Magistrado Luis Hernández: “Nunca sentimos angustia de cumplir con nuestro deber”

Habla el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema y uno de los miembros de la subsala que investigó al senador Álvaro Uribe porque este, supuestamente, incidió en exparamilitares presos para que declararan falsamente a su favor. El togado asegura que se lesionó la dignidad de la corporación en desarrollo de la estrategia mediática que se desplegó para defender al investigado. Critica el papel de la prensa en este caso y reafirma el derecho de expresión que tiene la rama judicial cuando la independencia de los jueces esté en riesgo.

“No nos está vedado a los jueces expresarnos en los medios”, opina el magistrado Hernández. / Mauricio Alvarado - El Espectador

Esta semana, la Procuraduría llegó a la misma conclusión que la Sala Penal que usted preside en la Corte Suprema: absolvió —en ese caso, disciplinariamente— al senador Iván Cepeda del cargo de presunta manipulación de testigos del que lo acusó el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué opina de esta coincidencia judicial?

Efectivamente, la Procuraduría absolvió de responsabilidad disciplinaria al congresista Cepeda por los mismos hechos por los que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presidida por el magistrado José Luis Barceló, decidió, el 16 de febrero de este año, inhibirse de iniciarle proceso penal y archivar la actuación en su contra que, como se sabe, se originó en una denuncia del expresidente Uribe. El procurador Carrillo expresó las razones de su fallo, similares a las de la Corte.

Pero, ¿la similitud con el fallo de la Procuraduría les resulta tranquilizadora a usted, al magistrado ponente Barceló y al tercer togado con quien componen la sala que analizó el expediente contra el senador Uribe (derivado del proceso Cepeda)?

Sí, desde luego. Se trata de una coincidencia satisfactoria en cuanto dos instituciones del Estado resuelven en el mismo sentido un hecho similar sometido a su consideración.

Antes de continuar, quisiera preguntarle si ustedes, los tres magistrados, se sintieron aliviados de “salir” del complicado proceso contra el expresidente cuando lo trasladaron a la nueva sala de instrucción de la Sala Penal.

No nos sentíamos angustiados con el caso, si es lo que quiere decir. Y no “salimos” de él por gusto. Simplemente cesó nuestra actividad en razón al Acto Legislativo 1, de 2018. Le corresponderá asumirlo a la Sala Especial de Instrucción. Confío en que a los nuevos magistrados de esa sala se les permita tener un mejor ambiente para desempeñar su labor.

¿Mejor que el de ustedes? Lo cierto es que la presión pública fue tan fuerte que no puedo creer —y me disculpa— que no descansaran. ¿No fue así?

Respeto lo que crea pero, repito, no sentimos, nunca, angustia de cumplir con nuestro deber.

Pues vea usted: yo le atribuí a los ataques que soportaron la sorprendente afirmación del magistrado Barceló sobre una conversación que tuvo con uribistas, quienes le preguntaron, según él contó, si era cierto que había orden de captura contra el expresidente. El magistrado narró que les aseguró que no era cierto y que les garantizaba que eso no ocurriría. ¿Cómo puede un juez garantizar eso? Parecería no que ustedes perseguían al expresidente, como lo aseguraban sus seguidores, sino que lo favorecieron.

No quisiera referirme a ese tema porque entiendo que un periodista, a través de un derecho de petición, le solicitó al magistrado Barceló una explicación al respecto. Y él va a darla. Hasta donde sé, lo que dijo en la entrevista con Caracol Televisión, a la cual usted se refiere, fue mal interpretado.

Volvamos al “acompañamiento” de la Procuraduría: debe darle a la sala un aire, puesto que su imparcialidad fue puesta en duda ¿Cree que al procurador le pasará lo mismo?

Digamos que “aire” nunca nos ha faltado. Los jueces estamos acostumbrados a la impopularidad y si el ánimo sereno que debe acompañar el cumplimiento de nuestras obligaciones no resiste la hostilidad o la agresión, pues simplemente habría que pensar en dedicarse a otro oficio. El señor procurador no es nuevo en el servicio público y ha experimentado muchos desafíos en su vida profesional. No creo, entonces, que le preocupen esos ataques. Pero tampoco creo que estos vayan a tener el volumen y la persistencia de los que ha sido objeto la Corte como institución y también la dignidad de algunos de sus magistrados.

