La Clínica de la Mujer aún no 'opera' en Medellín

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En mayo de 2012, el procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó al exalcalde de Medellín Alonso Salazar porque habría intervenido en política al denunciar, en medio del cierre de campaña de 2011, el presunto apoyo de los paramilitares al candidato Luis Pérez Gutiérrez y a varios aspirantes al concejo de la capital antioqueña. Sin embargo, tras bambalinas siempre se rumoró que la decisión del jefe del Ministerio Público fue realmente una retaliación contra Salazar por impulsar una iniciativa en su administración: la Clínica de la Mujer. El Espectador quiso indagar en qué quedó este centro y en qué va su desarrollo luego de la sanción impuesta a Salazar (y su reciente restablecimiento de derechos por parte del Consejo de Estado).

El proyecto de esta institución médica fue presentado a mediados de 2009 y se explicó que los servicios que ofrecería para la población femenina estarían enfocados sobre tres ejes: la salud mental asociada a la condición de género, la violencia basada en el género y la salud sexual y reproductiva. Este último, por supuesto, incluía la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en los tres casos que la Corte Constitucional estableció en 2006 y que, según le explicó la abogada defensora de derechos sexuales y reproductivos Mónica Roa a El Espectador, “es un deber constitucional que deben cumplir todas las clínicas del país sin importar su nivel de complejidad”.

La Clínica de la Mujer debía empezar a funcionar en 2011; sin embargo, hoy apenas está en construcción y su predio sólo fue adquirido hasta el año pasado. Es más, el proyecto cambió de nombre, ahora es denominado Centro de Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia. Unos hechos que para la abogada de la Red Nacional de Mujeres e integrante de la Mesa de Seguimiento a la Clínica de las Mujeres, Julieth Gómez Osorio, resultan preocupantes . Por “el cambio de enfoque ya que se involucró la familia y así se desnaturalizó la idea inicial sólo mujeres y sus necesidades específicas”, dijo.

Precisamente porque estas son las consecuencias que se derivan de la polémica que estalló apenas se anunció que el IVE estaría contemplado dentro de los servicios de la clínica. Diferentes sectores de la sociedad, entre los que se encuentra la Iglesia y la Procuraduría, manifestaron sus malestares al respecto y empezaron a tildar la iniciativa como un “centro para abortos”. Un debate moral disfrazado de discusión política que llevó al exalcalde Salazar a asegurar, en septiembre de 2009, que dentro de la institución no se realizarían legrados de ningún tipo, pues para eso estaba la red pública de Medellín.

“En ese momento, Alonso Salazar estaba presionado desde dos puntos: por un lado el obispo de Medellín exigiéndole el retiro del IVE del programa y, por el otro, la Procuraduría en cabeza de la procuradora Delegada para la Defensa de la Infancia, Adolescencia y la Familia Ilva Miriam Hoyos que conformó una comisión para controlar la implementación de la iniciativa”, explicó a este diario Julieth Gómez. Es decir, antes de empezar a construirse esta clínica ya se había forjado unos enemigos acérrimos que se negaron tajantemente a dejar que el proyecto caminara.

Prueba de ello es que la Procuraduría fundamentó la creación de su grupo especial de trabajo y seguimiento bajo el precepto esgrimido por la procuradora Hoyos: “Se hace referencia a que la clínica será destinada para la práctica de abortos y que el proyecto carece de las garantías de salud y bienestar para las mujeres. Así mismo, los ciudadanos cuestionan la utilización que se dará a los recursos presupuestales que se han autorizado para la creación de la Clínica de la Mujer”. Además, los 12 obispos de las diócesis eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia publicaron un mensaje donde cuestionaron que se invirtieran $17.000 millones para crear “un centro para realizar abortos”. Además, la Curia envió un boletín a los 1.500 sacerdotes del área para reafirmar su postura negativa frente a la clínica y con el fin de que en los sermones se ratificara esta posición. En pocas palabras, según Roa y Gómez, Alonso Salazar terminó cediendo ante la incisiva oposición que se rehusó a permitir un centro donde se realizaran abortos bajo las condiciones que establece la Constitución y el proyecto quedó en vilo: la construcción y la compra del predio se suspendieron.

Como si fuera poco, dos años después, el 26 de noviembre de 2011, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, una entidad que debía aprobar la creación de la Clínica de la Mujer, rechazó el proyecto porque, según su director de ese momento Carlos Mario Rivera, “el proyecto no resuelve las necesidades de atención en salud para la cual fue diseñado”. Añadió que los servicios que prestaría esta clínica podrían ofrecerse con la infraestructura que ya existe y resultaría más provechoso hacer uso de lo que se tiene. A consideración de este funcionario, en Antioquia “hay una sobreoferta de ese tipo de servicios que plantea la clínica de la mujer”.

Rivera agregó, en su momento, que “las mujeres en Medellín no necesitan una clínica, necesitan muchas y, además, las tiene la red hospitalaria de Metrosalud con unos servicios que, si se fortalecen con recursos humanos y con garantía y calidad, podrían ofrecer una atención mejor y más oportuna para las mujeres”. Y resaltó que “la Clínica de la Mujer atendería a muy pocas mujeres. “Desde un principio dijeron que las usuarias serían 30 mil.

Cuando hicimos el cálculo, vimos que esto representa el 1,5 de la población femenina de Antioquia. ¿A quién se le ocurre presentar un proyecto para resolver el problema del 1,5 por ciento de las mujeres?”.

Julieth Gómez Osorio cree hoy, a pesar de los múltiples problemas para hacer realidad la clínica, que por fin hay avances. “Es clave que se retome el proyecto inicial y el caballito de batalla del IVE se deje de satanizar, porque cualquier entidad de salud independiente del nivel que tenga debe garantizar su acceso. Este procedimiento no se puede excluir del portafolio de servicios porque está legalmente permitido”. Un escenario que para esta mujer es muy probable ya que cuando se le ha preguntado a la administración pública sobre la oferta de servicios las respuestas “han sido evasivas y dicen que primero debemos preocuparnos por la construcción del centro y después por lo que va a ofrecer”.

Por su parte, Mónica Roa insiste en que no quiere demonizar a Alonso Salazar ni pretende entrar en un debate público con él. Por el contrario “si él pudo reestablecer sus derechos ante las arbitrariedades de la Procuraduría las mujeres también tienen derecho a hacerlo y la clínica era una iniciativa para ello”. Y agrega: “No quiero caer en el juego de la discusión, pero si no estamos solidarizados los que hemos sufrido al procurador es muy difícil superar las secuelas que su actuar ha dejado en la sociedad, por eso le pido a Alonso Salazar que piense en las mujeres y en los derechos que necesitamos que nos reestablezcan, así como él recuperó sus derechos políticos”. Lo cierto es que la Clínica de la Mujer todavía no existe y que su intención de proteger la salud y promover el bienestar de las mujeres de la ciudad de Medellín con enfoque de género quedó en medio de una eterna discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la vida.