Supersalud ratifica sanción contra Medimás

El superintendente Nacional de Salud, Luis Fernando Cruz Araújo, confirmó en segunda instancia la sanción de 1.500 salarios mínimos impuesta a la EPS en noviembre de 2017. La entidad ya no tiene recurso adicional para controvertir esa decisión. 

Archivo El Espectador

Luis Fernando Cruz Araújo, superintendente Nacional de Salud, confirmó en segunda instancia la sanción de 1.500 salarios mínimos impuesta a la EPS en noviembre de 2017. La entidad ya no tiene recurso adicional para controvertir esa decisión. (Lea: Supersalud vuelve a multar a Medimás)

La sanción fue puesta tras hallar fallas en la prestación de los servicios de 3.238 pacientes, a quienes se les vulneró el derecho fundamental a la salud. Según el ente de control, "lo grave de esas fallas es que de los 3.238 casos, relacionados en la medida cautelar ordenada por la entidad en su momento, 569 eran pacientes diagnosticados con cáncer, 895 adultos mayores, 578 estaban en condición de vulnerabilidad, 193 tenían tutelas a favor, 219 tenían enfermedades huérfanas, 67 sufrían enfermedad renal crónica y 38 VIH". 

Supersalud ratificó la decisión confirmando la multa al verificar que los pacientes fueron víctimas de negligencia por parte de la entidad. “Estos usuarios fueron víctimas de barreras administrativas y dilaciones para acceder a los servicios de salud requeridos, por demoras en las autorizaciones para exámenes, citas médicas y entrega de medicamentos”, mencionó SuperSalud.

El superintendente Nacional de Salud aseguró que “identificamos fallas en más de 3 mil casos que no fueron atendidos de manera oportuna, luego de culminar con todas las etapas del proceso ratificamos la decisión y seguiremos vigilantes del proceso de operación de esta EPS, no permitiremos en ninguna circunstancia una vulneración a los derechos de los usuarios”.

La EPS también tiene otra sanción interpuesta por la Superintendencia Nacional de Salud de 2.300 salarios mínimos por presentar irregularidades. "Por la comisión de infracciones administrativas, como la no conformación, garantía, organización y evaluación de la red de servicios de salud", explicó Fernando Carrillo, procurador General de la Nación.

 

 

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