¿Se refiere a la dignidad de ustedes, los que investigaron la conducta del expresidente? ¿Siente que se lesionó su honra?

Claramente, sí. Sobre todo, debido a los ataques aleves y sustentados en hechos falsos a los que se sometió al magistrado Barceló, quien era la cabeza de esa investigación.

Justamente quería preguntarle si la sala estaba preparada para enfrentar a un investigado que, como estrategia, ataca en lugar de defenderse, mientras que ustedes, que eran sus jueces, tuvieron que terminar defendiéndose.

Estamos preparados para manejar casos de alto impacto. Ninguno de los tres es nuevo en el quehacer judicial y hemos atendido asuntos delicados, por lo menos, en los últimos 30 años, arriesgando, a veces, más que la sola dignidad. Pero usted entenderá que nuestras funciones son regladas y que, en esa medida, nuestra única “estrategia” es la aplicación de la ley. No nos dolemos de eso, desde luego. Si en un caso similar al que me pregunta, la estrategia defensiva es la del desprestigio mediático de los jueces o convertir, con habilidad, un proceso judicial en persecución política, claramente no nos podemos enfrentar a ello utilizando las mismas armas.

¿A cuáles armas se refiere?

Imagínese una Corte con portales de internet e internautas, auspiciados o espontáneos, creando noticias falsas en contra del procesado para legitimar las decisiones que tome. Su interrogante me suscita un par de preguntas respetuosas: ¿está preparada la prensa para informar, objetivamente, sobre casos judiciales como el del expresidente? ¿La prensa tiene el suficiente teflón e independencia para impedir convertirse en instrumento de estrategias defensivas en casos criminales?

En todo caso, ustedes sintieron la necesidad de manifestarse en público. Supongo que por eso dieron un par de entrevistas. Según su percepción, ¿sus declaraciones se convirtieron en un bumerán o fueron oportunas?

Creo que fue una buena oportunidad para reflexionar sobre hasta dónde debe permanecer silencioso el poder Judicial ante eventuales ataques de que pueda ser objeto, especialmente cuando los ataques sean contra su independencia.

¿Duda de la capacidad de la prensa de informar con objetividad o cree que tomó partido y se dejó manipular?

Lo que digo es que la prensa debe reflexionar acerca de su deber de objetividad cuando informa sobre casos criminales de trascendencia nacional en los que, fácilmente —y tal vez por el deseo de tener una “chiva”—, puede convertirse en instrumento de las estrategias a las que acuden algunos abogados penalistas.

Imagino a quiénes se refiere… En contraste con la timidez de ustedes en las declaraciones a la prensa, el ataque uribista ha sido tan eficiente que tuvo eco hasta en la oficina del relator judicial de Naciones Unidas, por la supuesta violación de los derechos del expresidente. Cuando el relator les envió interrogantes sobre el caso, eso fue interpretado como un triunfo del investigado. ¿Cómo lo tomó su sala?

Me complace mucho que perciba que hemos sido tímidos. Significa que usted respalda la idea de que no nos está vedado a los jueces expresarnos en los medios. Varios periodistas, molestos, han señalado que no debemos hablar sino a través de las decisiones. También lo dijo, en Cali, el presidente Duque. Comparto la idea de que no tenemos que discutir, en público, los casos sometidos a nuestro examen. Pero reitero que es una obligación ética de los jueces salir a defender la independencia judicial cuando esta sea agredida. Expresarse no es un derecho reservado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el Estado. En cuanto a la demanda ante la ONU planteada por la defensa del expresidente, así coincida en sus argumentos con la solicitud de nulidad presentada en el proceso en que se ordenó su indagatoria, no constituye un ataque a la Corte. Es una vía institucional a la cual tiene derecho el doctor Uribe. Las respuestas al relator, ya fueron enviadas (ver parte sup. de la pág. y doc. completo en la web).

Ver respuesta

 

¿De nuevo considera que los medios no interpretaron la carta del relator García-Sayán, puesto que hablaron de “regaño” a la corte?

El señor comisionado nunca se expresó en tono de regaño. Algunos medios no leyeron o no entendieron su carta y terminaron titulando como, quizá, le interesaba a quien entregó ese documento.

