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“Las mujeres rurales sufren tres formas de discriminación que significan un impacto desproporcionado sobre sus vidas: por vivir en el campo, por ser mujeres, y por ser víctimas de la violencia”, explicó hace una década la ONU a través del Informe Nacional de Desarrollo Humano. La premisa está sustentada en toda clase de cifras: la Misión Rural identificó en 2011 que el “25.5% de los hogares rurales está en cabeza de una mujer, y para el año 2010, la tasa de desempleo de las jefas de hogar alcanzó el 9,6% ; la encuesta Nacional de Verificación de Derechos de la Población Desplazada realizada en 2010 sostiene que, del total de las personas que afirmaron ser propietarios, el 64,2% eran hombres, el 26,5% mujeres y en el 9,3% la propiedad era compartida. Las cifras, que se extienden hasta el infinito para demostrar que la mujer campesina vive excluida del sistema de propiedad, son el sustento del senador Iván Cepeda para radicar un proyecto de ley que busca darle tierra a las mujeres campesinas.
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Se trata de una propuesta, consignada en 19 artículos, que define una serie de herramientas que promuevan que las mujeres rurales tengan acceso a la propiedad de la tierra; a proyectos productivos, a capacitación técnica o acceder a espacios de representación en círculos en los que se definen las políticas agrarias del país. Por ejemplo, Cepeda Castro propone que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la creación de “un plan gratuito de acceso a tierras de la Nación y de formalización de inmuebles de propiedad privada y/o pública para las mujeres rurales”. Así como también busca crear “el Subsidio Integral de Acceso a Tierra, SIAT, como un aporte estatal no rembolsable” para que las mujeres del campo se conviertan en propietarias.
El programa de acceso a la propiedad que impulsa el senador Cepeda incluirá “proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros o forestales o de reconversión de los usos del suelo con el fin de atender el acceso integral a tierras para las mujeres rurales”, y señala que el valor de los subsidios correspondientes al precio de los inmuebles será cargado al presupuesto de la ANT. La propuesta de ley también incorpora una directriz para que las entidades encargadas del programa de acceso de tierras incorporen un sistema de puntuación, desde la óptica de la discriminación positiva, para que aquellas mujeres campesinas, jefas de hogar o mujeres jóvenes con personas a cargo tengan prioridad como beneficiarías.
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De igual manera, el proyecto de ley define que tendrán carácter de especial protección las mujeres rurales cabeza de hogar, de manera que los procesos de acceso a la tierra o formalización de la propiedad sean gratuitos. Uno de los apartes más novedosos de la iniciativa es el reconocimiento de la economía del cuidado en áreas rurales, para que las actividades domésticas, el cuidado de los niños, los adultos mayores, la limpieza del hogar y los cientos de actividades que las mujeres desempeñan sin ninguna remuneración y como parte de las cargas mentales y culturales, sean reconocidas por la ley.
Finalmente, la propuesta de Cepeda Castro define la creación de una serie de entidades, programas y fondos cuyo fin son permitir que las campesinas colombianas se conviertan en propietarias, en el eje de la economía familiar en áreas rurales y en sujetos de atención preferencial por parte del Estado, en lo que tiene que ver con el acceso a las tierras y la formulación de proyectos productivos. Incluso, dedica un aparte a la instauración de medidas de protección física de las lideresas rurales, pues según datos del proyecto de ley “durante el 2017, el 26% de las agresiones se dirigió contra mujeres, en 2018, este porcentaje aumentó en un 64,3%”.