Una mirada a las políticas de salud del Gobierno Santos

El análisis de políticas de gobierno en materia de salud, no podría circunscribirse únicamente al proyecto de reforma a la salud radicado el pasado 19 de Marzo de 2013 por el Señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón y el Ministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria, sin partir por los delicados antecedentes que precedieron a dicho proyecto y que impactaron de manera negativa la credibilidad, legitimidad del sistema y el manejo transparente de los recursos.

Con un gran despliegue de medios de comunicación, se estigmatizó no sólo el actuar ético de instituciones prestadoras de servicios de salud, de los directivos de las administradoras de planes de beneficios (anteriormente EPS), la calidad de los servicios, el rigor científico de los profesionales de la salud y denunciando los permanentes abusos de los actores de un sistema general de seguridad social en salud.

Adicionalmente, el sistema se ha visto empañado con un tinte generalizado de corrupción, manejo político de los entes de control lo que ha conseguido al final del camino, la destrucción de la confianza social y la legitimidad de un sistema que a todas luces también ha traído enormes beneficios a millones de colombianos que han recibido tratamientos médicos oportunos, pertinentes y de alta calidad a los cuales anteriormente no tenían cobertura ni acceso.

A pesar de todas estas críticas, se destacan logros importantes en materia de cobertura llegando a la fecha al 96% de nuestra población, 44 millones de compatriotas afiliados al sistema, crecimiento de la infraestructura hospitalaria, aumento de los recursos destinados a la salud casi 40 billones de pesos, (6.5% del PIB ), construcción y avances en indicadores de salud, avances en el conocimiento de la incidencia de las patologías por grupos etáreos, mejora en los sistemas de información, aumento en la inversión privada y pública en tecnología de punta y equipos para la atención de los pacientes.

Todos estos importantes avances, la calidad de las instituciones y profesionales, los indicadores de seguridad clínica, los modelos de gestión administrativa en hospitales y clínicas, han hecho atractivo al país, para la exportación de servicios de salud y atraer inversión extranjera al sector.

A continuación destacamos algunos de los puntos que consideramos relevantes del proyecto de reforma a la salud, presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Aspectos positivos:

1. El Gobierno propone un plan de atención integral en salud para la población colombiana (MI Plan) que comprende actividades que abarcan desde la promoción, prevención, tratamiento y hasta la rehabilitación; buscando así ofrecer servicios de calidad con oportunidad, continuidad y equidad.

2. Evalúa la gestión de las nuevas empresas gestoras en función de sus resultados no sólo económicos sino también priorizando los resultados en calidad de atención y manejo adecuado de los recursos.

3. Prohíbe la integración vertical para las gestoras, exceptuando el primer nivel de atención, lo que a nuestro juicio oxigena las IPS (hospitales y clínicas), que desde hace mucho tiempo vienen sufriendo una competencia y en ocasiones posición dominante en el trato por parte de algunas EPS quienes prefieren a las instituciones de su red propia.

4. La regulación del precio de los medicamentos es un paso fundamental que esperábamos hace tiempo y que generará un enorme impacto, pues con esta decisión, acabamos con el abuso al que estaban siendo sometidos nuestros pacientes y las instituciones, pagando precios que no estaban acordes con los establecidos por las mismas industrias en países vecinos, generando sobrecostos al sistema.

5. El revivir el respeto por la autonomía del médico general, quien estaba limitado por el sistema y se había convertido en un remisor a médicos especialistas.

6. El romper barreras de acceso a los pacientes, agilizando las autorizaciones, facilitará la oportuna prestación y el acceso a los servicios de salud.

En Colombia, la Constitución y la ley establecen el principio fundamental de la cobertura universal en salud para la población, razón por la cual nuestro Sistema General de Seguridad Social obligatorio para todos los ciudadanos, es un modelo que se viene estudiando para ser replicando en otros países.

Desde la Ley 100 de 1993, pasando por la ley 1122, luego la ley 1438, con esfuerzos de varios gobiernos y ministros, se han cometido aciertos y desaciertos en la implementación de un sistema que ha tenidos cientos de decretos reglamentarios, que con el paso del tiempo, desvirtuaron principios fundamentales para el buen funcionamiento del sistema, como es el de contar con un sistema único de información de los pacientes para poder compartir y hacer manejo integral de los mismos sin permitir, que los esquemas de contratación segmenten por patologías y afecten la oportunidad, la calidad, la pertinencia y el resultado final de los servicios que se prestan.

Con el actual proyecto de reforma, se tiene la responsabilidad por parte del estado, de garantizar la salud de los colombianos como un derecho fundamental, la creación de un ente público asegurador que maneje las afiliaciones a nivel nacional y el recaudo de los aportes a la salud y los pagos de los servicios prestados, es decir, asumir integralmente el control financiero del sistema, con la preocupación por parte de todos los actores, de que Salud Mía como entidad adscrita al Ministerio de Salud, logre la eficiencia, transparencia y capacidad administrativa que durante 20 años, no hemos conseguido en el sector privado.

Nos preocupa:

1. La descentralización que promueve la política en salud, que empodera a alcaldes y gobernadores para manejar de manera directa el personal y los recursos de salud en su región, corriendo el riesgo de caer en deterioro del servicio por falta de conocimiento del área, lo que al final, podría abrir espacios al desorden administrativo y a terrenos abonados para la corrupción.