De lo que se ha dicho alrededor del proceso Uribe, todo es prescindible porque, al final, los casos se resuelven en los estrados y no en las noticias, salvo una situación que no ha sido aclarada con precisión: ¿por qué la línea telefónica del senador Uribe fue interceptada en un proceso diferente a los de él?

El problema relacionado con esa interceptación debe ser planteado y resuelto en la Sala Especial de Instrucción recién conformada. Pero le contesto: el número telefónico del expresidente Uribe estaba escrito en nueve citaciones al congresista Nilton Córdoba, dentro de dos expedientes que se le siguen a este último. En un tercer proceso contra Córdoba (iniciado con fundamento en la declaración del exfiscal anticorrupción, hoy extraditado, Luis Gustavo Moreno), se ordenó, de manera formal, interceptar ese número telefónico en la creencia de que pertenecía a Córdoba. Pero resultó ser del expresidente sin que nadie se lo imaginara. Una vez enterado, el magistrado ponente dispuso finalizar la intervención considerándose como pruebas válidas —por hallazgo inevitable— algunas conversaciones del doctor Uribe que se trasladaron al proceso en su contra, por estimarse pertinentes y útiles. Su contenido, como corresponde, ha permanecido bajo reserva.

Bien. Pero el abogado Granados, apoderado del jefe del Centro Democrático, dio a la publicidad una comunicación en que consta que la Corte había sido advertida sobre cuál era el número telefónico del senador, meses antes del incidente que usted relata.

El hecho de que en un proceso distinto al que se seguía contra el congresista Córdoba aparezca una comunicación en que se especifica el número telefónico del expresidente, no significa que el magistrado ponente que ordenó la interceptación en el primer caso tuviera que saber de memoria ese número como para advertir que era de una persona y no de otra. En todo caso, si hubiéramos querido interceptar al expresidente Álvaro Uribe lo habríamos hecho directamente, porque tenemos facultades para ello, en los casos seguidos en su contra.

¿Cuál será el procedimiento a partir de ahora, entregado ya todo el expediente Uribe a la nueva sala de instrucción y cuánto tiempo tomará saber si ratifican el llamado a indagatoria o no?

Lo sortearán entre ellos y a quien le corresponda, tras el examen a fondo de la actuación, deberá proyectar una providencia respondiendo las solicitudes del defensor que están pendientes de resolver e, igualmente, el pedido de admisión como parte civil que, me parece, presentó el congresista Iván Cepeda. Asumo que los nuevos magistrados tienen clara la relevancia del asunto y que, en esa medida, decidirán en el menor tiempo posible.

Pues da la impresión de que ese proceso se va enredando y que con la influencia del investigado en las otras dos ramas del Estado (Ejecutivo y Legislativo) no llegará a nada...

La Corte tiene un deber con el país que debe cumplir y es el de decidir, en el sentido que corresponda, los casos que se adelantan contra el expresidente Uribe. Además, él tiene derecho, como toda persona implicada en un asunto penal, a que así sea.

Recientes incidentes, en particular una especie de allanamiento a las instalaciones de la JEP por parte de un fiscal, molestó a quienes hacen parte de esa jurisdicción. ¿Qué opina de esta situación? ¿Apoya la autonomía de los magistrados de la JEP?

Empiezo por el final. La Sala de Casación Penal, en una carta dirigida al presidente Santos el 24 de octubre de 2016, le comunicó su respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz y afirmó que no se oponía a que ese tribunal fuera órgano de cierre de los asuntos de su competencia. Entonces, es obvio nuestro apoyo a la autonomía e independencia de la JEP. Hace parte de la institucionalidad, tiene asignadas unas tareas trascendentales y pienso que debemos rodearla para que cumpla con los altos fines que determinaron su creación. Los desencuentros entre esa jurisdicción y el fiscal parecen estar siendo superados. Es una buena noticia para el país.

Si el fiscal aprovecha las reuniones —como parece que lo hará— para impulsar cambios de fondo a la estructura de la JEP, ¿cuál sería la posición institucional de la Corte Suprema?

Es una pregunta vinculada a un acto futuro que me queda difícil responder. Si se consensuaran ajustes de la JEP que la hicieran mejor y que fueran aceptadas por las partes del Acuerdo de Paz, sería un escenario que nadie rechazaría. En un evento distinto, habría que analizar las circunstancias de cara a los cambios que se planteen.

