:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/piz2XbwvniOaCtKpwrXe13BfrdA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/44DQKZK7XFDM7HBJL5OWOBS2WY.jpg)
El martes pasado, tras una reunión con los líderes de los partidos de la Unidad Nacional, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la prioridad de su gobierno en lo que falta del actual período legislativo es la reforma a la salud. “Es una reforma que el pueblo colombiano está esperando, una reforma necesaria. Ya se hizo una ley estatutaria, donde se le cambió el sentido a lo que debe ser la salud. Dejó de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental de los colombianos. Para que ese derecho sea un derecho que realmente puedan gozar los colombianos, necesitamos la reforma ordinaria que está en proceso”, dijo.
Está claro que la iniciativa implica un vuelco total a la Ley 100, pues fija nuevas reglas por medio de las cuales el Estado regulará, organizará, dirig irá, coordinará, financiará, inspeccionará, vigilará y controlará la prestación de los servicios de salud, incluyendo la redefinición del papel de los privados y de las gobernaciones y las alcaldías. Un asunto que, desde el punto de vista netamente político, implica pisar callos e involucrarse con muchos intereses —por cierto, en plena época preelectoral— y que según las denuncias que se hacen en voz baja en los pasillos del Capitolio, es lo que tiene frenada la reforma, así haya sido definida como una prioridad.
La realidad muestra que al inicio del debate —el martes pasado en la plenaria del Senado— más de 30 legisladores se declararon impedidos para participar en la discusión y que cuando comenzaban a resolverse dichos impedimentos, el quórum se disolvió. Y que tras una reunión ayer entre el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; el viceministro del Interior, Eduardo Gechem; el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, y representantes de todos los partidos políticos, donde supuestamente el compromiso adquirido era votar los impedimentos, fue posible destrabar la iniciativa. Tampoco hubo quorum y el debate quedó aplazado para la próxima semana.
Un actitud que deja un mar de dudas en el plano político. El mismo Gaviria ha hablado de “una puja de intereses privados disfrazada en una defensa del interés general”, mientras que el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, tuvo que salir a negar que se trate de una “rebelión parlamentaria”: “Todo obedece a un trámite muy lento, como es votar de manera individual 34 impedimentos” dijo. Pero en el mismo Capitolio, hay quienes denuncia la presencia de lobistas de las EPS, los gremios de las clínicas y los hospitales, y de los médicos, quienes a partir de sus intereses particulares tratan de influir en el trámite, al tiempo que se mencionan presiones de todo tipo, incluyendo el tema de los recién reducidos salarios de los congresistas.
“Una cosa es torpedear la discusión y otra debatir un tema de tanta importancia, así no se esté de acuerdo con lo que propone el Gobierno. Acá se está hablando de lobby de las EPS y es así, pero yo diría que ni siquiera tienen necesidad de estar en el Capitolio, pues muchas de las esas entidades son pequeñas y de las regiones y, por lo general, aportan a campañas políticas. Con la reforma dejarían de existir y por eso es que están torpedeando el trámite”, expresó el senador del Polo Democrático Mauricio Ospina. Denuncia que corrobora el representante Simón Gaviria, director del Partido Liberal: “Nos preocupa la presencia de lobistas de las EPS, porque han hecho un cabildeo muy intenso y eso afecta el proyecto”.
Por el contrario, el gremio de las EPS, a través de su presidente, Jaime Arias —en una reciente entrevista con El Espectador—, negó tener aliados en el Congreso. “Nosotros no hacemos lobby. El partido más encarnizado con este sistema es el Polo. Otro partido que en un aspecto es duro es el Liberal, en integración vertical. El Partido de la U hace lo que diga el presidente y los conservadores están pegados ahí en todo. Cambio Radical no sé qué actitud tiene. Hay una alta mayoría que votaría para destruir el sistema”, manifestó, pronosticando de paso el fracaso para el nuevo modelo de salud que se quiere crear.
El senador Roy Barreras, del Partido de la U, va más de frente. Según él, lo que hay es una “reforma a medias que no entusiasma. Así que presionar una solución que no es definitiva y que va a encontrar el rechazo de los sectores médicos no parece claro”. En este sentido, enfatiza que en lo del ausentismo y los impedimentos, lo que hay es una “política hipócrita en la que todos los congresistas son demandados todos los días por pérdida de investidura por hacer lo que tienen que hacer: votar, hacer gestión en la regiones y ayudar a sus electores. Todo eso está prohibido y la gente tiene miedo de actuar”.
A su vez, el también senador Armando Benedetti habla de rebelión. “Los del Partido Conservador están muy bravos. Y me imagino que algunos congresistas creen, tontamente, que este es el último proyecto en el que pueden chantajear al Gobierno antes de las elecciones, cuando este es un tema que se nos puede venir encima. Cuando una va a cualquier lugar, todo el mundo pregunta por la salud. El Congreso le ha dado la espalda al país”, expresó. Con un ingrediente aún más polémico: según Benedetti, hay un grupo de senadores que están amarrando el voto de la reforma a la salud a la firma de un decreto del Gobierno para devolverles el sueldo que tenían antes del fallo del Consejo de Estado que implicó una disminución del 30% en su salario.
Algo que reconocen en la Casa de Nariño. “Aquí hay una dificultad con los congresistas, que están chantajeando al Gobierno porque se viene la época de campaña, porque están incómodos por la diminución de sus sueldos, que bajaron cerca de $7 millones, y no le quieren caminar al ministro Gaviria porque no les simpatiza”, le dijo a El Espectador un funcionario del alto gobierno. Y un senador de la misma Unidad Nacional resumió así el lío actual: “Hay serias dificultades por el tema de los sueldos. Pero también esto de la salud toca muchas sensibilidades electorales, porque a los congresistas lo primero que les piden sus electores es que le ayuden con un familiar enfermo o que necesita trabajo. La salud es un fortín electoral regional al que nadie quiere meterle la mano”. Esa es la realidad que hoy nadie quiere mirar.