2. Que las EPS sigan funcionando de igual forma, sin reglas claras y responsabilidades definidas en el nuevo modelo, pero con distinto nombre.

3. Que pierda valor jurídico la tutela como herramienta cuando ella sea procedente, para garantizar que los pacientes reciban un tratamiento oportuno, de calidad y equitativo, evitando así, resultados adversos para nuestra población.

4. Que los hospitales y clínicas que han soportado el deterioro del sistema actual llevando carteras exorbitantes, no encuentren quién les responda en el futuro por estas acreencias, ni mejore el flujo de los recursos con cambios propuestos.

6. Que la resolución 1441 de habilitación, buscando dar una mayor cobertura de licencia para llevar a cabo actos médicos a personal que no está debidamente formado, no de las garantías suficientes para cumplir con la normatividad. De la misma forma, esta resolución limita competencias a algunos especialistas que sí tienen una formación adecuada.

Dos ejemplos claros de la preocupación anterior son: la posibilidad de darle licencia a médicos generales para dar anestesia en ciertos casos, o la limitación que se dio a los hematólogos para ofrecer tratamientos de quimioterapia.

Debido a la permanente crisis del sector por falta de agilidad en los pagos y flujo de recursos, ha existido una problemática permanente en el funcionamiento de la red pública, sumada también, hay que decirlo, a fallas administrativas en el manejo de las instituciones y malos manejos de los recursos disponibles.

La sentencia T 760 de la Corte Constitucional que equipara las coberturas en salud para el régimen contributivo y subsidiado, no resuelve el problema de base, que son en parte los recursos necesarios para cumplir con los pagos de estos servicios y que serán responsabilidad a partir de la reforma, limitados por el nuevo Mi Plan, que reemplazará al Plan Obligatorio de Salud, agregando la lista de procedimientos que no tendrán cobertura en el nuevo sistema.

La transformación de las EPS a gestoras de salud para administrar los servicios que se presta a los usuarios, en un periodo de dos años de transición, no manejarán recursos financieros y no podrán mantener ni generar integración vertical, salvo en el primer nivel de atención. Las condiciones de remuneración y gestión, aún no están claramente definidas, lo cual podrá acarrear problemas operativos que afecten la prestación de los servicios.

En la reforma se privilegiará la atención integral del paciente y se crearán redes de servicios y hospitales especializados, en dónde esperamos se privilegie a los Hospitales Universitarios en dónde actualmente se forman nuestros profesionales de la salud tanto en pregrado como en posgrado bajo el Decreto 2376 que regula la relación Docencia-Servicio, que implica compromisos institucionales de acreditación de alta calidad, relaciones claras y compromisos con las instituciones educativas y sus alumnos, así como la generación de conocimiento para bien de la comunidad.

En este aspecto en particular, la actuación y regulación por parte de los ministerios de Educación y Salud de manera coordinada deben permitir, asegurar la suficiencia y calidad de los espacios de práctica, además de garantizar la calidad de los programas ofrecidos para la formación de los profesionales y especialistas en dónde se privilegie la seriedad y altos estándares académicos, asistenciales e investigativos, se establezcan incentivos para los hospitales acreditados como universitarios y que verdaderamente funcionen como tal, en donde la academia y la asistencia coexistan de manera permanente en beneficio de los pacientes y sus familiares, como parte de su cultura organizacional y modelo de gestión.

Retos de las Instituciones de educación superior que forman recurso humano en salud:

1. Buscar mecanismos que permitan aumentar el número de cupos en los programas de posgrado, que permitan responder a las necesidades de cobertura del país.

2. Formar médicos generales con capacidad resolutiva y perfil ajustado a la nueva ley, logrando que en esta formación prime la autorregulación con ética, sabiduría y responsabilidad.

3. Proteger desde la academia a los hospitales universitarios con convenios fuertes y perdurables, fomentando en los mismos la docencia, la investigación y la proyección social.

4. Fomentar la presencia de especialistas en las regiones que demuestren demanda insatisfecha, abriendo cupos específicos en programas de formación de posgrado para médicos de esas regiones.

5. Devolver al médico general la credibilidad, la autonomía y su papel preponderante para el sistema.

6. Revisar los costos de formación del recurso humano en salud.
Por último, nos encontramos ante una oportunidad histórica de salvar y mejorar nuestro sistema de salud, en donde se recupere la autonomía del actuar médico ético y responsable; así mismo, el papel de la academia desde las instituciones de educación superior, tiene y debe mantener el lugar de privilegio y enorme influencia en el adecuado funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la formación de su talento humano.

7. Facilitar el acceso de los pacientes al manejo integral de sus problemas de salud, reconociendo a nuestros usuarios y familiares como el eje fundamental de nuestros objetivos misionales, pero asumiendo también el Estado los compromisos y responsabilidades que le atribuye la ley y la Constitución Nacional.

8. Debemos recuperar la credibilidad, la confianza y la legitimidad del nuevo sistema de salud y el de todos sus actores.

*Jorge Gómez Cusnir M.D. - Presidente de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José

* Sergio Parra Duarte M.D. – Rector Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS

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