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Desde este jueves, la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó (Chocó), estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. Su intervención, que durará un año, se debe a más de 60 hallazgos que evidenciaron la “situación insostenible” en la que se encontraba esta institución creada hace cuatro años. En medio de la pandemia por COVID-19, este es el centro de referencia público del departamento. (Lea: Medimás demandó a la EPS Sanitas porque dice que quiere “captar” a sus afiliados)
Detrás de esta decisión, en la que la autoridad toma posesión de los bienes, haberes y negocios del hospital, hay un sinfín de fallas. "Estaban 877 consultas represadas, 40 procedimientos quirúrgicos pendientes, deudas con el personal médico especialista por más de 4 meses, desabastecimiento de insumos y medicamentos, y una deficiente planeación presupuestal que hacían imposible su sostenimiento financiero", evidenció la Supersalud después de hacer 2 auditorías a través de un comunicado.
De ahí que la Superintendencia, también, haya designado a Camilo Eduardo Ramírez como nuevo agente en ereemplazo del actual representante legal del Hospital San Francisco de Asís. La urgencia sobre este centro es que, en medio de la pandemia por el virus SARS-COV-2, este centro público debería prestar el servicio a los pacientes contagiados pero “no garantiza el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones de los equipos biomédicos, y presenta fallas de calidad en la prestación de los servicios de laboratorio clínico, transfusión sanguínea y servicio farmacéutico”, consideró la autoridad agregando otras faltas importantes.
De ahí que la Superintendencia, también, haya designado a Camilo Eduardo Ramírez como nuevo agente en ereemplazo del actual representante legal del Hospital San Francisco de Asís. La urgencia sobre este centro es que, en medio de la pandemia por el virus SARS-COV-2, este centro público debería prestar el servicio a los pacientes contagiados pero "no garantiza el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones de los equipos biomédicos, y presenta fallas de calidad en la prestación de los servicios de laboratorio clínico, transfusión sanguínea y servicio farmacéutico", consideró la autoridad.
Uno de ellos es la deuda en la que está con su personal de planta. De acuerdo con la Supersalud, hasta marzo la institución le debía 5 meses de salario a sus trabajadores, 4 meses y medio a los especialistas y 7 meses a los contratistas. Además no se pagaba a tiempo la seguridad social y el desabastecimiento de insumos y medicamentos, a veces abiertos y sin fecha, ponía en riesgo a sus pacientes.
Asimismo, la Superintendencia encontró que este centro público no es sostenible financieramente. Esto se debe a una planeación deficiente del presupuesto, desorden en el registro e incumplimiento en los cierres contables. “La Supersalud encontró que de un año a otro los pasivos se incrementaron en 123%, al pasar de $7.544 millones en 2018 a $16.808 millones en 2019, lo que agravó su situación financiera”, explicó la autoridad tras intervenir al hospital.