:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/-vdByxe6MgaJ03nIstSgnom5UBA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/66URBLLEO5GO7FU4EHN2MRK53U.jpg)
Hace trece años la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia en tres causales: cuando el embarazo representa peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero y cuando el embarazo es el resultado de violación, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido, o incesto. La decisión, considerada histórica, desembocó después en una seguidilla de fallos judiciales en el que los jueces tuvieron que proteger a las mujeres, niñas y adolescentes de los operadores de salud que ponen cada vez más obstáculos para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. (Lea La resolución con la que el ministerio de Salud regularía el aborto)
Ante este desalentador panorama, la misma Corte Constitucional le ordenó en 2018 al Ministerio de Salud que pusiera orden en esta materia y reglamentara el aborto para que no quedara duda de que este es un derecho y para que los operadores de salud sepan cómo proceder en cada caso sin vulnerar los derechos de las pacientes. Este año, la cartera publicó un borrador de la resolución con la que pretende cumplir la orden de los magistrados y el documento generó un fuerte debate entre varios sectores de la sociedad. (Lea Abortar en Colombia: entre los prejuicios y la pesadilla burocrática)
Pese a ser un derecho fundamental, algunos sectores pidieron que se volviera a penalizar totalmente el aborto o que el Congreso se encargue de regular tema y no el Ministerio. El Espectador entrevistó a Cristina Rosero, abogada para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, quien analizó la discusión y explicó su trasfondo.
El aborto volvió a generar discusión en 2019 por el borrador de resolución del Minsalud, pero también hubo desinformación. ¿Cuál es el propósito real de dicha reglamentación?
La reglamentación es una obligación que tiene el Ministerio derivada de la sentencia SU096-2018, que ordenó organizar las disposiciones técnicas de aborto y darles claridad a los operadores de salud para actuar correctamente cuando una mujer, adolescente o niña solicite una interrupción voluntaria del embarazo. De esta forma, el Ministerio también ha recogido y detallado los parámetros fijados por la Corte Constitucional para evitar que los operadores de salud nieguen o interpongan obstáculos ilegales a las mujeres para la práctica de abortos.
Se ha dicho que el Minsalud no tiene facultad para reglamentar el aborto y que se debe hacer por ley. ¿Qué opina de esto?
La Corte Constitucional ha reiterado su llamado a que el Congreso legisle sobre el aborto, al menos en los términos de la sentencia C355-2006, es decir, le ha dicho al Congreso que no puede dar marcha atrás en la garantía del aborto al menos en las tres causales. El Ministerio de Salud tiene entre sus funciones formular políticas respecto a salud pública, impartir directrices respecto a los servicios de salud y formular políticas frente a la prestación del servicio. Por tal razón, expedir una regulación que permita prestar el aborto como un servicio de salud es parte de sus competencias y obligaciones, lo cual explica por qué la Corte estableció esa orden para el Ministerio.
¿Qué cambiaría del borrador de la resolución?
El documento es esencial para que las mujeres puedan acceder a interrupciones voluntarias del embarazo sin barreras administrativas y respeta los estándares internacionales de derechos humanos frente a este tema. El documento podría ser más claro en la atención para mujeres víctimas del conflicto armado, así como el hecho de que el aborto es uno de los servicios que deben ofrecerse a las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia.
La ONU ya ha dicho que el aborto es un derecho humano y la Corte Constitucional también dijo que es derecho fundamental en las tres causales. ¿Por qué se sigue discutiendo el tema en el país teniendo tan claras esas decisiones vinculantes?
Hay una intención política de mentir acerca de las decisiones del aborto en todo el mundo. Lo hemos visto en Estados Unidos, donde políticos locales han pasado leyes absurdas que incluyen decirles a las pacientes que algunos abortos son reversibles; lo vimos en Argentina después de la derrota en el Senado de la ley de descriminalización del aborto, donde se intentó hacer ver que el aborto estaba completamente prohibido. Es una discusión superada, los políticos colombianos deberían entenderlo de esa forma. Debe resaltarse que, aunque puede haber diferentes opiniones frente al tema, de ninguna forma se puede mentir ni desinformar frente al derecho al aborto, por ejemplo, diciendo que no es un derecho o que no debe ser provisto por los establecimientos de salud.
¿Qué consecuencias jurídicas tendría el Estado colombiano si no reglamenta el aborto como lo ordena la Corte?
Esta regulación es necesaria para que las mujeres no sigan enfrentando fuertes barreras administrativas que les impiden participar en sus derechos, en particular el acceso al aborto seguro. Por lo tanto, si la falta de implementación adecuada de la ley implica daños o perjuicios para las mujeres, jóvenes y niñas que tienen el derecho a acceder al aborto, el Estado puede ser declarado responsable; es decir, podría tener que repararlas por incumplir con sus obligaciones.
Hace un tiempo, se escuchó de una posible iniciativa legislativa de la congresista Angélica Lozano para despenalizar por completo el aborto. ¿Cree que es necesario despenalizarlo del todo?
Existen varias iniciativas legislativas para despenalizar completamente el aborto, tanto de iniciativa legislativa como de iniciativa de las organizaciones sociales. Despenalizar completamente el aborto garantiza que las mujeres no tengan que sufrir el estigma del aborto, ni pasar por barreras administrativas. La realidad es que una de cada cuatro o cinco mujeres en edad reproductiva tendrá un aborto en su vida. Despenalizar el aborto garantiza que todas las mujeres puedan acceder a un servicio legal y seguro que no ponga en riesgo su vida.
Por otra parte, siempre será válido discutir avances legislativos en el tema, pero, en todo caso, ninguna regulación nueva sobre el aborto puede desconocer o retroceder las causales con las condiciones que la Corte Constitucional ya ha fijado estos trece años.
Nueve países en la región restringen hoy el derecho a abortar. ¿Cómo está Colombia comparado con el resto de los países de América Latina?
América Latina y el Caribe tienen una de las leyes más restrictivas de aborto en el mundo. Varios países de la región lo prohíben completamente, entre ellos Nicaragua, República Dominicana y Haití. También están países que tienen causales para salvar la vida, como el caso de Guatemala, que no se usan en la práctica; también, están Estados como Costa Rica que permiten el aborto para salvar la vida y la salud de las mujeres, pero se interpreta de manera restrictiva y no permite que las mujeres cuya salud está en riesgo en efecto accedan al aborto.
Los casos más extremos son Honduras y El Salvador. En el primero están prohibidos la anticoncepción de emergencia y el aborto y en el segundo todos los abortos están prohibidos y se han criminalizado las emergencias obstétricas. En ese contexto, las mujeres colombianas gozan del derecho a interrumpir el embarazo desde hace trece años, pero las barreras sociales y administrativas siguen siendo muy altas, sobre todo si las mujeres viven en la periferia.
¿Cuál considera que es el país con la mejor legislación sobre aborto?
Esa es una pregunta difícil. En la región, Cuba tiene una legislación y una práctica médica muy avanzadas en términos de aborto.
Siempre que se habla de aborto se piensa en mujeres y no en hombres trans, por ejemplo, con cuerpos gestantes. ¿Están estas personas marginadas de las discusiones sobre aborto?
Cada vez más las personas con capacidad gestante han encontrado un espacio más amplio en las discusiones sobre aborto en el mundo entero. En Colombia, las disposiciones sobre aborto incluyen a todas las personas con capacidad gestante.