar de que fue torpedeado de la manera más grosera”, señaló Asprilla. Pero, ¿qué piensa el partido que ejerció por cuatro años la más férrea oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos y ahora ganó las elecciones presidenciales? El Centro Democrático considera que quedaron establecidos derechos “absurdos” en el Estatuto de la Oposición que son imposibles de llevar a la realidad.
“Por ejemplo, que cada vez que hable el presidente de la República tenga que hablar la oposición. Es que ellos no son gobierno. El gobierno es de Duque, que es el que representa a la mayoría del pueblo colombiano y, si bien la oposición debe tener una voz que la represente, no la podemos equiparar con quienes ganamos la Presidencia”, dijo Samuel Hoyos, representante del uribismo y presidente de la Comisión Primera de la Cámara. Sin embargo —alega la oposición— este es un derecho protegido constitucionalmente y aún el CNE no responde. “Es que son derechos que deben tener efectos en el corto tiempo. No puede ser que se pronuncien dentro de seis meses y nos protejan el derecho a controvertir cuando ya las circunstancias han cambiado”, respondió Calarcá.
Lo cierto es que, al igual que pasa con el Acuerdo de Paz y con la misma gestión que como presidente ha ejercido Iván Duque, puede ser que resulte prematuro hacer un balance acerca de los logros de un plan organizado para ejecutarlo en un mediano y largo plazo. El panorama político de 2018 resultó bastante convulsionado y novedoso tanto para quienes tienen años de experiencia en este escenario como para quienes apenas se están estrenando en los malabares del ejercicio político, empezando por los congresistas del hoy partido FARC.