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En medio de la controversia por el decreto que expidió el Gobierno para revivir la aspersión aérea con glifosato, sumado al visto bueno que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le dio el visto al Plan de Manejo Ambiental (PMA) que presentó la Policía Nacional para asperjar, este miércoles se tiene previsto que el Senado discuta un proyecto de ley que busca prohibir el químico como herramienta en la lucha contra las drogas.
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La cita es a las 9:00 de la mañana y la iniciativa, que enfrentará su primer debate, figura como primera en la lista de la agenda de la Comisión Quinta del Senado, encargada, entre otras, de ecología, medio ambiente y recursos naturales.
El proyecto busca prohibir el uso del glifosato para la aspersión de cultivos ilícitos, dadas las afectaciones que podría generar este herbicida en la salud humana y el ambiente, teniendo en cuenta además que está catalogado como posiblemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.
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Según el autor de la iniciativa, el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) usar glifosato en la aspersión de cultivos ilícitos no solo ataca momentáneamente los cultivos, sino que destruye todo el ecosistema del área asperjada.
“El glifosato ha demostrado ser ineficiente y costoso en la lucha contra las drogas, además de los efectos colaterales que trae en las fuentes hídricas y en los cultivos lícitos. El Gobierno expone a las comunidades en lugar de ofrecerle una oferta integral de sustitución de cultivos”, declaró recientemente el parlamentario.
Si bien el Gobierno ya expidió un decreto para revivir esta actividad, en la Corte Constitucional avanza una tutela que podría ponerle freno a mano a los planes del Gobierno Nacional cuya intención es empezar lo antes posible a erradicar cultivos de uso ilícito con el químico.
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El expediente está en el despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz quien deberá determinar si, como aseguran los demandantes, la ANLA no garantizó la participación de las comunidades en las audiencias públicas que realizó para socializar el contenido del plan ambiental que propuso la Policía. De ser así, la entidad ambiental no habría cumplido con los requisitos que la misma Corte Constitucional puso sobre la mesa desde 2017, en caso de que el Gobierno determinara retomar la fumigación con glifosato, tal como ocurrió.
Para que la Comisión Nacional de Estupefacientes (CNE) se siente a decidir si reanuda o no las fumigaciones con glifosato se requiere algo más: un concepto previo del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre los riesgos de la aspersión aérea con glifosato en la salud humana. Aunque aún hay litigios por resolver para que despeguen las avionetas, este es el punto que falta en el cúmulo de “evidencia científica” que pidió la Corte en 2017, cuando decidió suspender la fumigación aérea.