La otra traba que tendrán los pacientes con leucemia para medicamentos más baratos

El impacto de mantener la patente de Novartis sería de casi $97 mil millones, entre 2016 y 2018.

El pasado 30 de marzo, en el piso 11 del Invima, se reunieron 18 funcionarios de varias entidades para discutir un tema que por estos días se ha robado la atención de los medios y que tiene disgustado a los laboratorios farmacéuticos y a uno que otro funcionario del gobierno suizo: la primera declaratoria de interés público que tendría Colombia y que permitiría que el imatinib, un revolucionario medicamento para tratar la leucemia mieloide crónica (LMC) y otros siete tipos de cáncer, se consiguiera a un precio más bajo que el actual. Por él los colombianos pagaron cerca de $400 mil millones entre 2008 y 2014.
 (Lea La histórica pelea que están a punto de ganar los pacientes con leucemia)

En esa reunión, que tenía carácter extraordinario, estuvieron representantes del Minsalud, de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Cancillería, del Mintic, del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Departamento Nacional de Planeación. Bajo el nombre técnico de “Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual” se habían encontrado para mirar en detalle ese caso, que acaba de recibir el espaldarazo del ministro Alejandro Gaviria. Es posible que en menos de un mes firme una histórica resolución para que la multinacional suiza Novartis deje de tener la exclusividad de comercializar ese fármaco.(Vea Las presiones suizas para frenar la regulación del imatinib)

El encuentro de esos funcionarios lo había solicitado Gustavo Morales Cobo, ex superintendente de Salud y hoy presidente de Afidro, la asociación que aglomera a la industria farmacéutica internacional. Y no tendría nada de particular si no hubiese dejado en evidencia una de las posibles trabas que puede tener este proceso. En el acta de la reunión quedó claro que José Luis Londoño Fernández, delegado para la propiedad industrial de la Superindustria, no está de acuerdo con la decisión de Gaviria. Sus razones las expuso, una a una, en un documento de ocho páginas. “La licencia obligatoria sería concedida no en beneficio de los particulares, sino que sus efectos impactarían de manera benéfica y directa los intereses estatales”, se lee en un aparte.  (Lea la historia del medicamento de los $400 mil millones)

Su postura les preocupa a las organizaciones que en 2014 le solicitaron al Minsalud declarar el imatinib como de interés público: la Fundación Ifarma, Misión Salud y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional (Cimun). Les inquieta porque es justamente la Superindustria la que tendrá la última palabra en todo este proceso. Y la posición de Londoño, aunque no sea él quien tome la decisión final, podría dar pistas de que lo que piensa esa entidad va en contravía de lo que quiere Gaviria.

En otras palabras, una vez el Minsalud haga la declaratoria de interés público, sigue el paso esencial: la Superindustria es la que decidirá si el imatinib es sometido o no a una licencia obligatoria. Es decir, este organismo permitirá que entren (o no) los medicamentos genéricos al mercado. De autorizarlo se beneficiarían los casi tres mil pacientes de leucemia mieloide crónica que hay en el país. Además, la medida aliviaría un poco las finanzas del sector salud.

Pero suponiendo que la Superindustria omita los argumentos de Londoño, lo más probable es que pasen varios meses antes de que la licencia obligatoria tenga el visto bueno. ¿La razón? Hay factores que debe evaluar con detalle como la capacidad de producción de genéricos de los laboratorios colombianos.

También tendrá que definir las regalías que tendrán que pagarle esas farmacéuticas nacionales a Novartis por comercializar su medicamento. Y aunque requerirá tiempo para definir las condiciones, algunos actores cercanos al proceso temen que se dilate la decisión más de lo necesario. (Este diario consultó a la Superintendencia, pero aseguraron que no se pronunciarán hasta no conocer la resolución del Ministerio, que puede ser publicada en dos o tres semanas).

Para evitar esos engorrosos trámites ya el Minsalud había tratado de negociar con Novartis un nuevo precio para el imatinib (vendido bajo el nombre de Glivec), pero el laboratorio rechazó su propuesta. La idea era que redujeran de $324 a $140 cada miligramo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el precio de la multinacional y el que ofrecía la industria nacional antes de que la compañía suiza se quedara con la patente era de 198%. En promedio, los colombianos vendían el miligramo a $78,5.

“Me parece admirable que Novartis no haya cedido a esa negociación. Negociar precios bajo la amenaza de una licencia obligatoria que carece de fundamento, es injustificado”, dice Gustavo Morales, de Afidro. Por el contrario, a la Federación Médica, a Misión Salud, a Ifarma, al Cimun y a la Conferencia Episcopal colombiana, les parece una postura reprochable.

Tampoco les suena el precio que ofreció el Ministerio porque sigue estando muy por encima del valor de un genérico.
Todos esos números, teniendo en cuenta que se pueden vender aproximadamente unos 230 millones de miligramos cada año, indican que al ser Novartis el único productor, el mercado sobrepasaría los $74 mil millones anuales. Eso, asumiendo que los intermediaros que hacen parte de la cadena de ventas de medicamentos no adicionen unos pesos de más. En otros términos: según cálculos del mismo Minsalud, el impacto de mantener la patente de Novartis sería de casi $97 mil millones sólo entre 2016 y 2018.

Sin embargo, a Morales, que estuvo a cargo de Superintendencia de Salud desde 2012 hasta 2014, mientras Gaviria era ministro, esas cifras no lo convencen. “Como asociación –asegura- no tenemos nada que hacer, sino lamentar esa decisión. Ojalá no quede en firme. Eso afectaría la confianza de nuestra industria en el régimen de propiedad intelectual colombiano. El imatinib está en el POS y no hay problemas de acceso”. Y más tarde, en un comunicado, reiteró la posición de las farmacéuticas: “Esta es una discusión propiciada por un subsector económico que quiere entrar a un mercado anticipadamente, sin respetar las inversiones en investigación e innovación hechas por el titular de la patente. Esperamos que el Gobierno reconsidere sus anuncios y evalúe las implicaciones”.