Se tramita, por enésima vez, una reforma a la justicia. Entre los cambios propuestos, ¿cuáles considera útiles y cuáles definitivamente no apoyaría?

Que por enésima vez, dice usted, se tramite una reforma a la justicia, y que por enésima vez, digo yo, se perciba que es una propuesta que no pretende facilitarle a la gente la solución de sus conflictos proyectando un poder Judicial más vigoroso y con autoridad en todos los rincones del país, quizá sea lo que explique que la reforma se vea como un intento de cambio constitucional innecesario y perturbador debido, entre otras razones, a su notable improvisación.

¿Dice usted cambio innecesario y perturbador?

Sí. Innecesario si lo que se busca es robustecer la justicia, aunque entendible si el propósito (real) es despojar a la rama Judicial del poder que le asignó el constituyente de 1991, en beneficio del poder político pero en detrimento del equilibrio necesario en el Estado para el mantenimiento de la democracia. Entendible, igualmente, si lo que se persigue, tras un eventual hundimiento de la reforma, es afianzar la idea de que las cortes impiden mejorar la justicia. Y servirse de ello como pretexto para convocar, por ejemplo, una peligrosa asamblea constituyente.

Luego, ¿ustedes en la corte —o en todas las cortes— consideran que esta reforma perjudicaría a la rama Judicial dejándola sometida a las rama Ejecutiva y Legislativa?

Aclaro que mi respuesta anterior corresponde a mi punto de vista. Los presidentes de las altas cortes se han reunido, los últimos meses, con el Gobierno para discutir una reforma. Y ellos son los voceros autorizados de la institucionalidad de la rama.

¿Cree que se intentara convocar una asamblea constituyente?

Confío en que eso no suceda, simplemente, porque como se ha dicho siempre sabemos cómo empieza una constituyente pero no como termina.

Respuesta de la Corte Suprema al Relator de la ONU, Diego García-Sayán

La sala de Instrucción de la Corte Suprema encargada de investigar al expresidente Uribe por el presunto delito de fabricar falsos testimonios a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, acaba de contestarle al relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García –Sayán, una serie de preguntas que este le formuló sobre ese expediente,  a raíz de quejas que recibió de los apoderados del investigado. El Espectador obtuvo – en primicia – la respuesta de la corte colombiana. En una comunicación de 34 páginas, la corporación explica la normatividad nacional que ha regido para procesar a los aforados y el cambio en que se encuentra, con la creación de salas de primera instancia. También se detalla el caso penal. En uno de sus apartes, la corte afirma que  “las alegaciones presentadas por la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez son incompletas en cuanto tiene que ver con el origen del Acto Legislativo 01 de 2018 y el de las investigaciones en las que identifican la presunta vulneración a sus garantías judiciales”. Y explica cómo se hallaron indicios de la supuesta responsabilidad penal del procesado cuando “se evidenciaron serias inconsistencias” en unas declaraciones, y los “hallazgos… de una posible intervención del señor Uribe Vélez frente a los testigos…”.

“El caso del expresidente Uribe, es inédito”

En Brasil juzgan y encarcelan a presidentes tan populares como Lula. En Perú, en Chile y en Argentina los procesan y a quienes han resultado culpables, les imponen pena y la pagan ¿Por qué no hay ejemplos de casos similares en Colombia?

Digamos que en ninguno de esos países, y creo que tampoco en otros, han sido condenados por la justicia la cantidad de congresistas que la Sala de Casación Penal ha condenado aquí. Pasan de 10, si no estoy mal, los declarados responsables en el llamado proceso 8000, y de 60 los de la parapolítica. . Usted sabe cuáles ministros de Estado también han sido condenados. Los presidentes de la República, mientras están en el cargo, son investigados por la Comisión de Acusaciones y conservan esa prerrogativa cuando finalizan su período, respecto de conductas asociadas a sus funciones. El caso del ex presidente Uribe, es inédito. No se me viene otro a la memoria: los hechos por los cuales es investigado por la Corte sucedieron, unos, cuando era gobernador de Antioquia, y, los más recientes, aquellos que originaron su llamado a indagatoria. Si no fuera senador de la República, esos casos estarían a cargo de la Fiscalía.